En tiempos de Belisario Betancur y de Andrés Pastrana, el país aprendió que ceder ante las Farc.

En el 2012, cuando el presidente Juan Manuel Santos se la jugó por un proceso de negociación con las Farc para lograr su desmovilización, lo asistían buenas razones: se trataba de aprovechar en la mesa la debilidad de ese grupo tras sufrir durísimas derrotas militares. El mandatario sostuvo entonces que el proceso duraría meses: sabía que la prolongación indefinida terminaría por minar su credibilidad entre la opinión pública, como ya ocurre. Además, se comprometió a atenerse a la agenda de negociación acordada en la etapa exploratoria y a no tratar con las Farc temas por debajo de la mesa.

Dos años y medio después del inicio formal de los diálogos, está claro que el proceso dura mucho más que algunos meses y que poco avanza desde cuando arrancó la discusión sobre las penas efectivas que pagarán los comandantes, rebajadas y mucho por vía de justicia transicional.

Por otra parte, asoman temas que no están en la agenda y resulta inevitable sospechar que decisiones del Gobierno como el final de la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato –tantas veces demandado por las Farc– son guiños que Santos les hace para impulsar el acuerdo. Prueba de que el tema no radica en el glifosato es que su aspersión no quedó prohibida para quienes usan ese herbicida en cultivos lícitos desde hace décadas.

No entro a discutir si dicha suspensión es buena o mala, pero me sorprende que el Gobierno la haya adoptado sin tener un plan B para evitar que los cultivos de coca se sigan disparando. The New York Times, que ha respaldado la mesa de La Habana, reiteró el viernes que, según cifras de Washington, esos plantíos crecieron 39 por ciento en el país en el 2014, cuando bajó el uso de glifosato. Al no contar con un programa alternativo, Santos les hace un gigantesco favor a las Farc y a los demás grupos narcos.

¿Por qué Santos cede tanto? La razón es que está desesperado por convencer a las Farc de aceptar un modelo de justicia transicional que implique que los comandantes paguen alguna pena por sus crímenes. Y está desesperado porque a esa posibilidad las Farc le dicen no, no y no.

Eso explica el festival de guiños del Gobierno. A la suspensión del glifosato se suman las declaraciones del comisionado Sergio Jaramillo que abren la puerta para que el jefe guerrillero ‘Simón Trinidad’, culpable de atroces secuestros y asesinatos y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, termine sentado a la mesa de La Habana, algo jamás insinuado en la agenda que el mismo Jaramillo negoció con las Farc.

Este jueves, una detallada noticia de El Espectador –no desmentida por el Gobierno– mencionó un documento en estudio en la mesa para que el tiempo que los comandantes han pasado en Cuba negociando –y paseando en catamarán y tomando whisky– les cuente como pago efectivo de sus eventuales penas. Semejante despropósito no merece mayores comentarios, pero confirmaría el afán del Gobierno por contentar a las Farc.

Lo mismo sucede con el viaje a Cuba del jefe del Eln, ‘Gabino’, autorizado por Santos para que charlara con ‘Timochenko’, casi al mismo tiempo que ese grupo terrorista dejaba en macabra exhibición en Convención (Norte de Santander) la pierna que perdió el soldado Edward Ávila en un campo minado. (Recorderis: hace un año, en plena campaña electoral, el asesor presidencial Frank Pearl dio a entender que el inicio de negociaciones formales con el Eln estaba de un cacho. No era cierto.)

La mesa de La Habana está varada porque las Farc no aceptan justicia transicional alguna. Y el Presidente no sabe qué más hacer para reblandecerlos. Pero se equivoca: en tiempos de Belisario Betancur y de Andrés Pastrana, el país aprendió que ceder, ceder y ceder ante las Farc es algo que, más temprano que tarde, los colombianos pagamos con sangre y fuego.