No se logró ni un diálogo nacional ni un consenso general de la sociedad colombiana. Hoy Gobierno y Farc firman su acuerdo, pero el alcance de la paz sigue viéndose lejano.

Hoy habrá nueva firma, en el Teatro Colón de Bogotá, del acuerdo entre el Gobierno y las Farc para “la terminación del conflicto” y la “construcción de una paz estable y duradera”. El país conoce bien, se supone, el itinerario seguido hasta hoy y las circunstancias que llevaron a este nuevo acto de firma del que también se ha presentado como “acuerdo definitivo e inmodificable”. Inmodificable salvo “micos” aparecidos sin explicación alguna.

Luego del rechazo popular en las urnas, en el plebiscito del 2 de octubre, se buscó un diálogo nacional al cual acudieron desde opositores reconocidos a los acuerdos y legitimados en las urnas, hasta paracaidistas de última hora que nunca se supo a quién representaban. Las propuestas que, recogidas en documentos, se plantearon en La Habana, fueron parcialmente añadidas a los acuerdos previos que, pese al resultado de las urnas, siguieron vigentes.

El presidente Juan Manuel Santos, invocando sus poderes y facultades, decidió fijar un plazo al diálogo nacional y cerrar de una vez los acuerdos. Estos serán refrendados e implementados por el Congreso de la República. Allí llegarán promovidos por el Gobierno y sus mayorías parlamentarias, con la oposición del Centro Democrático y sin el consenso nacional que tanto se invocó.

No se sabrá tampoco cuánto apoyo popular tienen los “nuevos” acuerdos. El presidente reconoció que no convocó otro plebiscito porque una nueva campaña dividiría más al país. Sin embargo, ahora tampoco hay unión. Y la forma en que se apremia a la oposición para que deje de objetar aquellos puntos en que sigue sin estar conforme, indica que la polarización se incrementará.

A la oposición hay que permitirle sus espacios de crítica y dejarla actuar. Entre otras cosas porque ello conlleva el derecho correlativo de los demás ciudadanos de valorar o juzgar su función opositora. Seguimos estando en democracia. No hay razones para exigir unanimismos, máxime en temas que seguirán siendo polémicos y sobre los que es imposible pedir adhesiones incondicionales, como la elegibilidad política de responsables de graves crímenes contra todos los colombianos.

Hay que reivindicar, entonces, el derecho de la oposición a manifestar sus puntos de vista. Así como en exigirle coherencia y lealtad a las instituciones y a la Constitución. Decir, por ejemplo, que el Congreso es ilegítimo y que hay que revocarlo, es un despropósito en las actuales circunstancias del país.

Como también habrá que exigirle al Congreso buen juicio y responsabilidad. Que no se limite a refrendar los acuerdos mediante una proposición en plenaria, como neciamente lo dijo el presidente del Senado. Ojalá atiendan la recomendación del presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, y se apresten a refrendar los acuerdos punto por punto, con estudio y debate, lo cual no obsta para que lo hagan con diligencia. Hacerlo así evitará problemas futuros y vicios en su implementación.

Implementación que, a propósito, copará la agenda del Congreso en la próxima y siguientes legislaturas. Las exigencias de la guerrilla son tantas y tan prolijas, los plazos tan perentorios, que la capacidad del Estado y sus instituciones, que en miles de asuntos no responden a las necesidades de los ciudadanos, se someterá a una prueba de resistencia tan aguda que para salir decorosamente se requeriría una fortaleza política que ahora ni existe ni se espera. Porque el país, al final, no pudo unirse. Y porque hay un acuerdo firmado, pero la paz se ve difusa.