Buena parte del país creía que la justicia transicional sería para investigar y sancionar los crímenes de las Farc. Pero estas y el fiscal le están dando la vuelta: sus destinatarios serán otros.

No ha terminado el país de analizar los verdaderos alcances del acuerdo sobre justicia transicional entre el gobierno y las Farc, con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que muchos creyeron que iba a ser solo para la guerrilla y sus crímenes, cuando sale el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a utilizar políticamente, de mala manera, las herramientas de ese acuerdo para amenazar a la oposición política, en concreto al expresidente Álvaro Uribe.

Algunos habían advertido -EL COLOMBIANO lo hizo en este mismo espacio- que la clara estrategia de las Farc era igualar culpas entre todos los colombianos para disolver sus graves responsabilidades. Si, según su doctrina, toda la sociedad colombiana es culpable de la violencia, a ellas no se les podría juzgar con la misma dureza que correspondería a la gravedad de sus múltiples crímenes.

Por eso se demandaba del Gobierno y de su delegación en La Habana la suficiente firmeza para no dejarse enredar en esa trampa. No se logró. Con mansedumbre o complacencia, varios sectores del país, incluyendo intelectuales de cuyo sentido crítico cabría haber esperado mayor coherencia, dieron por buena la tesis de la culpa generalizada, que ubica al Estado y a sus agentes como agresores más que como defensores del orden constitucional.

Y así, mientras la semana pasada se desplegó todo el rodillo gubernamental para anunciar el acuerdo de justicia transicional como la gran oportunidad para contener la impunidad y atender los derechos de las víctimas, tanto las Farc como el fiscal general han dado la vuelta al asunto y dejan al país ante este panorama: quienes van a tener que desfilar por las Salas de la Jurisdicción de Paz y someterse a las penas impuestas por el Tribunal, cuya composición es un enigma, son quienes no se han plegado a las exigencias de la guerrilla. Lo dijo el fiscal con nombre propio: Álvaro Uribe y Francisco Santos y, entre otros, sus asesores.

Esto, más que un concepto o una opinión, que en todo caso estaría fuera de lugar, es una amenaza directa. Y su sentido es clarísimo para quien quiera entenderlo: quien se oponga a los términos en que se está negociando la paz con las Farc, no tendrá respuesta política: tendrá una respuesta penal. Los avisos dirigidos al expresidente Uribe, por supuesto, no van solo contra él. Van contra todo aquel que disienta, que objete o que no acepte los hechos consumados en La Habana. La democracia se ve disminuida, se vulneran sus postulados al judicializar la política y usar el poder coercitivo del aparato penal no contra quien delinque sino contra quien hace oposición dentro de los cauces democráticos.

Es temible, y terrible, la realidad política que se nos está anunciando. El fiscal general está exento de cualquier control externo, no se somete a ningún contrapoder, no rinde cuentas ante nadie. Ha actuado desde su posesión en el cargo como un actor político. Hoy sí que se puede afirmar que un sector definido de la oposición en Colombia está inerme, a merced de la sola voluntad de quien se autoinstituyó como el validador de una justicia laxa en aras de lo que nos presentan como la única paz posible.

El panorama desolador no se detiene ahí. Ayer medios radiales informaron que hay una idea de extender el período de Montealegre como fiscal general un año más. Él dijo en Caracol Radio que no lo busca, pero agregó que “podríamos plantear eso en la justicia transicional”. ¿Cuántas sorpresas más deparará la justicia transicional a la infinita capacidad de aguante de esta sociedad?.