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Martes 12 de Diciembre del 2017

Avalar manzanas podridas

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 25/07/2015

 

Foto: mirados.wordpress.com

El festival de avales que hemos visto en los últimos días es prueba de que la política colombiana está diseñada para buscar beneficios individuales a corto plazo. Indigna ver que todos los partidos políticos avalan candidaturas de personas cuestionadas que han demostrado su capacidad de mover votos a través de estrategias cuestionables. La premisa es ganar a como dé lugar. Así es muy difícil construir país.

La responsabilidad cae, por encima de todo, sobre los partidos políticos, que tienen la libertad de avalar, básicamente, a quien se les antoje. Sería razonable esperar, en un país donde sus instituciones políticas están genuinamente comprometidas con la democracia y la transparencia, que ese ejercicio de avalar sirviese como un filtro efectivo para evitar que, una vez elegidos, nadie tenga motivos para ser investigado y destituido.

No sucede así, por supuesto. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 892 personas elegidas en el 2011 han sido sancionadas al menos una vez. Los partidos con más sancionados son el Liberal, con 186 (20,8%); la U, con 179 (20%); Conservador, con 173 (19%), y Cambio Radical, con 121 (13,5%). Sin embargo, ningún partido se salva. Los datos de la MOE demuestran que, entre más “pequeños” sean los cargos, más propensos son los políticos a recibir una sanción eventualmente. Los concejos municipales son los que tienen, de lejos, el mayor número de indisciplinados.

Esta irresponsabilidad cuesta. Las destituciones e inhabilidades convencen a la ciudadanía de que la corrupción es la ley en nuestro sistema político, lo que a su vez causa desconfianza, desesperanza, menor participación de los votantes en el día a día de la política y más campo de acción para los corruptos. No sobra decir, además, que todos estos corruptos llegan a utilizar los recursos públicos como si fuesen su banca personal para pagar favores asumidos en las campañas y fomentar la cultura del soborno y los carruseles de la contratación que tanto daño les han hecho a nuestras ciudades.

¿Por qué sucede? Por un cálculo perverso de costo/beneficio: los partidos políticos quieren expandir su control en todos los niveles administrativos y legislativos, y sienten que avalar a quien pueda ganar, así esté investigado, no les va a traer mayores consecuencias negativas. Y hasta ahora parece ser cierto: ninguno de los directivos de los partidos políticos ha tenido que pagar por los sancionados en el ciclo electoral pasado, como lo estipula la Ley 1475 de 2011.

En época electoral es habitual escuchar la misma defensa que apela a la presunción de inocencia y al debido proceso. Si no hay condenas, dicen los investigados y quienes los avalan, no hay motivos para dudar de su idoneidad para gobernar. Ese argumento, sin embargo, no deja de ser un tecnicismo leguleyo que no responde a las evidencias abrumadoras en contra de muchos de los avalados. En un país donde la impunidad de los políticos es usual y donde la corrupción es hecho conocido en muchos casos, los partidos no pueden lavarse las manos así de fácil.

Ya que para las inscripciones que se cierran hoy poco o nada se pudo hacer a pesar de la alerta de medios, investigadores y ciudadanía, es justo poner en uso la ley y sancionar a los directivos de los partidos que avalen a personas que luego sean sancionadas. A ver si podemos hacerles sentir su responsabilidad con el país. A ver si así siguen respaldando con tanta tranquilidad a “potenciales” manzanas podridas.

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