Hay, al menos dos puntos para un acuerdo sobre lo fundamental, si se tienen en cuenta los intereses del país: unificar criterios en la lucha contra el narcotráfico, como propone el doctor Rafael Nieto, y reformar la justicia.
¿Necesita el país un acuerdo sobre lo fundamental? El primero que lo propuso abiertamente al país fue el doctor Álvaro Gómez. ¿De qué se trataría ahora? Para saberlo, habría que poner de acuerdo a la gran mayoría del país y a las más representativas fuerzas políticas sobre en qué consistiría, es decir, sobre cuáles puntos de la vida política y social serían su objeto y cómo se obtendría, quienes estarían excluidos definitivamente y resolver la cuestión de si actualmente están dadas las condiciones para alcanzarlo.
Digamos que el primer acuerdo fundamental, en la tradición democrática de Occidente, a la cual pertenecemos, es el establecimiento de un estado, mediante la expedición de una constitución política (o su equivalente) que fije la soberanía emanada del pacto en un territorio determinado, que reglamente la interacción de las personas, que, en virtud de este se convierten en ciudadanos depositarios primarios de los derechos y deberes, así como de los grupos de individuos socialmente significativos que lo habitan; que establezca y regle las instituciones que rigen su vida pública, sus alcances y relaciones entre ellas y con los súbditos y grupos constitutivos.
Históricamente, las constituciones surgieron como pactos entre élites en el poder, y en las últimas décadas, los que se han hecho, tienen delegados elegidos popularmente y/o han sido refrendados por esa vía, y a medida que las sociedades evolucionan social y políticamente, estos pactos se van adecuando a esos cambios, algunos de los cuales no tienen que ver sólo con los derechos fundamentales de los individuos, sino con las realidades culturales e históricas de los pueblos que constituyen un estado.
Canadá, Bélgica y España, son ejemplos de lo que acabo de decir. Son sociedades dividas por razones culturales. En ellas, el acuerdo básico constitucional evolucionó para garantizar los derechos de todos los pueblos constitutivos. Así, francófonos, anglófonos y pueblos originarios, en Canadá, y francófonos y hablantes del neerlandés, en Bélgica, respectivamente, concertaron en sus constituciones, niveles de autonomía muy importantes en sus respectivos territorios para garantizar la unidad del estado. Igual hizo la España postfranquista al reconocer en su constitución de 1978, junto a las autonomías hispanohablantes, la existencia de otras, con derechos políticos y culturales específicos en algunas regiones minoritarias de España originalmente no hispanoparlantes y con tradiciones políticas, institucionales y culturales propias antes de ser absorbidas por la mayoría español, al constituirse históricamente el estado español. Estoy hablando, entre otros, de catalanes, vascos y gallegos.
Este tipo de acuerdos básicos, que permiten la gobernabilidad en una sociedad radicalmente divida por razones culturales y/o sociales, básicas, se llaman, en teoría política, consociacionales.
La Constitución española, además, fue el resultado previo de los llamados Pactos de la Moncloa de 1977, acordados por todos los partidos democráticos de derecha e izquierda, los empresarios y los sindicatos, que comenzaron a salir de la clandestinidad a la que los había sometido la dictadura. Uno, fue el pacto para el saneamiento de la economía y el otro sobre los aspectos jurídicos y políticos. El primero, permitió sanear y modernizar la economía española, acabando con el modelo rígidamente intervencionista, reducir la inflación, aumentar la competitividad, aumentar ostensiblemente los ingresos de los ciudadanos, que ha pasado de US$3.000 per capita en 1977, a más de US$28.000, actualmente. El pacto político permitió el restablecimiento de las democracias en España, en los términos descritos más arriba.
En Colombia, en el siglo XX hubo un pacto sobre lo fundamental de tipo consociacional para terminar con la violencia bipartidista. El Frente Nacional, concebido por el jefe conservador Laureano Gómez y el dirigente liberal Alberto Lleras Camargo, consistió en un régimen bipartidista para compartir el poder entre esos dos partidos. A mucha gente le molestó el Frente por su aparente exclusión de otras fuerzas políticas. Pero, en realidad, se trató de un acuerdo para recobrar la democracia en el país. Y fue parcialmente cerrado porque, de hecho, disidencias liberales y conservadoras, pero, sobre todo, gente proveniente del Partido Comunista (que tenía, por otro lado, autodefensas construyendo violentamente repúblicas independientes) y de Alianza Nacional Popular, participaron en las listas electorales de los partidos tradicionales y la última llegó a tener listas propias. Y tampoco es un fenómeno extraño. Otros países han practicado este modelo político, como Israel, cuyos principales partidos se han puesto de acuerdo para cogobernar en momentos de graves crisis
El Frente, que se presentó como reforma constitucional a la Carta de 1886, fue refrendado en el plebiscito de 1957 por el 95% de los votantes, muchos de los cuales eran mujeres que, por primera vez tuvieron derecho al sufragio y fue un éxito político porque puso fin a la Violencia de los dos partidos históricos, enzarzados en guerras civiles desde la creación misma de la república.
