Usted entra a la ducha y ve una araña. No sabe si es venenosa, ni siquiera si es real. Podría ser un mini-dron de vigilancia personal enviado por su vecino, quien puede estar monitoreando el desempeño del pequeño robot octópodo desde su iPhone 12.

Una posibilidad más siniestra es que una empresa rival de negocios le ha enviado esa araña robótica, comprada a un contratista militar en bancarrota, para matarlo. Su asesino, que está de vacaciones en Provenza, la dirigirá para que le dispare a su pierna una aguja infinitesimal conteniendo una dosis letal de veneno, para luego autodestruirse.

En el otro extremo de la ciudad, un estudiante anarquista de biología molecular trabaja en secreto para recrear el virus de la viruela, usando herramientas ordinarias de laboratorio y equipos de manipulación genética disponibles en Internet. No contento con revivir un virus extinguido y contra el que la población en general no está inmune, el joven utiliza los últimos adelantos de la investigación académica de acceso público para volverlo más letal. Luego se infecta a sí mismo y cuando sus síntomas empiezan a manifestarse, pasea por un aeropuerto para propagar el virus a la mayor cantidad posible de personas.

Estos escenarios pueden sonar fantásticos, pero no son particularmente improbables ni futuristas. Drones del tamaño de insectos están siendo desarrollados afanosamente por todo el sistema de defensa, por entidades académicas y por empresas privadas. Drones ligeramente más grandes—algunos equipados con cámaras—están ampliamente disponibles en el mercado. Hacer que este tipo de naves no tripuladas sean letales es sólo el siguiente paso, y no es tan complicado.

En cuanto a nuestro biólogo molecular anarquista, el Consejo Nacional Consultivo de Ciencias para la Bioseguridad indicó en 2006 que “la tecnología para sintetizar ADN es fácilmente asequible… y una herramienta sencilla y fundamental para la investigación biológica actual”. Eso fue hace una eternidad en términos científicos.

Las plataformas tecnológicas asociadas con la robótica, la genética y la biología sintética enriquecen todas las facetas de nuestra sociedad. Sin embargo, como el presidente Barack Obama lamentó recientemente al hablar de la seguridad cibernética, “una de las grandes paradojas de nuestra era” es que “las mismas tecnologías que nos permiten hacer mucho bien también se pueden utilizar para socavarnos e infligir un gran daño”.

En conjunto, estas tecnologías crean un mundo en el que cada empresa, grupo y Estado individual pueden representar una amenaza para otro individuo, empresa, grupo o Estado en cualquier parte del mundo.

Estas tecnologías no sólo otorgan poder a países y grupos terroristas para atacar de manera invisible desde posiciones remotas.

Luis Mijangos, un inmigrante ilegal de California, se declaró culpable en 2011 de piratería informática e intercepciones telefónicas ilegales y fue condenado a seis años de prisión. Según el Departamento de Justicia, Mijangos había engañado a decenas de mujeres y adolescentes para que descargaran malware en sus computadoras, lo que le permitió usar las webcams de las computadoras infectadas para tomar imágenes íntimas y videos de sus víctimas. Luego las utilizó para “sextorsionar” a esas mujeres para que le dieran más fotos y videos. Especialistas del FBI identificaron más de 100 computadoras infectadas por Mijangos, las que eran utilizadas por unas 230 personas, al menos 44 de ellas menores de edad, de acuerdo con documentos judiciales. Muchas otras víctimas probablemente siguen sin ser identificadas.

Todo esto es un desafío a nuestra seguridad y nuestra forma de pensar sobre el Estado. El Estado liberal se basa en un contrato social: le damos una cierta cantidad de nuestra libertad al gobierno a cambio de su promesa de protegernos. Pero esa promesa se está volviendo cada vez más difícil de mantener a medida que más “grandes hermanos” y numerosos “pequeños hermanos” pasan a controlar poderes tecnológicos formidables.

