La tragedia ocurrida en Venezuela, con 68 detenidos muertos, tiene causas que coinciden con problemas comunes que Colombia también padece. Llamado de la Onu debe atenderse igual aquí.
La dramática situación que se presentó la semana pasada en una comisaría de Policía en Valencia, estado de Carabobo (Venezuela), que cobró la vida de 68 personas que estaban allí detenidas y que murieron quemadas o asfixiadas por el humo, es el resultado de causas que tienen que ver tanto con la situación de la administración pública venezolana, como con problemas estructurales comunes en muchos países latinoamericanos, incluida Colombia.
La comisaría de Valencia estaba construida para albergar a máximo 40 personas, como detenidos provisionales mientras se definía su situación jurídica, para lo cual la legislación venezolana concede 96 horas. Pero había allí, según cifras extraoficiales, 250 personas detenidas, muchas de ellas llevaban años, tal como testimonian sus familiares.
Los mismos familiares y varias ONG defensoras de los derechos de los reclusos son los que han denunciado la situación que allí se presentaba, pues la versión oficial del Gobierno no admite reconocimiento del calamitoso estado de inspecciones, comisarías y cárceles. En este lugar de la tragedia se presentaban, como es usual en muchos centros de detención latinoamericanos, control de los patios por parte de bandas, que disponían de la “disciplina” interna, así como del régimen de visitas.
Todo parece indicar que algunos reclusos quisieron retener a un policía y le robaron su arma. Luego prendieron fuego a unos colchones, pensando que así podrían fugarse. Pero los policías cerraron las puertas y lo que hubo adentro fue un infierno. Se desató el caos y ante la progresiva llegada de familiares a exigir noticias de la suerte de los suyos se ejerció fuerte represión por parte de las autoridades. De la responsabilidad de los policías dio cuenta el mismo fiscal General venezolano, Tarek Saab, que anunció que cinco de ellos fueron capturados.
Es, tristemente, un caso repetido en países como Venezuela o Brasil. A los motines de presos, fugas masivas o secuestros, se suman el hacinamiento y las condiciones infrahumanas. En Venezuela ha habido casos tan horribles como el de Barquisimeto (61 muertos) en 2013, el incendio de Tocuyito (17 muertos) en 2015, o el motín de Puerto Ayacucho (37 muertos) en agosto del año pasado.
¿Puede Colombia considerarse exenta del riesgo de una tragedia de tales magnitudes? No tan fácilmente. Hay aspectos de la institucionalidad judicial colombiana que son mejores que la venezolana, pero en la gestión penitenciaria los problemas de aquí son gravísimos. De hecho, sobre nuestra realidad carcelaria hay una declaratoria de “estado de cosas inconstitucional” evidenciado por la Corte Constitucional desde 1998, es decir, hace 20 años.
Aquí hay también hacinamiento, enfermedades, asesinatos, tráfico de drogas, redes de extorsión, corrupción desbordada, fugas pactadas. El comunicado expedido la semana pasada por la Oficina de la Onu para los Derechos Humanos puede y debe atenderse en Colombia.
Y no hay que ir muy lejos. Aquí mismo, en Medellín, no solo en las cárceles sino en las llamadas “estaciones de paso” de la Policía, el hacinamiento es alarmante. En junio del año pasado la Fiscalía tuvo que ordenar temporalmente que no se detuviera más gente, pues no había donde encerrarla. Un motín, una chispa que prenda fuego incontrolable puede presentarse en cualquier momento. Más que limitarse a criticar la calamitosa situación venezolana, tenemos que ver cómo resolver la nuestra, que no es ejemplo para nadie.
