Arias, un preso político

Andrés Felipe Arias es una persona ejemplar, un modelo de colombiano digno de imitar. Fue el mejor estudiante de su colegio desde niño, de esos que ni hacían trampas ni se prestaban para las trampas de los demás. Alguno de sus compañeros cuenta la anécdota de que como era imposible que él se dejara copiar en un examen, se lo arrebataron entre dos, con tan mala fortuna que lo rompieron, desatando su furia.

Fue el mejor Icfes de Antioquia, recibiendo el premio Andrés Bello. Prestó servicio militar a pesar de ser un joven de clase alta, de esos que “casualmente” siempre se salvan en los sorteos o resultan con pies planos. Fue el mejor estudiante de Economía en la que es considerada la mejor universidad del país: los Andes. Allí se tituló con los más altos honores, obteniendo el grado Magna cum laude por su alto promedio académico. Se dice que aún ostenta el mejor promedio de calificaciones de esa universidad.

Hizo una maestría con beca de excelencia en la misma universidad y también fue el mejor estudiante del doctorado en Economía que cursó en la Universidad de California, en Estados Unidos. Es estudioso, disciplinado y hasta “sicorrígido”, según quienes lo conocen. Así que ni su talante ni su recorrido, parecen los de alguien que quiera robarse el dinero de los colombianos.

Pero no se trata solo de que parezca honesto sino de que lo es, pues Arias no se ha robado nada. No en vano, Juan Ricardo Ortega, quien acaba de renunciar a su puesto como director de la Dian porque el Estado no lo puede proteger de la mafia que le ha puesto precio a su cabeza, dice que “en Colombia los criminales que roban de verdad tienen miles de millones en su patrimonio y ahora Arias, que no se robó un peso, es nuestro gran criminal”.

La acusación contra Arias es tan insólita que solo puede calificarse como persecución política. Es un golpe que por interpuesta persona le pretenden propinar a Álvaro Uribe y a su corriente ideológica, criminalizando actuaciones de su gobierno que fueron totalmente trasparentes. O ¿cómo se puede explicar el cargo de celebración indebida de contratos con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (Iica) cuando con esta entidad de la OEA se han firmado 45 convenios en las mismas condiciones y en distintos gobiernos desde 1964? Es que hasta el actual gobierno de Juan Manuel Santos lo firmó, prorrogando el convenio que venía desde el gobierno de Uribe.

¿Cómo es posible que el exministro Arias sea el responsable de los casos de fraccionamiento de tierras por parte de particulares que abusaron del programa y que estos tengan pequeñas condenas excarcelables mientras que a Arias le van a imponer una condena tan alta como el odio a Uribe se los indique?

Los Nule solo fueron condenados a siete años y medio a pesar de que el detrimento patrimonial que causaron —según la Contraloría— asciende a más de 800.000 millones de pesos, de los cuales no se va a recuperar nada. Saldrán de la cárcel a disfrutarlos. En el caso AIS, no hubo detrimento patrimonial porque los fondos fueron desembolsados directamente a los contratistas que hacían las obras de riego, no a los beneficiarios, y muchísimo menos a los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Además, de los 14.000 millones implicados en los nueve casos de fraccionamiento se han recuperado 12.500 millones.

Si nuestra justicia tuviera la misma severidad con todos los funcionarios públicos, más de la mitad irían a la cárcel. Como la contralora Sandra Morelli, acusada de detrimento patrimonial por 76.400 millones debido al alquiler de unas oficinas de lujo para la Contraloría a pesar de tener sede propia, o como Gustavo Petro, al que solo por la compra de unos recolectores de basura se le atribuye un detrimento patrimonial de 48.000 millones de pesos.

Ya nos estamos pareciendo demasiado a Venezuela, ya tenemos la versión propia de un Leopoldo López. Sin duda, Andrés Felipe Arias será un preso político.

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