Como advertimos en la columna anterior, el informe del GMH incurre en graves distorsiones de la historia, el origen y la naturaleza de la violencia que ha afligido a Colombia en las últimas cuatro décadas, por la acción de grupos al margen de la ley.

Una crucial es validarla con manidos argumentos de ausencia de democracia, exclusión social o económica, desigualdad en la tenencia de la tierra, o vigencia de un régimen despótico. Veamos algunas de las expresiones que abundan en el documento.

A juicio de los autores en “Colombia ha predominado una concepción de la política en la cual el disenso o la oposición son vistos antes que como elementos constitutivos de la comunidad política, como amenazas a la integridad de esta o a la concepción de orden dominante en cada momento”. De allí se desprende “una tentación latente al pensamiento único o al dogmatismo, que limita con la violencia o la alimenta. Es bajo esta perspectiva que el campo político integró como rasgo distintivo de sus dinámicas la eliminación del adversario o del disidente.” En consecuencia  esa “precariedad democrática se expresa también en la primacía de las salidas represivas y militares para abordar los conflictos sociales derivados de los reclamos de la población frente a la desigualdad, la corrupción, el racismo, la pobreza y la exclusión.”

Eso en lo político. Pero también en lo social, pues los intentos “de ampliación democrática en el plano institucional que se iniciaron desde los años ochenta no marcharon a la par de la democratización social”. Por el contrario, se verificó un proceso de “cooptación del Estado por parte de los actores armados ilegales”, trayendo como resultado una “democratización sin democracia o 'Estado de Derecho sin democracia'”, dentro del cual la “democratización social y política sigue siendo una realidad inconclusa”. A los viejos problemas de desigualdad y exclusión, que originaron la violencia, se “suman otros nuevos, que muestran las dinámicas inauguradas por el narcotráfico, la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales y las alianzas criminales entre paramilitares, políticos, servidores públicos, élites locales económicas y empresariales, y narcotraficantes, todas ellas señaladas en el informe del GMH sobre tierras y territorios en las versiones de los paramilitares.” No podría faltar la muletilla consabida de que “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado.”

El papel de la guerrilla en todo ese entramado aparece desdibujado, pese a referencias anecdóticas sobre sus tropelías, más bien como “víctima” de las infamias del sistema, que ha reaccionado por medio de las armas para tratar de ponerles coto. En consecuencia la responsabilidad de esta tragedia nacional no reside fundamentalmente en ella, a juicio del GMH, sino en el Estado, las clases dominantes, los partidos tradicionales, las fuerzas armadas y el paramilitarismo.

Un panorama pintado a la medida de los narcoterroristas. Que consiste, de manera sencilla en invertir por entero las cosas y adjudicar a otros las propias culpas. Hablar de “pensamiento único”, de falta de democracia, de mezclar la violencia con la protesta social, de relacionar la violencia con las “dinámicas” del narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades, es referirse a la naturaleza y actividad de las bandas que delinquen a nombre de la revolución, más que al Estado colombiano. De eso hablaremos luego.

En diferentes ensayos he analizado con cuidado estos argumentos y los he rebatido, recurriendo al auxilio de conocidos pensadores e investigadores. Haré de nuevo un sucinto relato de los mismos.

No es cierto, en primer lugar, que la violencia contemporánea se haya originado en los desarreglos sociales existentes. Empecemos por decir que la guerrilla no representa los intereses de ninguno de los segmentos de nuestra sociedad que reclaman o protestan con uno u otro motivo, ni su existencia y accionar bélicos es resultado de un levantamiento de los explotados y discriminados. Por el contrario, es proverbial su aislamiento de los sectores populares y reiterado el rechazo masivo -hasta llegar a valerosa resistencia civil- que recibe de ellos. Si de alguna relación de causalidad pudiéramos hablar sería en sentido inverso: la violencia se ha convertido en una de las primeras, si no la primordial causa de desbarajuste económico y social. Aquí no es “partera de la historia”; más se parece a una sepulturera.

