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Lunes 16 de Septiembre del 2019

Acuerdo para la impunidad

Publicado en:

El Colombiano  | 

Autor(a): Rafael Nieto Loaiza  |

Fecha: 20/12/2015

 

Foto: paginapopular.net

103 días después del anuncio de un acuerdo sobre “justicia” que no existía, por fin se firmó con las Farc. Confirma nuestros temores:

Es un acuerdo de impunidad. Por un lado, establece que el Estado amnistiará o indultará todos los delitos políticos y conexos cometidos por las Farc. La trampa está en que no se usarán los criterios de conexidad existentes hoy, sino otros según los cuales también son conexos el asesinato y secuestro de militares y policías y todas las conductas “dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión”, entiéndase los de Teodora y el narcotráfico. Es una violación de las obligaciones internacionales: en la Convención de Viena sobre narcotráfico se establece que ese crimen y los relacionados “no se considerarán como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados”. Pero la impunidad es peor: según el acuerdo “se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes”. Es decir, cubrirán delitos típicamente comunes. Por supuesto, el Gobierno se compromete a hacer las reformas constitucionales: hoy solo son posibles las amnistías por delitos políticos y conexos y el narcotráfico está excluido de la conexidad.

Por el otro, los responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no tendrán penas reales ni efectivas. Se ha pactado que a) no habrá penas de cárcel ni de ningún tipo de privación de libertad, b) las “sanciones” serán de dos (sí, dos) a ocho años, y c) las que se impongan “no inhabilitarán para la participación política ni limitarán el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, de participación política”. En otras palabras, secuestradores, violadores, asesinos, terroristas y narcotraficantes podrán ser elegidos congresistas, alcaldes y gobernadores sin ningún tipo de restricción.

El acuerdo no es sostenible. Se dirige a dejar sin pena efectiva los crímenes de lesa humanidad y de guerra y, por tanto, se abre la puerta a la competencia de la Corte Penal Internacional.

El acuerdo atenta contra la institucionalidad. A diferencia de todos y cada uno de los procesos de paz anteriores en Colombia, en este caso se deja de lado el sistema de administración de justicia nacional y no se aplicará la ley colombiana. Se crea un “tribunal especial de paz” distinto a los nacionales y será ese tribunal el que defina los tipos penales, las “penas” y el procedimiento penal aplicables, dentro de los límites definidos por Farc y Gobierno. La escogencia de los miembros del tribunal especial quedó para resolverse “por mutuo acuerdo y antes de la firma del acuerdo final”. Aplazaron que las Farc, directa o indirectamente, definirán los jueces que habrán de juzgarlos a ellos y a los militares y policías que los combatieron.

Además, ese tribunal especial estará por encima de la administración de justicia nacional y de las altas Cortes y ejercerá sus “funciones judiciales de manera autónoma y preferente”.

El acuerdo no garantiza la verdad. Para las Farc y el Gobierno la verdad es “esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos” no que los criminales cuenten y asuman la responsabilidad de todos y cada uno de los delitos que han cometido. En ningún lado se establece la obligación de confesar todos los delitos cometidos ni las sanciones por no hacerlo integralmente, a diferencia de lo que ocurre en ley de Justicia y Paz.

Sobre reparación, lavado de activos y tratamiento desigual para los miembros de la Fuerza Pública, es necesaria otra columna.

Mientras tanto, por fin se hizo justicia en el caso Plazas Vega. Es indispensable investigar a los fiscales que alimentaron a los falsos testigos e inventaron al menos uno. Quedan muchos casos flagrantes de militares injustamente privados de su libertad, el general Uscátegui de primero.

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