Para que el Estado pueda sobrevivir tal y como lo conocemos, tendremos que adaptar algunos de los principios más básicos de gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, la relación entre privacidad, libertad y seguridad, que tendemos a considerar un juego de suma cero en el que la promoción de uno de esos valores viene a expensas de otro. En nuestro nuevo mundo de difusas amenazas de alta tecnología, esos términos no serán mutuamente excluyentes sino que entrarán en nuevas y extrañas combinaciones de tensiones y refuerzos recíprocos.

Aumentar el poder de vigilancia del gobierno puede llegar a promover no sólo la seguridad, sino también la privacidad y la libertad, si le tenemos más miedo a alguien como Mijangos que al FBI. Y podemos necesitar a la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU., que puede supervisar miles de millones de correos electrónicos y comunicaciones, para detectar a un anarquista tratando de diseñar un virus asesino o para asegurarse de que el dron que está volando hacia la Casa Blanca sea una broma inofensiva, no un complot terrorista.

Al mismo tiempo, el multiplicado poder tecnológico del gobierno tiene que ser vigilado. El Gran Hermano sigue siendo una amenaza. Y nosotros, los ciudadanos súper-empoderados del siglo XXI, tenemos un papel creciente que desempeñar. Después de todo, no fue la NSA la que destapó GhostNet—una importante red de ciberespionaje contra gobiernos de todo el mundo, que se supone que está dirigida por China—, sino Information Warfare Monitor, un grupo de investigadores privados y universitarios.

El Estado solía ser nuestro único proveedor de seguridad, pero eso está llegando a su fin. Empresas como Google GOOGL -0.44% y Facebook, FB +0.07% que almacenan volúmenes inmensos de información privada, son claves para nuestra privacidad y seguridad. Al entregarles nuestra información personal y nuestras comunicaciones, les pedimos que nos protejan a nosotros, a nuestros hogares y a nuestras familias, lo que otrora considerábamos responsabilidad del gobierno. El Estado, por otra parte, no puede protegernos sin la ayuda de estas compañías. Esto explica por qué la ley de vigilancia de Estados Unidos requiere que las empresas tecnológicas colaboren con las autoridades en las escuchas telefónicas a sospechosos.

El contrato social tradicional está bajo presión, no sólo desde el interior del Estado sino también desde afuera. Estado Islámico recluta a sus militantes a través de los medios de comunicación social. Otro “sextorsionista” condenado en California abusaba de niñas en Irlanda y Canadá. Operadores de drones en Nevada lanzan sus bombas contra blancos en países distantes. En 2001, un equipo de científicos de Alemania y Francia construyó un virus Ébola a partir de tres hebras de ADN complementario.

De todos modos, el orden jurídico internacional de hoy sigue dependiendo en gran medida de las fronteras nacionales. Los países tienen la facultad de legislar y hacer cumplir las leyes dentro de sus bordes, pero tienen relativamente poca autoridad para regular la conducta de los ciudadanos de otros países e incluso menos autoridad para hacer cumplir efectivamente sus leyes fuera de sus fronteras.

Amenazas transfronterizas obligarán a los Estados a actuar en conjunto con legislaciones que regulen la conducta externa, la vigilancia de ciudadanos en el extranjero e incluso asesinatos dirigidos. Un número creciente de países está diciendo que algunas de sus leyes deberían aplicarse fuera de sus territorios, por ejemplo, al definir unilateralmente ciberataques o delitos cibernéticos y haciendo cumplir sus leyes nacionales contra delincuentes extranjeros que actúan en el extranjero. Para que el mundo no se convierta en el Salvaje Oeste, debemos asegurarnos de que este aumento del unilateralismo sea compensado por una mayor cooperación internacional, incluyendo un mejor gobierno en los Estados frágiles, un mayor intercambio de información entre gobiernos y medios más efectivos para hacer valer las leyes cuando las jurisdicciones no están claras.

El viejo contrato social tiene sus raíces en los dilemas de seguridad de la Ilustración. En nuestra era, todo el mundo es, al mismo tiempo, vulnerable a los ataques y una amenaza para el resto. Eso requiere un contrato social diferente y más complejo, que recién comenzamos a imaginar.