Desafortunadamente, en esa época surgió la violencia marxista y luego la mafiosa, que convirtió a la primera en la segunda, que sembró al país del narcotráfico y lo está convirtiendo en un narcoestado inviable. Sólo la solución al problema de esta actividad traerá la paz a Colombia.
Como resultado de un proceso de paz del Estado con la subversión crecientemente narcotraficante y responsable de crímenes de lesa humanidad, se expidió la Constitución de 1991, que es el resultado de un acuerdo no público con el M-19 (las Farc y el Eln se autoexcluyeron por su capacidad de narcotráfico). En ella, se introdujeron mecanismos importantes, como el de tutela, pero politizó la justicia, al darle poder de elección de altos cargos, como la Fiscalía y la nominación entre cortes, cuya práctica ha desembocado, en razón de mantener su poder, en, abiertamente, actuar según sus intereses políticos, que no es coincidencia, son muchas veces los mismos de una izquierda corrupta ligada al narcotráfico.
Las Cortes Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y ese esperpento que es la JEP, han invadido las competencias del Congreso y del actual presidente y amenazado al primero y se oponen a cualquier tipo de iniciativa que intente hacer coherente el sistema jurídico del país con los intereses de la nación y de los ciudadanos: avalaron el pacto de Santos con las Farc, a pesar de que este había perdido el plebiscito, han mantenido contenidos lesivos del mismo contra el sentido común y el querer de la mayoría de los colombianos, como ocurrió con las objeciones presentadas por el presidente Duque; le han mantenido privilegios a alias márquez y alias el paisa, a pesar de que se han burlado de tratado que firmaron con Santos, han excarcelado a un narcotraficante que delinquió después del Acuerdo Santos – Farc, incluso cambiando su propia jurisprudencia, como hizo en estos días la Corte Constitucional con alias Santrich, y han violado la tradición del derecho internacional sobre la extradición y ordenado la libertad de ese delincuente, al que llevarán en andas al Congreso. Esto por sólo citar casos recientes.
En consecuencia, hay, al menos dos puntos para un acuerdo sobre lo fundamental, si se tienen en cuenta los intereses del país: unificar criterios en la lucha contra el narcotráfico, como propone el doctor Rafael Nieto, y reformar la justicia. Ese pacto incluiría a todos los partidos y fuerzas políticas y sociales democráticas y representativas, incluyendo al sector de la Farc que está respetando el acuerdo de paz y excluiría a aquellos que persisten en el narcotráfico y la violencia.
¿Es posible ahora? En el Congreso, no, porque la estrategia de nuestro presidente de no dar representación a partidos y grupos que podrían darle mayoría en el parlamento los está llevando a una oposición cada vez más rabiosa, y porque a la izquierda radical le conviene aumentar la polarización para el asalto al poder en 2022. Si hubiese un cambio en la estrategia de Duque quizá obtendría los votos necesarios para concertar la lucha contra el narcotráfico y la reforma a la justicia. No sería una alianza sobre lo fundamental que no cobijaría a todas las fuerzas, pero sí a aquellas que estarían interesadas en mantener la democracia e implicaría un gran acuerdo entre ellas con miras a la gobernabilidad de hoy y a las elecciones próximas. Aunque tendría la oposición radical de la señalada izquierda y de las cortes.
Queda la estrategia de hacer el acuerdo sobre lo fundamental por fuera del acuerdo con el Congreso. La Constituyente, los referendos y otros mecanismos, si se quiere que tengan validez jurídica, deben hacerse en el congreso y pasar el control de la Corte Constitucional, lo que como he dicho, es imposible hoy.
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No habría salida jurídica viable. Solo queda la alternativa de encabezar una fuerza nacional que agite como bandera esas dos reformas, y ahí también, la reforma electoral, que se encarne en partidos u movimientos sociales que lleven estas propuestas a las elecciones del 2022. Si ellas ganan, tienen la fuerza política y popular para imponerlas en el próximo gobierno. Respaldando al gobierno de Duque, por presionando para que la opinión pública de un paso adelante en el recate del país. El valor político de esa lucha sería incalculable. Los apoyos surgirían de la soberanía popular.
