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Jueves 14 de Diciembre del 2017

Brasil: El temido “efecto espejo”

Publicado en:

Ignacio Gutiérrez Pita  | 

Autor(a): Ignacio Gutiérrez Pita  |

Fecha: 24/07/2015

 

Foto: jcnet.com.br

La primera presidenta del Brasil de género femenino, Dilma Rousseff, pasa por uno de los momentos más difíciles correspondientes al primer término de su segundo mandato constitucional, como consecuencia de la investigación abierta, desde marzo de 2014, por la Procuraduría General de la República, y por la Policia Federal (PFB), denominada lava jato (que significa, literalmente: lavado de chorro) mediante la cual se intenta descifrar pormenores de una supuesta intriga multimillonaria fraguada desde las entrañas del poder público con el fin de favorecer el enriquecimiento ilícito de un número indeterminado de altos funcionarios gubernamentales, coludidos con empresarios de entidades de cobertura nacional e internacional, ávidos de contratos de construcción y operación, aparentemente otorgados (entregados gracias al tráfico de influencias) por la empresa gubernamental más grande del país: Petrobras.

Este caso que afecta a la mayoría de partidos políticos locales, y a personajes del tamaño de los ex presidentes, Luis Ignacio Lula da Silva y Fernando Collor de Mello, además de la propia primera mandataria en turno, es clara muestra del grado de descomposición al que han llegado los más altos estamentos públicos del país más rico de la región latinoamericana, y la forma en que, con toda naturalidad, interactúan con empresarios dispuestos a invertir capital en extorsiones que les produzcan pingües beneficios, y en la mayoría de los casos, la certeza jurídica de que la ley no se constituirá en un obstáculo para proceder, – incluso con garantías de impunidad y silencio cómplice para todos -, con sus acciones en contra del patrimonio común de todos los brasileños.

Las pesquisas adelantadas por la Procuraduría General de la República, y la Policía Federal, han cumplido con 53 mandatos judiciales, emitidos en siete estados del territorio nacional, incluyen la apertura de investigaciones en contra de 47 políticos, entre los que figuran, 22 diputados federales, 12 senadores, 12 ex diputados, y una ex gobernadora. El caso más emblemático es el del ex presidente Collor de Mello, quien renunció a su alta investidura en 1992, un día antes de que se iniciara un “juicio político” es su contra por corrupción. El ente investigador confiscó, del domicilio particular, del ahora senador Collor de Mello, tres vehículos de alta gama: un Ferrari, un Porsche, y un Lamborghini, además de un portafolio con documentos que lo podrían implicar en un soborno calculado en 6.3 millones de dólares, que habría demandado como contra prestación para la obtención de beneficios ilícitos en detrimento del patrimonio de Petrobras.

La lista de altos dignatarios públicos, incluye a los respectivos presidentes de las dos Cámaras que integran el Congreso Federal, el diputado Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y el senador Renán Calheiros, también, del PMDB, que hace coalición con el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT). Se investigan, a su vez, a integrantes de la Social Democracia Brasileña (PSDB), del Partido Laborista (PTB), y del Partido Progresista (PP), entre otras formaciones políticas.

Para la presidenta Rousseff, el trago ha sido bien amargo, ya que ha visto caer a un mínimo los índices de popularidad de que disfrutó en algún momento de su paso por la primera magistratura. De acuerdo con las últimas mediciones de la encuesta nacional MDA, el 70.9% de la población, desaprueba su gestión gubernamental, principalmente, como consecuencia de los fenómenos de corrupción y de la recesión económica que vive el país. Las misma muestra estima que el 69.2% de los encuestados consideran que Rousseff tiene algún grado de culpa en uno y otro de los casos abordados; porcentajes similares se obtuvieron frente a la pregunta sobre si debía ser llamada a “juicio político”: 62.8% contestó a favor de su destitución; frente a 32.1% que estarían en contra.

Es indudable que Brasil atraviesa por una crisis política de alcances inimaginables, que la misma se presenta por segunda ocasión en la historia reciente del país, y que como consecuencia última, se vislumbra la hipótesis de llamar a un “juicio político” a la jefe de estado, que podría ser destituida, sin que para ello el andamiaje institucional del gigante latinoamericano pudiera verse afectado por un colapso. De darse el caso, y esperemos que no sea así, el país se volvería a levantar, tal como lo hiciera aquel mes de diciembre de 1992 en el que el Congreso Federal iniciara el procedimiento en contra de Fernando Collor de Mello, quien quedó inhabilitado para ejercer cargo público por un período de ocho años.

El verdadero temor que ya se percibe cerca de la clase política de los países que integran nuestra región geográfica, es que el ejemplo del Brasil – para bien, o para mal – pudiera llegar a constituirse como una especie de “efecto espejo”, que podría afectar el modus operandi prevaleciente en los distintos regímenes cleptocráticos (mi México querido) que hoy pululan en nuestro entorno más inmediato.

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