“El problema social no determina el levantamiento armado”  sentenció, desde las filas de la izquierda, hace más de una década, Francisco Mosquera. Y añadió: “En Colombia, la violencia calificada de social hunde sus remotas raíces en una táctica terrorista de liberación propiciada por Castro y sus conocidos patrocinadores, y no en la miseria del pueblo. En ninguna parte la indigencia genera guerras emancipadoras. He ahí la gran mentira con que miles de redentores han justificado entre nosotros todas las aventuras, las atrocidades y las demencias de más de un cuarto de siglo.”  Conclusión que no se desprende sólo de una observación cuidadosa de la situación. Estudios académicos bastante serios , publicados en los últimos años, corroboran con creces que no hay ningún nexo de causalidad científicamente probado, en un período de tres o más décadas, entre las variables que caracterizan la violencia (tasa de homicidios, secuestros, atentados contra la infraestructura, crecimiento de los grupos armados, etc.), y las variables básicas que miden la situación económica y social (crecimiento del PIB, coeficiente Gini de distribución del ingreso, evolución del gasto social, etc.).

Las comparaciones internacionales completan el cuadro de las explicaciones nativas. Una cifra elevada de países, más pobres que Colombia, sumidos varios en la indigencia, registran ambientes de tranquilidad y escasa violencia. No hay evidencia internacional de que la desigualdad social derive sine qua non en insurgencia armada. Y nuestra historia da otro mentís a esas elucubraciones. Luego de las guerras civiles del siglo XIX, desde 1903 hasta 1948, por espacio de casi medio siglo, Colombia vivió uno de los períodos más pacíficos que se recuerde, con unas tasas de homicidio similares a las de los países menos violentos del Orbe; pero la desigualdad, las condiciones de pobreza y otros traumas eran no iguales, sino mayores que los actuales. ¿Entonces?

En segundo lugar, tampoco la insurgencia armada de grupos de extrema se explica por la existencia de un régimen despótico y militarista. No solo porque el Frente Nacional instaurado entre 1958 y 1974, pese a las limitaciones acordadas para aclimatar la convivencia entre los dos partidos históricos posibilitó la más amplia oposición (recuérdense el MRL y la ANAPO), sino porqu efectivamente logró la superación del cruel período de la llamada Violencia, que se había disparado en 1948. Además hoy día, después de los cambios vividos por el país en las últimas décadas, y a 40 años de haber concluido el Frente Nacional seguir perorando sobre ese argumento es un expediente por completo fraudulento.

Precisamente una paradoja que revelan los estudios más serios sobre la violencia reciente (que el GMH ignora) tiene que ver con el papel del Estado. Ha sido usual afirmar que la insurgencia se explica también por la represión estatal que cierra las vías para el ejercicio pacífico y democrático de la política. Contra tal dogma se había a su vez rebelado Francisco Mosquera, representante de la izquierda marxista no involucrada en la criminalidad desbordada de esta etapa, hace más de dos lustros cuando expresó: “Las fuerzas armadas no son las responsables del conflicto”. Hecho que ahora, además de corroborado, ha sido ampliado por varios de los investigadores citados en mi primer columna, no solo porque cuantitativamente la aplastante mayoría de los actos de violencia son cometidos por los grupos al margen de la ley, sino porque estudios múltiples demuestran que es más bien la debilidad del Estado la que ha favorecido en alto grado la proliferación de los grupos ilegales y sus actividades. La eficacia del sistema judicial, medida por el número de capturas y de sentencias condenatorias, es casi nula. La ausencia de autoridades militares en buena parte del territorio nacional es la regla. Condiciones más que favorables para el florecimiento de la impunidad y el crimen. No son la represión, el autoritarismo y un Estado militarista monumental, el origen de la pérdida de la tranquilidad, sino más bien, y he ahí la otra paradoja, un Estado frágil, abrumado por el delito, y cuya dirigencia ha carecido de voluntad política para asegurar la tranquilidad ciudadana, hasta el punto de provocar con su indolencia la proliferación de grupos de justicia privada.

