En materia de derechos humanos y aplicación de justicia a políticos relacionados con grupos armados ilegales reina la asimetría y la incoherencia.

Un claro ejemplo lo acaba de dar la Corte Suprema de Justicia al entrar, al parecer, en una nueva ronda de detenciones y enjuiciamientos de congresistas y funcionarios del estado acusados de tener nexos orgánicos con grupos paramilitares. Está muy bien que se investigue y castigue a quienes han deshonrado a este país y a sus instituciones. Se entiende, se comprende y hay que apoyar a la Justicia en su empeño de sancionar a aquellos sobre los que recaen denuncias con evidencias sólidas. La infiltración paramilitar en varios órganos del estado tuvo dimensiones escandalosas. 

La opinión ha mirado con simpatía el proceder de la Suprema, sin embargo, la satisfacción sería mayor y más plena si a la vez, la Corte realizara con el mismo vigor y rigor las investigaciones que se derivan de las relaciones, evidentes, orgánicas e ideológicas entre grupos guerrilleros y dirigentes políticos, algunos de ellos empleados públicos. La información hallada en los computadores decomisados a los jefes guerrilleros, las delaciones, la labor de inteligencia de la fuerza pública, como también, suponemos, la que aún no ha sido develada, configura un apreciable volumen de pruebas e indicios que es preciso investigar y de ser el caso enjuiciar. Hay suficiente evidencia de nexos de personas y grupos de izquierda con las guerrillas que se dieron al calor de la idea de que era legítimo impulsar la combinación de todas las formas de lucha. 

La Justicia no se puede quitar la venda de los ojos. Negarse a abrir los expedientes de la farc-elenopolítica no contribuye al establecimiento de la verdad ni a la reconciliación. Por el contrario, sirve a la oscura percepción de que las guerrillas colombianas actúan motivadas por ideales altruistas, que sirve de manto para el ocultamiento de crímenes nefandos de guerra y de lesa humanidad cometidos en nombre del pueblo.

Por otra parte, la asimetría en materia de vigilancia y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos es fácilmente detectable en el accionar de muchas ONGs y colectivos de abogados que, por principio, sólo se fijan en las violaciones o infracciones cometidas por agentes del estado. Aquí la mirada bizca nace como flor silvestre. Sólo el estado, según su sesgado punto de vista, es el responsable por la violación de estos derechos. En sus cuentas nunca aparecen los crímenes de las guerrillas. ¿Por qué? Entre otras razones es de resaltar la que tiene que ver con una visión acomodada y restringida acerca de quiénes pueden ser imputables en este campo. En tiempos pasados se consideraba, y esto se aplicó por muchas décadas, que era el estado, como alta parte contratante de los convenios de defensa de los Derechos Humanos, el único sujeto imputable de responsabilidad y sanciones por acción u omisión. Lo dicen representantes visibles de estas organizaciones para las que las guerrillas no pueden responder ni por crímenes de guerra contemplados en el derecho internacional humanitario, dizque porque no son parte contratante o firmante de los convenios ni son un estado.

Estas organizaciones y sus dirigentes ocultan a la opinión pública los contenidos filosóficos que sustentaron la creación de la Corte Penal Internacional en 1998 con el Estatuto de Roma en el que quedó estipulado que no son solamente los estados sino también los individuos y grupos políticos en armas que dicen luchar por ideales altruistas los que pueden ser investigados por infracciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario. Los Cepeda, las Córdoba, los Valencia, los Colectivos, los grupos intereclesiales, las Comisiones de juristas y muchos columnistas progresistas y de izquierda solo tienen ojos para mirar y poner en entredicho, siempre, al estado colombiano mientras invisibilizan o minimizan los vejámenes de las guerrillas.Por eso nunca los hemos visto ni veremos clamar justicia por los desmanes de las “altruistas” guerrillas.

Lo que está sucediendo con el caso del Palacio de Justicia y la demanda en la que intervendrá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy ilustrativo. Para los que siempre condenan al estado y a sus agentes, que el estado asuma la estrategia de defenderse negando aquello de lo cual es acusado, es improcedente y condenable. Lo justo y lógico es partir de reconocer la culpa y la responsabilidad. Como si el estado fuese una entidad al margen de los miembros de la sociedad, una inmensa caja en la que cabe todo, como si sus recursos no fuesen los que aportamos los ciudadanos con los impuestos, como si se tratara de un bolsillo ajeno o una vara de premios, una entidad abstracta, estos señorones de los Derechos Humanos, nos convierten a todos los que conformamos el estado en responsables y nos imponen penas vergonzosas y multas multimillonarias de las que  a ellos corresponden comisiones entre un 30 y 35%. 

Nunca los veremos pleiteando contra las guerrillas por el secuestro de miles de empresarios del agro, por la muerte de sindicalistas acusados de derechistas, por el arrasamiento de pueblos pobres, por la contaminación del medio ambiente con sus voladuras a los oleoductos, por el reclutamiento de niños, por la destrucción de bienes civiles. Tienen la fórmula: el estado es culpable de todo, por no haber realizado el progreso y la justicia social para que no existieran causas objetivas del levantamiento armado. 

No hay simetría cuando el peso de la culpa de todo lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia se derrama sobre el estado y algunos de sus agentes y a la vez se silencia la del grupo que entró echando tiros a diestra y siniestra y matando a sangre fría a visitantes, empleados y magistrados del palacio.

No hay simetría cuando se afirma que el proceso de paz con los paramilitares fue demasiado blando en las penas impuestas a responsables de crímenes horrendos (8 años de prisión y cero favorabilidad política) mientras se pide y se exige que para los comandantes guerrilleros no haya cárcel y además se les abra la oportunidad de llegar al congreso, como si los crímenes de estos fuesen simples infracciones de tránsito.