A pocos días de los 30 años del episodio más nefasto de la historia reciente de Colombia, el asalto del M-19 a la sede de los más altos tribunales judiciales, la Fiscalía dice haber identificado tres mujeres supuestamente desaparecidas por el Estado después de la operación de rescate del Palacio.

Advierto, primero, que hay diferencia entre un desaparecido en términos coloquiales, es decir, una persona de cuyo paradero no hay noticia, y los “desaparecidos forzosos”, que son aquellos de quienes hay certeza de que estuvieron en poder de agentes del Estado y que después no aparecen. Después, que en Colombia se ha condenado en primera instancia a dos oficiales, el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, por la desaparición forzada de once personas en el rescate del Palacio y que, además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al país por los mismos hechos. He contado antes que fui agente del Estado en ese caso.

Mi posición fue que había una responsabilidad del Estado por su incapacidad en establecer el paradero de las personas supuestamente desaparecidas y por la lentitud en establecer la verdad de los hechos, pero que no había pruebas de que se hubiese desaparecido forzosamente a esas personas, con la excepción de Irma Franco, una guerrillera de quien efectivamente se sabe que salió viva. También dije que el Estado tenía que defenderse integralmente en la Corte IDH de la acusación de desaparición forzada y debía exigirle a la Corte esperar a que terminaran los procesos judiciales internos, aún abiertos: y pedí a la Fiscalía identificar de una vez por todas los restos que ha tenido en su poder, 27 cadáveres, un número superior a los supuestos desaparecidos.

El Gobierno, sin embargo, cambió su posición inicial y no quiso continuar con esa defensa. La entonces ministra de Justicia, Ruth Correa, presionó a muerte para que el Estado reconociera responsabilidad por esos once desaparecidos. Después Santos fue incapaz de sostenerse en la decisión inicial de defender a cabalidad al Estado. Renuncié porque mi conciencia no me permitía argumentar nada distinto que lo que los hechos mostraban: salvo Franco, no había prueba de los otros supuestos desaparecidos. Y porque mi deber era evitar que se pagaran millonarias indemnizaciones, por hechos no probados, con plata del bolsillo de todos los ciudadanos.

Ahora aparecen tres de las “desaparecidas”. Semejante hecho debería tener varias consecuencias: la primera, impulsar a la Corte Suprema de Justicia a decidir de inmediato los recursos de casación que se interpusieron en los casos de Arias Cabrales y Plazas Vega. La segunda, el Estado no debería pagar las millonarias indemnizaciones a las cuales fue condenado por la Corte IDH. Si no hubo desapariciones, no puede pagarse la condena. Tercera, revisar las razones por las que el Gobierno se negó a hacer la defensa a fondo que era indispensable frente a la Corte. Cuarta, evaluar las sentencias del Consejo de Estado que se basan en las supuestas desapariciones. La quinta, establecer si hubo o no falsos testimonios por parte de los familiares de los supuestos desaparecidos que no tuvieron ningún reparo en sostener, sin ninguna duda, que veían a sus parientes saliendo vivos de Palacio. Evidentemente no fue verdad. Sexta, presionar la identificación definitiva de los cadáveres que aún están en poder de la Fiscalía y establecer las responsabilidades y motivos por los que todavía no han sido identificados.

Unas preguntas con suspicacia: también la Fiscalía ha vinculado a un conjunto de miembros del Ejército a unos casos que ha calificado de tortura. La tesis subyacente es que no han prescrito por ser de lesa humanidad. Si es así, ¿abrirá casos contra guerrilleros del Eme por los hechos de Palacio que tienen la misma connotación? ¿O lo que se quiere es poner presión a los militares para que apoyen el acuerdo de justicia con las Farc por los supuestos beneficios que recibirían?.