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Lunes 20 de Agosto del 2018

Campanazo a la reforma

Publicado en:

El Nuevo Siglo  | 

Autor(a): Editorial  |

Fecha: 25/04/2015

 

Foto: eluniversal.com.co

Preocupante diagnóstico del Consejo de Estado

Repensar el proyecto de “equilibrio de poderes”

Si   bien las polémicas han estado a la orden del día alrededor del proyecto de acto legislativo denominado “reforma al equilibrio de poderes”, que avanza ya en sexto debate en el Congreso, el crudo diagnóstico que sobre sus alcances hizo el Consejo de Estado debería llevar a hacer un alto en el camino en su ya de por sí accidentado trámite. No sólo por tratarse de la voz autorizada del máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, en el entendido de que la Corte Constitucional no puede pronunciarse a fondo sobre un tema que luego va a conocer en ejercicio de su control de exequibilidad, sino porque sus advertencias recogen varias de las críticas y falencias advertidas por distintos sectores, incluyendo algunas de las referenciadas desde estas páginas.

Los reparos del Consejo de Estado son de mucho fondo y sería un craso error que Gobierno y Congreso los obviaran o sólo les pongan atención cuando el proyecto haya cumplido su trámite parlamentario y cobre vigencia.

De entrada advierte el alto tribunal que el proyecto “es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisación”. Y si este es ya un señalamiento grave, más lo es aquel según el cual la iniciativa en cuestión “afecta de manera significativa la estructura establecida por el Constituyente de 1991, lo que podría implicar una sustitución a la Constitución. Además, no guarda una unidad de materia, puesto que mezcla asuntos estrictamente políticos de carácter electoral o partidista con una reforma en la estructura y organización de la justicia”. A línea seguida se advierte lo que muchos sectores han recalcado sin eco en el Ejecutivo y el Parlamento: “el proyecto de reforma en relación con la justicia es insuficiente, en la medida en que no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama Judicial como el presupuesto, la descongestión, mayor acceso a la justicia, seguridad jurídica, etc., lo que hace que resulte inconveniente”.

No parecer ser la intención del alto tribunal descalificar todo el articulado, ya que apoya varios de sus planteamientos, al tiempo que da campanazos sobre otros. Por ejemplo, respalda la eliminación de las funciones electorales de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero advierte, como se había señalado en estas páginas, que si dichas competencias se pasan a otras ramas del Poder Público, entonces se genera una “concentración y un desequilibrio de poderes”, es decir, todo lo contrario al objetivo de la reforma o al menos de su pomposo nombre.

El alto tribunal considera también que si bien los magistrados deben tener un juez independiente, imparcial y eficaz, la propuesta de crear una Comisión de Aforados “no cambia en nada el sistema actual, puesto que jueces de naturaleza política (congresistas) van a juzgar causas comunes y netamente jurídicas, como sucede hoy en día, lo que ha sido en parte una de las tantas razones de la crisis del juzgamiento de los actuales aforados”.  Otro de los peros del Consejo de Estado en torno de que el Presidente de la República designe a los primeros magistrados de esa Comisión, parece ya está en vías de subsanarse, al menos en la ponencia para sexto debate en discusión en la plenaria del Senado.

El resto de observaciones del alto tribunal no es de bajo calado y requiere, por igual, respuesta clara y oportuna. Deben ser analizadas de manera objetiva para establecer, más allá de las coyunturas políticas, los celos institucionales y los intereses en juego alrededor de la iniciativa, los correctivos y ajustes al articulado que sean procedentes. Y, lo más importante, es que el Gobierno evalúe la propuesta de crear una Misión Justicia que elabore un proyecto integral de reforma constitucional a esta rama del poder público. Todo el país sabe que esa reingeniería es urgente desde hace muchos años, pero aun así, pese a la profundidad de la crisis y a la grave afectación ciudadana, sigue pendiente.

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