En septiembre de 1977 las centrales obreras colombianas se pusieron de acuerdo para llevar a cabo el más grande paro nacional de que se tenga referencia. Cerca de un millón de trabajadores cesaron sus actividades y marcharon por las calles colombianas defendiendo un pliego de peticiones absurdo que incluía, a manera de ejemplo, el  aumento de los salarios en un 50% y la reducción de la jornada laboral.

Aquel paro estaba perfectamente infiltrado por organizaciones armadas ilegales. Lo que empezó siendo una protesta legítima de las clases trabajadoras, desembocó en un acto de vandalismo generalizado. Saqueos, incendios, robos y abusos hicieron que la jornada de aquel 14 de septiembre sea catalogada como el segundo Bogotazo.

Ese festín criminal se selló un año después con el vil asesinato de Rafael Pardo Buelvas, rutilante dirigente conservador de la costa, que con verticalidad democrática en su condición de ministro de Gobierno enfrentó los desmanes criminales de los alevosos manifestantes.

36 años han pasado desde ese episodio y Colombia vuelve a experimentar un paro de grandes magnitudes. A diferencia del de los 70, el de hoy goza de una legitimidad inocultable. Transportadores, agricultores, lecheros, paperos, mineros y cafeteros han sido engañados, utilizados y manipulados por el gobierno nacional. Durante tres años los Ministros de Minas, Agricultura y Transporte le han mentido a las agremiaciones que hoy están en paro.

Han prometido ayudas que nunca llegaron, han ofrecido soluciones integrales que no pasaron del simple anuncio. En 2011 cuando los transportadores cerraron buena parte de las carreteras nacionales, el entonces Ministro de Transporte prometió que se fijaría una tabla de fletes que satisfaga las necesidades de los camioneros. Con ese pacto se levantó el paro. Han pasado dos años y medio y el gobierno, fiel a su talante, incumplió.

Con los cafeteros, hubo un compromiso a comienzos de este año y el Ministro de Agricultura -concentrado en ver cómo diablos mimetiza los delitos cometidos por los amigos, financiadores y Embajadores del Presidente Santos- no ha hecho nada para llevar a cabo lo que entonces se firmó.

El paro que empezó en Colombia es el reflejo de la extendida insatisfacción por el desgobierno que estamos padeciendo. Santos concentró su atención en sacar adelante el proceso de paz y olvidó que su mandato consiste en gobernar a más de 45 millones de ciudadanos y no en encontrar la manera de conceder perdones a los terroristas.

El gobierno debe garantizar el derecho que les asiste a quienes están en la calle reclamando legítimamente por sus derechos y exigiendo que el Ejecutivo cumpla lo que prometió. Sería muy preocupante que el Presidente decida reprimir la protesta ciudadana con el uso de la fuerza. En vez de amenazar con enviar a la tropa, Santos debe salir de Bogotá, empaparse de las necesidades reales de la gente y cumplir los compromisos adquiridos.

El uso de la fuerza es necesario en caso de que grupos antisociales y terroristas se aprovechen de las marchas para llenar de pánico a la sociedad alterando el orden público como sucedió en el 77.

Así el gobierno quiera seguir manipulando a la opinión pública con la agobiante propaganda oficial que día a día nos llega a través de los “enmermelados” medios de comunicación, la realidad difiere de lo que se nos quiere hacer creer desde la cumbre del poder. Nuestro país está descuadernándose, la inseguridad campea, la economía perdió el impulso que traía y, lo que es más grave: la brecha social ha aumentado como consecuencia de las erráticas políticas asistencialistas que se pusieron en marcha desde que Juan Manuel Santos llegó al poder.