Jueves 19 de Octubre del 2017

¿A quién creerle?

A pocos días de posesionado el gobierno actual estalló un carro-bomba frente al edificio de Caracol Radio en Bogotá. El presidente Santos escabulló el cuerpo para señalar posibles responsables, permitiendo que la versión propalada desde la misma cadena radial -que era dizque un atentado de la extrema derecha para sabotear la política de Santos de dialogar con la guerrilla y acercarse a Chávez- hiciera carrera. Ese fue el primer episodio de un largo rosario de mentiras y verdades a medias encaminadas a exculpar a las Farc de sus crímenes y tropelías. No tardó en descubrirse que el bombazo había sido ordenado por alias “Mono Jojoy”.

 

Fue Santos, sin ningún asidero en hechos o pruebas, quien adjudicó a una fantasmagórica “mano negra” atentados como el protagonizado contra un monumento a Laureano Gómez, perpetrado a mediados de 2011, o las amenazas contra familiares de su hijo, el inmolado jefe conservador Álvaro Gómez Hurtado. Dijo Santos entonces: “La extrema derecha posiblemente fue la responsable de ese petardo en  Bogotá el día de anteayer, que nos conmovió mucho por el simbolismo.  Las autoridades prácticamente tienen descartado que haya sido la extrema  izquierda, ni fueron las Farc. Eso fue más bien una extrema derecha que  no quiere que sigamos progresando”. Luego de más de dos años de esta infame prédica santista para exculpar a las Farc y desviar la atención hacia otros posibles autores, el país ignora cuál es la “mano negra” o los grupos de  “extrema derecha” que supuestamente atentan violentamente contra el anhelo de progreso de los colombianos. No hay ni siquiera indicios, ni un solo proceso judicial en esa dirección, por una razón elemental: es una fábula infame del gobierno, con propósitos políticos perversos.

 

Pero a Santos todo se le permite. Como los grandes medios le perdonaron otra infamia, cuando pretendió desviar la investigación sobre la autoría del atentado contra el ex ministro Fernando Londoño. Santos habló ese día de “terroristas” en abstracto, como eventuales autores, indicando que no cejaría en su empeño de hacer aprobar el Marco Jurídico para la Paz que esa noche tendría una votación clave en el Congreso. Dado que Londoño era uno de los críticos más radicales del proyecto de acto legislativo, la deducción torcida era que la bomba lapa estaba destinada no a matar a Londoño sino a hundir el proyecto de reforma. Desde la alta cúpula gubernamental se desautorizaron versiones de oficiales de la policía que endilgaban a las Farc el atentado. Y en los días siguientes arreció la campaña para presentar el atentado casi como un intento de suicidio del ex ministro para torpedear al gobierno. El gobierno chavista se sumó a la cadena de calumnias sin decoro, como es usual. Los hechos desmintieron al alto gobierno, al descubrirse que las Farc financiaron y ordenaron el operativo criminal, pero éste nunca se ha retractado.

 

Con motivo de la oposición razonada del ex presidente Uribe y distintos dirigentes políticos e intelectuales a la versión final de la ley de víctimas y restitución de tierras (que se había discutido desde el gobierno anterior), Santos arremetió de nuevo. Por aquel entonces expresó: “Y la extrema derecha, que no quiere que los campesinos vuelvan al campo, entonces asesinan a los líderes campesinos que están queriendo recuperar su tierra; que no quieren que se reparen las víctimas, solamente los victimarios, es una extrema derecha que también hace un tremendo daño a la sociedad. Una extrema derecha vinculada al narcotráfico, porque aquí ha sembrado también, como la extrema izquierda, mucho miedo y mucho terror”. Al unísono con León Valencia y Cia., que ahora trabajaban con el gobierno, emprendió una intensa campaña para hacer creer al país que había una oposición de “extrema derecha” al gobierno, agresiva y violenta, que, “blanco es gallina lo pone”, tenía a Uribe como mentor.

 

Ya son incontables los acontecimientos protagonizados por las Farc que este gobierno ha querido minimizar o esconder. A la vez que se empeña en responsabilizar de no pocos de esos desafueros a la supuesta “mano negra”.

 

El último de los episodios fue el comentario de Santos a las declaraciones de los jefes de las Farc que desde La Habana negaron tener secuestrados en sus manos o haber realizado alguna “retención” -como malévolamente los llaman- desde febrero pasado. El país indignado reaccionó. Clara Rojas en primera fila se pronunció contra el despropósito. Pero al señor Santos solo se le ocurrió decir que a las Farc “hay que creerles”.

