El 23 de septiembre todos los medios amanecieron inundados con fotos del Presidente de Colombia estrechando la mano del jefe “supremo” de las Farc. Como garante, les sostenía las manos Raúl Castro, hermano del dictador cubano.

A marchas forzadas, como nada hasta ahora había ocurrido en las negociaciones de La Habana, los representantes del gobierno y de la narcoguerrilla habían logrado, aparentemente, firmar un acuerdo a tiempo para que Juan Manuel Santos lo presentara, como algo finiquitado, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. A todos nos quedó claro que ese era el afán.

Su discurso en la ONU tuvo el efecto deseado y Santos recibió la bendición internacional y, con seguridad, un fuerte empujón a su candidatura al Nobel de la Paz.

Sin embargo, ni la ONU ni los colombianos conocemos la totalidad del famoso acuerdo. Increíblemente, tampoco lo conocen las ramas legislativas o judiciales del país. Hasta el momento solo los negociadores están enterados de su contenido.

Así que los colombianos hemos tenido que aceptarlo con un acto de fe. Y hay del que chiste al respecto, sin contemplación será condenado como enemigo de la paz.

Santos y sus delegados nos habían recalcado que con tal acuerdo no habría impunidad, tema preocupante para todos, en especial para las víctimas. Ese punto está claro, nos aseguraron: los cabecillas de las Farc, culpables de crímenes atroces, si confiesan la verdad, tendrán de 5 a 8 años de retención (no cárcel) con restricción efectiva de libertad, movilidad y lugar de residencia.

Un pequeñísimo castigo comparado con sus crímenes, pero eso es algo mucho mejor a que la guerra continúe y las Farc sigan matando, violando, secuestrando, contaminando y comerciando con droga, por sécula seculórum.

Pero algo terrible pasó en los días subsecuentes a la firma del acuerdo. Los jefes de las Farc salieron a desmentir al gobierno en lo acordado. Sobre todo en el tema de su famoso castigo. Según ellos, nada de restricción a su libertad o movilidad o lugar de residencia quedó pactado. Y lo pactado, pactado está.

Pero lo peor es que entre los mismos representantes del gobierno hay diferencias sobre lo firmado, su alcance y su interpretación. El presidente dice una cosa, el fiscal, en su delirio por figurar, aun sin conocer la totalidad el texto, arremete con su propia interpretación en ese y otros temas, y el jefe de las negociaciones Humberto De la Calle, con preocupantes señales de agotamiento, trata de explicar que el acuerdo de 75 puntos, de los cuales solo conocemos 10, es solo un acuerdo en desarrollo, aún no finiquitado.

¡Oh my God! Como deben estar diciendo los observadores internacionales ¡Este enredo no lo entiende nadie! A nuestro presidente, conocido jugador de póker, en su afán por lucirse en la ONU, se le enredaron las cartas. Es claro que el acuerdo tiene múltiples y peligrosas interpretaciones y está inconcluso.

La frase de André Maurois, refiriéndose a La Revolución Francesa; “Jamás un régimen se suicidó tan rápidamente”, me parece apropiada para las actuaciones y propuestas del gobierno en las últimas semanas. Como vamos terminaremos sin paz, sin verdad, sin justicia, con impunidad y sin democracia.