Al término del ciclo 43 de negociaciones de paz en La Habana, las Farc reiteraron que el tema de justicia transicional ya está cerrado, mientras que el Gobierno reveló puntos aún por desarrollar.
La discusión entre las delegaciones de paz del Gobierno y de las Farc en torno al acuerdo alcanzado sobre el tema de justicia transicional, subió ayer de tono. A una declaración pública de Iván Márquez, jefe negociador de la guerrilla, en la que una vez más insiste en que ese asunto es caso cerrado e insta al Ejecutivo a “honrar la palabra empeñada”, Humberto de la Calle, su contraparte en la mesa de diálogos, le respondió que el Gobierno sí está comprometido con el cumplimiento de lo pactado y que son las Farc las que faltan a la verdad.
Un toma y dame que prácticamente se viene dando desde un día después de que el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante del grupo subversivo, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, estrecharan sus manos en La Habana, tras revelar un comunicado de diez puntos de acuerdo en el que es considerado punto clave para concretar la paz: justicia. ¿La razón? Para la guerrilla, el asunto quedó cerrado, redactado y firmado. Para el Gobierno, el acuerdo aún está en construcción.
Polémica que ha sido alimentada además por declaraciones a diestra y siniestra, incluyendo a quienes estuvieron asesorando la mesa de negociaciones en La Habana. Como Álvaro Leyva, quien en entrevista con el diario El Tiempo, manifestó que “no puede hablarse de un acuerdo a partir de un comunicado que trataba de complacer a las partes”. O Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, quien en diálogo con Blu Radio habló de ambigüedad en el Gobierno, al confundir privación de la libertad y restricción de la libertad. “Se están haciendo especulaciones que no ayudan en nada”, dijo.
Lo cierto es que según lo que expresó ayer Iván Márquez, existe preocupación en las Farc por lo que consideran puede ser un “desfase inconveniente entre la plena vigencia del componente de justicia y los plazos que nos hemos impuesto para la firma de la paz”. De paso, el jefe subversivo reiteró, por enésima vez, que el país debe entender que “este no es un proceso de sometimiento, sino un diálogo entre partes iguales”, y cuestionó que se sigan tomando medidas unilaterales por parte del Ejecutivo para resolver asuntos propios de la mesa, “como está ocurriendo ahora en el Congreso con el tema de la implementación de los acuerdos”.
Acto seguido, el jefe negociador de las Farc lanzó sus dardos: “Cuando se cruzan por el camino incertidumbres y tropiezos por caprichos, contradicciones, egoísmos o simples malquerencias, apelamos a la palabra empeñada, a la prevalencia del honor y al valor de la verdad. Es el caso de los 75 puntos (los que constituyen el acuerdo completo sobre justicia) y el listado de sanciones que constituyen la jurisdicción especial para la paz”.
Y también le respondió al procurador Alejandro Ordóñez frente a la tesis de que una de las exigencias de la guerrilla dentro del proceso de paz es que el expresidente Álvaro Uribe vaya a la cárcel: “Las Farc nunca hemos hecho propuesta alguna pensando en un único destinatario, sino buscando lo mejor para todo nuestro pueblo y ponerle fin a la impunidad. La sinvergüencería no puede ser un instrumento de paz. El señor procurador no tiene vergüenza”, concluyó Márquez.
Pocas horas después, Humberto de la Calle salió a la riposta. “La delegación del Gobierno rechaza los términos de la declaración leída por Iván Márquez, en la cual sostiene que el Gobierno ha faltado a la palabra empeñada. Esta afirmación no es cierta”, arrancó diciendo. Y reveló que desde un comienzo se sostuvo que el documento de 75 puntos sobre el acuerdo de justicia transicional era un documento en desarrollo “que exigía ser terminado y precisado” y que así se lo habían hecho saber a las Farc.
Para despejar dudas, quizás no solo de la guerrilla sino también de gran parte del país político, De la Calle reveló algunos de los puntos que aún no están definidos y sobre los cuales hay discrepancias entre Gobierno y Farc. “No creemos que haya formas de secuestro que puedan ser objeto de amnistía. El alcance y las condiciones de las garantías frente a la extradición deben ser precisados. Insistimos en que hay interpretaciones del abogado de las Farc sobre las características de la restricción de la libertad que son inaceptables y que están por debajo de los mínimos que exige la comunidad nacional e internacional”, enfatizó.
Asimismo, no se ha resuelto todavía lo que tiene que ver con el tratamiento de los agentes del Estado, lo cual además depende de decisiones en Colombia. Y la elección de magistrados del tribunal de paz que se planea crear no ha sido acordada. El camino a seguir, al menos en lo que sugiere el Gobierno, es que el grupo de juristas que asesora las negociaciones de paz en Cuba se reúna para tratar estos puntos, algo que por ahora no acepta la guerrilla.
Ayer, a instancias de los países garantes –Cuba y Noruega–, se trató de acercar a las partes. Hoy seguirán las conversaciones buscando acordar un cronograma de trabajo con el fin de solventar la situación presentada con ese agudo cruce de declaraciones. De la Calle, a nombre del Gobierno, ha enfatizado en que el compromiso indeclinable es con la paz y por eso el acuerdo “tiene que hacerse en condiciones que satisfagan el interés y la sensibilidad de los colombianos y de las víctimas”.