 

De allí proviene el título de la columna que José Obdulio Gaviria publicó en El Tiempo el pasado 19 de septiembre, que tanto revuelo ocasionó, y que terminó por costarle el espacio que detentaba en ese diario. En el contexto nacional, del que apenas hemos esbozado un retazo, ante lo que se trama en el malhadado proceso de “paz” emprendido, esa columna fue una respuesta contundente al engaño. JOG quiso decir, y dijo: señor Santos, las Farc sí están secuestrando. Para la muestra este botón, que no es ficción. A las Farc, señor presidente, no hay que creerles; y a usted, por supuesto, tampoco.

 

Pero ahora resulta que al que no se le puede creer es a JOG. Cuando, valido de fuentes que estima confiables, había hecho denuncias que fueron enteramente corroboradas por los hechos. Mucho antes de que se divulgaran las negociaciones en La Habana gobierno-Farc, por ejemplo, se atrevió a revelar el 4 de abril –también en columna de El Tiempo- que el narcoterrorista de las Farc Mauricio Jaramillo (alias “El Médico”) andaba en la capital cubana en reuniones con delegados del gobierno. Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa, ha aportado información comprometedora del traslado de semejante personaje en avión oficial, cuando todavía pesaban sobre él órdenes de captura. Todos vimos al nefasto personaje aparecer en rueda de prensa en La Habana unas semanas después. ¿Creíble o no la denuncia?

 

Volviendo al famoso caso de la columna de JOG de la semana pasada, la atención se ha centrado en una carta del señor Sergio Jaramillo negando su intercesión para la liberación del secuestrado, lo mismo que en la declaración del suegro de la víctima negando la versión del columnista. Entendibles ambas. Impensable que Jaramillo y el gobierno reconozcan haber jugado semejante papel; y que la familia, que ha querido mantener en reserva lo sucedido, y sufrió semejante experiencia dolorosa, acepte la versión publicada. Sin embargo no dejan de asaltarnos poderosas dudas.

 

Por lo reservado del caso del secuestro, que se ha querido mantener en absoluto secreto, la información disponible es escasa. Ahora –pero solo ahora- se asevera por algunos medios, con apoyo en información oficial, que no fueron las Farc sino delincuentes comunes los autores. Sin embargo tenemos inquietudes recias. Empecemos por indicar que no era la primera vez que JOG hablaba del hecho. El 14 de agosto en otra columna de El Tiempo dedicada a desnudar la defensa impúdica que la guerrilla hace del secuestro como herramienta de lucha, JOG ya había develado el plagio del mismo empresario, en cercanías de Bogotá, en zona limítrofe entre Cundinamarca y Tolima. Señaló entonces que sus informaciones lo llevaban a concluir que la autoría correspondía a las Farc. Nadie lo desmintió ni acusó de mentiroso por semejante aseveración. Solo ahora se viene a recabar en ello. Es más, en su última columna reafirma que el secuestro, según la inteligencia militar, fue cometido por las Farc. Y aunque algunas informaciones de prensa apoyadas en fuentes oficiales insisten que fueron delincuentes comunes (en el caso de Londoño era delincuencia común, pero contratada por las Farc), otras indican que en principio la hipótesis de la autoría de las Farc sí existió en los medios policiales y militares.

 

¿A quién creerle? El secuestro existió y el mismo JOG lo había denunciado en su momento sin ser desmentido. Y la autoría real, o una hipótesis contemplada por la inteligencia militar, apuntan a las Farc. ¿Qué de extraño tiene suponer, sobre esas bases, que se hablara del tema entre los delegados del gobierno y las Farc en La Habana, cuando simultáneamente “exploraban” un proceso de “paz”? ¿Después de tantos ocultamientos y tergiversaciones del gobierno para lavar la cara de los narcoterroristas, de declarar que “hay que creerles” cuando a todas luces mienten, por qué tenemos que concluir que lo denunciado por JOG es un embuste? Por respeto a la opinión de la familia de la víctima, en entrevista radial, JOG llegó a aceptar que era posible que su presunción, basada en una fuente confiable, estuviera errada. Y que, en consecuencia, de probarse ello, se retractaría. Nada ha sido probado, sin embargo. Y vistas las cosas en su conjunto, la duda persiste.

 

Pero la suerte de JOG como columnista de El Tiempo estaba echada y anunciada. En palabras de Darío Acevedo, escritas apenas tres días, había que “darle de baja”. Aquí se puede tolerar que el presidente invente fantasías perversas como las que hemos referido, que  caricaturistas denigren de la honra de quien no les agrade y pongan en su boca los peores dicterios, que este humorista o aquel comentarista radial apele a poner en boca de otros cualquier despropósito, que al presidente Uribe se le sindique de paramilitar y cuanta calumnia se les ocurra a sus detractores, todo eso es permitido. Pero hoy día a quien denuncie las tramoyas urdidas en los entretelones con los narcoterroristas –arropadas bajo el paraguas laudable de la paz- no solo no hay que creerle, a juicio del gobierno y sus corifeos, sino que hay que “darle de baja”.

 

* Director Blog Debate Nacional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC)

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