AL BORDE DEL PRECIPICIO

Y vino con un maremoto político. Contra todo pronóstico en un país que solo sabe mirarse su ombligo capitalino, la derrota estrepitosa en La Haya y la pérdida de algo menos de cien mil kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y de plataforma continental están pasando factura al Gobierno y a las Instituciones.

Las cifras de la encuesta de Semana y RCN son devastadoras. Aunque que la percepción de la economía mejora de manera leve y se percibe también menos desempleo, la sentencia tiró al piso el optimismo ciudadano: el 69% cree que las cosas van por mal camino, una caída del 40% de los optimistas en apenas dos meses. La peor cifra en diez años.

El golpe se extiende no solo al Gobierno, que cae 14 puntos, casi una tercera parte de su popularidad, sino a todas las instituciones sin excepción. Preocupa la caída de 10 puntos en la confianza en las Fuerzas Armadas y que en San Andrés sólo el 27% cree que militares y policías hacen las cosas correctamente.

Eso se suma a que la gente no quiere que se cumpla con la sentencia. El 83% de los encuestados dicen no querer que el fallo "se acepte".

La cifra sube al 94% en San Andrés. Aunque la expresión es equívoca (¿qué significa "no aceptar" un fallo de un tribunal internacional?), muestra el rechazo ciudadano a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Y no parece importar el riesgo de un conflicto militar con Nicaragua, porque bajo esa eventual circunstancia la respuesta ciudadana es la misma.

El mensaje implícito es que la inmensa mayoría del país cree que la Fuerza Pública debería defender los derechos perdidos con el fallo por vía de las armas, si fuera necesario.

Calentura del momento, quizás, pero indicativo de un estado de ánimo.

Las responsabilidades políticas se reparten: un pedazo para Pastrana, uno para Uribe y otro algo menor para Santos. Sorprende, sin embargo, tanto que Samper ni siquiera sea mencionado, cuando fue el primero al que se le advirtió la necesidad de retirarse de la jurisdicción de la Corte, como la generosidad ciudadana con la Canciller.

Un 48% cree que no debería renunciar. Curioso porque sus declaraciones irresponsables sobre la naturaleza de los fallos de la Corte en nada contribuyeron a defender nuestros derechos.

Los jueces de la CIJ deben estar sorprendidos ahora con la reacción colombiana, después de que hubieran oído decir nada menos que a la Ministra de Relaciones Exteriores que ella sabía que la Corte siempre repartía y que, de antemano, calificara como justas sus sentencias.

Curioso también porque las reacciones del Gobierno muestran que lo cogieron con los pantalones abajo y que no se había planificado el escenario de una derrota, en realidad el único posible.

No había manera alguna de que ganáramos y esa es la razón para no haber ido al tribunal. Si usted ha tenido cien pesos de manera pacífica e ininterrumpida desde que tiene memoria, no va a buscar un juez que le diga que parte de su platica debe entregarle al chiquito pendenciero.

Como sea, la improvisación ha estado a la orden del día. ¿La Canciller no debió estar preparada para el fallo?

Ojalá aprendamos que la buena política exterior no es la de la simpatía y el elegante protocolo, sino la que defiende bien los derechos e intereses nacionales.

Pero a quien más mal le va es al Presidente. El favorable baja a 45%, una caída de 15 puntos desde el lanzamiento de los diálogos de paz, y el desfavorable sube al 49%. El 54% está insatisfecho.

Y las evaluaciones temáticas no son mejores: desde las relaciones exteriores hasta la salud, en todas desaprueba. Son las peores calificaciones desde que asumió el Gobierno. Como resultado, solo el 32% quiere la reelección en el 2014.

Las cifras son un desastre y muestran que el subidón de La Habana está dando paso al guayabo de La Haya.

Yo no me alegro. Hacen al Presidente más vulnerable, más proclive a apostarle al proceso de paz a cualquier costo.

Aunque sea un clavo ardiente, no se ve más de dónde agarrarse.

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