Colombia sufre de bipolaridad petrolera: en ciclos de aproximadamente 10 años pasamos de un extremo a otro: de temer que no tendremos gota de petróleo para exportar, a sentir que somos una especie de Arabia Saudita.

Fue así como, con los descubrimientos de Caño Limón y Cusiana, entramos en estado de delirio. Pero unos años después, al iniciar la década del 2000, vino la severa advertencia de que pronto tendría Colombia que empezar a importar petróleo.

Pero empezó de nuevo el ciclo, y apenas unos años después entramos de nuevo en la fiebre del petróleo. Los altos precios, la reforma institucional del sector y el deterioro de la situación en otros países de la región hicieron que muchas compañías, algunas grandes, otras pequeñas, se animaran a invertir y a explorar en Colombia. En regiones como el Meta se vivió un frenesí petrolero. En el Magdalena Medio y otras áreas tradicionales llegaron a reactivarse campos ya cerrados. La economía y las finanzas públicas del país sintieron el impulso del petróleo.

Pero ahora vuelven las nubes grises. Se calcula que las reservas de Colombia dan para unos seis años más. Y la ronda que acaba de realizar la Agencia Nacional de Hidrocarburos resultó para muchos decepcionante, pues no hubo el interés que el Gobierno hubiera querido de parte de las compañías internacionales.

Curiosamente, en dicha ronda fue muy pronunciado el interés por los bloques costa-afuera. Ese curioso factor puede mostrarnos en qué estamos fallando. ¿Por qué son tan atractivos los bloques costa-afuera? Porque ellos están al margen de los factores que hoy por hoy más afectan la actividad petrolera en Colombia: el terrorismo, y la llamada conflictividad social, que es un amplio concepto en el que hay desde demandas legítimas, hasta maquinarias organizadas para abusar de las empresas, pasando por problemas de consulta previa, comunidades étnicas, uso de vías, etc.

Pero lo que más desanima a las compañías no son esos factores, sino el desinterés y la falta de liderazgo que perciben en el Gobierno para solucionarlos. No ven en el Gobierno un garante de la integridad de sus inversiones y su personal frente al terrorismo, ni le perciben capaz de abordar la conflictividad social mediante el diálogo o la aplicación constitucional de la ley cuando se requiera. Y ahora que Colombia no es la única en la región con una institucionalidad atractiva (México acaba de realizar su reforma), el interés en nuestro país ya no está garantizado.