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Jueves 24 de Mayo del 2018

Clientelismo judicial

Publicado en:

El País  | 

Autor(a): Luis Guillermo Restrepo Satizabal  |

Fecha: 01/06/2014

 

En medio de la campaña electoral, donde la negociación con las Farc parece ser la bandera a pesar del veredicto de las urnas, una noticia salió de la Corte Constitucional, que da esperanzas sobre el cambio que debe producirse para encontrar la paz, esa sí verdadera.

El pasado miércoles se reunió la Corte para escoger su candidato a la Contraloría General de la República. Quedaban cinco aspirantes: Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema y supremo exponente del clientelismo judicial junto con su compadre Augusto Ibáñez; Camilo Tarquino, exmagistrado de la Corte Suprema, Clara Inés Vargas, exmagistrada de la Constitucional, Edgardo Maya, exprocurador y Gilberto Rondón, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

Es decir, con excepción del exprocurador doctor Maya y de Rondón, todos son exmagistrados que intervinieron en la elección de los que hoy eligen. Es el pago de favores a través del cual los jueces se apoderan de los órganos de control donde, a la vez que satisfacen apetitos burocráticos ejercen el control, o presión, sobre el resto del Estado e impiden que esa función la ejerzan personas con los conocimientos idóneos para ello.

Pero la noticia no es que los cinco aspirantes perdieron sus posibilidades al no conseguir la mayoría: la verdadera noticia fue que uno de los magistrados, según Caracol, dijo algo sorprendente: “En lugar de depurar de clientelismo, de roscas y de amigos los órganos de control, ese mal se trasladó a las cortes”. Y remató: “No se inscriben los buenos porque las Cortes se quedan con el amigo, con el compañero de trabajo”. Y de acuerdo con la periodista María Isabel Rueda en la W, el magistrado Mauricio González expresó: “No pueden seguir distrayendo a la Corte con funciones electorales que la alejan de su deber de cumplir su función Constitucional”.

Con esas palabras, dos personas con capacidad de participar en la rosca electoral que envenena a la Justicia reconocen que lo que está pasando allí huele mal y debe cambiarse. Quizás pueda afirmarse que Pinilla no votó porque ya sale de la Corte, o porque está impedido de votar por quienes lo eligieron. Y que González votó a pesar de que dijo lo que dijo. Pero no hay duda que describieron el grave daño que le ha causado a la credibilidad de del Estado de Derecho la politiquería en la Justicia.

Y hay mucho más. Es que la justicia no camina. Lo dicen los índices de impunidad en la rama penal, así como los de morosidad en la civil y la administrativa. Son verdaderas vergüenzas que no parecen conmover a los magistrados embebidos en el carrusel del ‘yo te elijo para que tú me elijas”. Son síntomas de que la justicia oficial está de espaldas a la gente, impulsando con ello la justicia por mano propia, el hacinamiento en las cárceles, los hechos de sangre y la incertidumbre de los derechos civiles. Es decir, no está cumpliendo su misión y debe ser replanteada.

Cambiar eso es el verdadero proceso de paz que necesita Colombia. Porque sin justicia no existe civilización y el ordenamiento jurídico es un cascarón vacío. Porque lo que tenemos es una justicia clientelizada que impide la solución de los conflictos de la sociedad y da paso a que los grupos de violencia, las Farc y los paramilitares incluidos, se sientan con autoridad para exigir la refundación de la República. Por eso son tan valiosas las constancias de los magistrados Pinilla y González.

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