La prioridad a nivel regional y local
Urgencias más allá del posconflicto
En un país como Colombia que soporta tantas problemáticas cruzadas a nivel regional y local, difícilmente se puede tener un mejor diagnóstico sobre la gravedad de las mismas que aquel que se deriva de los cortes de cuentas que hacen los gobernadores y alcaldes el día de su posesión y las medidas que cada cual proyecta para atacar los flagelos estructurales y coyunturales más urgentes. Una revisión de las ópticas expuestas por los mandatarios entrantes en departamentos y ciudades capitales, así como en municipios intermedios o pequeños, permite establecer situaciones que deben llevar al Gobierno nacional a evaluar si el top de las prioridades está bien formulado.
Mientras desde las altas esferas del Ejecutivo una de las peticiones más reiteradas a los nuevos gobernadores y alcaldes era que apoyaran el proceso de paz y se alistaran para el posconflicto, éstos, si bien ponderaron la importancia del tema, focalizaron sus respectivos discursos de posesión en que la inseguridad urbana es el mayor reto que enfrentan las entrantes administraciones, por encima de otros flagelos como la violencia derivada del conflicto armado, la crisis económica, el desempleo, la estrechez fiscal y otras problemáticas sociales. Fue un denominador común que los mandatarios se refirieran a cómo en sus jurisdicciones las poblaciones estaban desesperadas por el accionar de la delincuencia común. Robo de celulares, atracos callejeros, hurtos en casas y negocios, riñas, sicariato, microtráfico, mafias que se apoderaron del espacio público, microextorsión, prestamistas ‘gota a gota’, pandillerismo y ‘combos’ que atemorizan a sangre y fuego barrios y comunas, contrabando… En fin, un inventario de amenazas criminales de distinto espectro y de alto impacto público.
Aunque nadie puede negar los esfuerzos de la Fuerza Pública por reprimir esos picos de inseguridad urbana y rural derivada del accionar de la delincuencia común y organizada, es evidente que la situación amenaza con salirse de control en algunas zonas. A diferencia de lo que pasaba años atrás, cuando la mayoría de los delincuentes comunes actuaban individualmente o en pequeñas bandas, poco a poco, especialmente por el fenómeno de la ampliación de las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico”, más conocidas como Bacrim, se han empezado a estructurar redes más complejas que buscan manejar todo el espectro delictivo barrial, zonal, municipal e incluso regional. Son organizaciones que mutan constantemente y que así como manejan el microtráfico también ‘controlan’ otras actividades ilegales en lo que llaman su ‘territorio’ o cobran un porcentaje o especie de ‘franquicia’ a otros criminales por dejarlos operar allí. Esa nueva realidad delincuencial hace más difícil la labor de las autoridades, pues tan pronto capturan a un eslabón de la cadena delincuencial, es inmediatamente sustituido por la banda respectiva.
A lo anterior debe sumarse que no en pocas ocasiones tanto las autoridades como las víctimas de delitos, así como la ciudadanía en general, se desconciertan al ver que delincuentes que fueron detenidos en flagrancia o después de largas y detalladas investigaciones son dejados libres en cuestión de horas, días o algunas pocas semanas o meses, ya sea porque se considere que el monto de la pena a imponer es excarcelable o se determine que el sindicado “no es un peligro para la sociedad” y puede, entonces, salir de prisión o, a lo sumo, ser cobijado con casa por cárcel.
La crisis en algunas ciudades ha llegado, incluso, a que se proponga que las Fuerzas Militares también salgan a las calles a colaborar en temas de seguridad y convivencia ciudadana, dado que la Policía no tiene los suficientes recursos humanos y técnicos para hacerlo. Tampoco han faltado gobernadores y alcaldes que han propuesto redirigir partidas presupuestales de inversión social, gastos de funcionamiento y hasta de regalías hacia la ampliación de pie de fuerza, equipamiento policial, más estaciones, redes de cámaras de vigilancia en espacios públicos y otras medidas para enfrentar el desafío de la criminalidad a las comunidades.
Hay, pues, realidades y prioridades departamentales y municipales que exigen del Gobierno nacional una mayor sintonía. Es claro que el proceso de paz y el posconflicto son temas de primer orden, pero el primero aún está en trámite y el segundo todavía es una expectativa que ojalá se concrete lo más pronto posible, pues significaría dejar atrás varias décadas de conflicto armado interno y sangría nacional. Pero en el aquí y ahora, el campanazo que están dando gobernadores y alcaldes es otro, es el de la necesidad de adoptar planes y estrategias más audaces para disminuir la inseguridad urbana y devolverle a los colombianos la tranquilidad y convivencia.