Esto, sin considerar que el Estado, antes de 2002, otorgó a la guerrilla tratamiento inaudito, de contraparte equiparable a las instituciones legítimas, como sucedió durante el gobierno de Belisario Betancur con los acuerdos de La Uribe, que elevaron a canon legal la combinación de las formas de lucha, permitiendo a las Farc más que duplicar sus frentes armados; o como sucedió en el gobierno de Pastrana, con la insólita entrega de más de 40 mil kilómetros cuadrados a este grupo narcoterrorista, que tuvo similar fortalecimiento al de los acuerdos con Betancur.

Por lo demás, el argumento del paramilitarismo como justificación de la guerrilla es por entero trasnochado. De un lado porque este pavoroso engendro se debe más a las tropelías y desafueros de la guerrilla y a la desidia del Estado y las clases dirigentes, que otra cosa. Las guerrillas en Colombia nacieron 20 años antes que el paramilitarismo, por un lado; y por otro, pese a que fue desmontado hace más de ocho años, la guerrilla de las Farc y el Eln siguieron tan campantes.

Es innegable que la aparición de las guerrillas en Colombia obedeció, como lo dijimos en la columna anterior, a razones geopolíticas (por el enfrentamiento de la URSS –con Cuba como peón en el hemisferio- con EEUU) y de distorsión ideológica. Y su persistencia, en el caso de Colombia, incluso después de finalizada la Guerra Fría (a diferencia de los grupos similares en Centroamérica) obedece a otros factores, que no se pueden desconocer: la conversión en carteles criminales que se nutren de la expoliación de distintos sectores económicos, sobre todo aquellos que viven una situación boyante.

Numerosos análisis han demostrado que la intensificación de la violencia ha tenido y mantiene una ligazón estrecha con circunstancias diferentes a la situación social o política, pero sobre todo con la aparición de las llamadas “bonanzas”, en ciertos momentos y regiones, como los casos de la marihuana, el petróleo, las esmeraldas, la coca y la amapola, o la minería, para mencionar las más relevantes. El entronque entre los dos fenómenos es irrebatible. Hace unos años el expresidente López Michelsen, haciendo consideraciones parecidas afirmó que nuestra violencia, paradójicamente, no era fruto de la pobreza, sino de la riqueza, así dicha riqueza fuera de procedencia ilícita en varios casos, efímera y circunscrita a zonas reducidas y sectores minúsculos. Ya no hay duda en el país ni en el exterior, que los distintos grupos de alzados –guerrilla y paramilitares-, se han apoyado desde hace tiempos en estas actividades como fuentes vitales de su financiación.

De suerte que es una falsificación de nuestra historia colocar al Estado, sus instituciones, o las desigualdades sociales y económicas como las causantes de la vorágine de muertes y depredación. Hay que derruir ese mito levantado con paciencia por la izquierda marxista, los grupos violentos, y no pocos intelectuales que le hacen el juego a tan peligrosa teoría. Es al contrario. Eso no quiere decir que funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas, dirigentes políticos o económicos, no hayan cometido delitos o violado gravemente los derechos humanos y deban ser castigados. La gran diferencia reside en que lo hicieron en contravía de la normatividad y la política del Estado, que pese a sus imperfecciones representa legítimamente a la absoluta mayoría de los colombianos, han sido la excepción a la regla; mientras que los crímenes de las organizaciones guerrilleras –así como lo fueron los de los paramilitares- son de su esencia y han hecho parte de su trajinar, de sus políticas, de sus orientaciones, y no son meros hechos aislados: el secuestro, la extorsión, las masacres, el reclutamiento de menores, la colocación de minas antipersona, los atentados a población civil indefensa, el uso de armas letales no convencionales, etc., etc.

El gran juicio histórico es al contrario: es la izquierda marxista radical, con las guerrillas a la cabeza, la gran responsable de semejante tragedia nacional de las últimas décadas. En ese sentido tiene que pagar su deuda inconmensurable con la sociedad, no solamente en los estrados judiciales, sino ante el tribunal de la historia. Las nuevas generaciones, como en el caso de Alemania frente al nazismo, tienen que tener absolutamente claro quiénes fueron los protagonistas de esa etapa oscura y tétrica del país, para que tan nefasto episodio no vuelva a repetirse.