Si algo quedó en el aire tras el affaire Tocarruncho-Von Schwarzenberg es que en Colombia hay una economía política de la información a la que no todos los ciudadanos tenemos acceso.

Y como toda cadena de producción, distribución, oferta y consumo, la de los datos asociados al conflicto está plagada de trampas éticas.

El grueso de las críticas a Natalia Springer se ha concentrado en las competencias de la politóloga para realizar adecuadamente el trabajo ofrecido. En eso y el alto costo de sus servicios. Además de lo exótico que resulta que se diga que nadie más está en condiciones de analizar los datos disponibles. Ni en la Fiscalía ni en ninguna otra parte, incluidas las universidades y sus centros de investigación. No hay acelerador de partículas que dé la talla. Esta es una tarea tan secreta como la del grupo que impulsó en territorio colombiano Alberto Lleras del 59 al 60 con la ayuda de los militares estadounidenses entrenados en prácticas anticomunistas. Una misión.

Todo lo cual es realmente secundario frente al tema más banal del origen y la utilización de los datos. Su naturaleza, que debiera ser pública, ahora se cotiza al alza como cualquier gramo de oro u onza de coca. La analista ha dicho que no es posible revelar el secreto de su frutiño por razones de “seguridad nacional”. Esto es: una tocarrunchada. Una excusa silvestre que no debiera desviar la atención frente a los dilemas de la confección, el trasteo, el manoseo y la subasta de las cifras que miden hechos de violencia.

¿Cuánto cuesta, entonces, una tabla de Excel con los datos sobre los desplazados que no están en lugares transparentes como el Centro de Memoria Histórica?

¿Cualquiera la puede comprar? ¿A partir de qué precio la información es secreta? ¿Si el interesado quiere la de los desaparecidos le enciman la de las masacres de los paramilitares? ¿Hay combos para consultores? ¿Tres por dos?