Las Farc finalmente aceptaron que sin alguna dosis de justicia y penas era imposible su tránsito a la legalidad y el perdón de las víctimas y la sociedad. El acuerdo de ayer, aunque histórico, es laxo.

La presión de las víctimas, la comunidad internacional, la oposición, los tribunales y los organismos de derechos humanos, e incluso el recordatorio del Papa esta semana, llevaron finalmente a que las Farc aceptaran firmar el acuerdo que crea una Jurisdicción Especial para la Paz y un tribunal que juzgará, con particular énfasis, sus delitos de lesa humanidad y sus crímenes de guerra.

Fueron varias las ocasiones en que las Farc afirmaron, de manera explícita e incluso retadora, que no estaban dispuestas a pagar un solo día de cárcel. Casi nadie recuerda hoy que el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 en La Habana, en el Punto 5. Víctimas, no contemplaba juzgar a los guerrilleros.

Solo se mencionaban “derechos humanos de las víctimas y verdad”, pero por ningún lado aparecía, expresamente, el diseño de un sistema de justicia que evitara la impunidad frente a los gravísimos crímenes cometidos por las Farc. Entonces, alias “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” preguntados por su responsabilidad con las víctimas cantaban “Quizás, quizás, quizás”.

Por eso tal vez el anuncio de ayer en Cuba, y la firma del acuerdo, con los ojos de la comunidad mundial puestos en el Palacio de las Convenciones de La Habana, han sido asumidos como históricos.

Aunque 20 años para los delitos más atroces no confesados o aceptados tardíamente son una pena laxa, hay que ver en ello que las Farc cedieron frente a las críticas y las exigencias de la opinión pública nacional e internacional y que ello abre paso al avance, a instancias finales, de un proceso que, por demás, según el presidente Juan Manuel Santos, no debe exceder otros seis meses de duración.

Es posible hablar de optimismo político, porque el proceso se enruta a su terminación, pero también persisten ciertas “reservas jurídicas” frente a lo que viene y que examinaremos en un próximo editorial. Gravitan, por ejemplo, muchas preguntas frente a los detalles de las “restricciones a la libertad en condiciones especiales” para los guerrilleros que confiesen sus crímenes.

Un tribunal especial para el juzgamiento de miembros de las Farc supone, como ya se ha dicho, integrarlo con magistrados de las más altas calidades (colombianos o internacionales), que antepongan la rigurosa administración y aplicación de justicia a cualquier simpatía política o benevolencia amparadas por “la necesidad de lograr la paz”.

Los anuncios de ayer no dejan de reflejar que se prioriza la terminación del conflicto frente a la profundidad que debía alcanzar la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Hay un optimismo entendible y no cabe desconocer lo logrado, en especial por el sostenido, paciente e inteligente esfuerzo de los plenipotenciarios del Gobierno que pulsaron con la guerrilla en este terreno difícil y sensible. El presidente Santos destacó la madurez del proceso luego de tres años de conversaciones y el avance de las Farc en sus posturas. Todo bajo la premisa de cerrar la negociación “lo más pronto posible” y con la convicción de que “no vamos a fracasar”. Es un anhelo legítimo, pero hay que ver, como dijo el jefe de las Farc, alias “Timoleón Jiménez”, que este acuerdo sí será “respetuoso con las exigencias internacionales”.

La paz en Colombia, según Raúl Castro, jefe del gobierno cubano, “no solo es posible sino indispensable”. Pero también hay que procurar que no solo silencie las armas, sino que garantice respeto por quienes, directa o indirectamente, han sufrido los horrores del conflicto armado. Y esos, en suma, son 45 millones de colombianos.