Desde la Ley de Justicia y Paz, no se había suscitado tanto interés nacional como el que existe alrededor del proyecto gubernamental unificado sobre la Ley de Reparación a las Victimas y de Restitución de Tierras, respaldado por vertientes políticas distintas , algunas de las cuales hacen parte en el Congreso de la Coalición de Unidad Nacional del Gobierno del Presidente Santos.
Esta particular concepción de política pública transicional, enmarcada en la defensa del los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, aspira a la aplicación de justicia para los colombianos que han sido y son sujetos ciertos de la violencia de los grupos armados ilegales que le han “declarado la guerra” a la sociedad y al Estado (1). Cuando entre en vigencia la ley obligará al gobierno a asumir responsabilidades que todavía están siendo dimensionadas y en medio de una violencia que aún no termina.
El proyecto de Ley , con extenso articulado y numerosos parágrafos, resume las diversas concepciones y observaciones de organizaciones políticas, gremiales, cívicas, personalidades e investigadores que esperan, con su aprobación, un sendero de paz para una patria dispuesta a continuar el combate contra las actividades criminales de las bandas asociadas con el narcotráfico.
Sobre el mismo han fijado posición desde los que esperan encontrar un resquicio para iniciar la “revolución agraria” predicada desde la década del sesenta del siglo pasado, hasta los que alertan que en su contenido puede estar abierto el camino para una nueva violencia, al no delimitarse claramente tanto las pretensiones como las garantías de seguridad para la concreción de los derechos a las víctimas y a los desheredados de la tierra.
Para garantizar la validez jurídica y eficacia financiera del proyecto, ha suscitado gran debate la identificación y calidad de las víctimas y victimarios; el ámbito de su aplicación en tiempo y espacio para sus beneficiarios; la integralidad y límites de la reparación; la concreción de las acciones que implica dicha reparación; la correspondencia del desarrollo de estas acciones con las demás políticas sociales en marcha dentro del marco de una economía equitativa y competitiva que demanda la sostenibilidad de las finanzas públicas del Estado en un mundo global y convulsionado como el de hoy.
Los datos aproximados presentados sobre las víctimas de la violencia en los últimos veinte años y el número de hectáreas de tierra que les han sido arrebatadas no son de poca monta. El señalamiento oficial de reintegrar la posesión de dos millones de las mismas a desplazados en el transcurso de cuatro años, junto a algunas experiencias de restitución adelantadas en algunas partes del país, señalan un camino de concreción de aspectos importantes contemplados en el proyecto, aunque no exento de dificultades.
Toda medida encaminada a reparar a las víctimas propiciada por la acción violenta de los grupos al margen de la ley suscita el apoyo de los colombianos que anhelan caminos de paz para enfrentar la tragedia del desplazamiento con acciones gubernamentales que, de acuerdo al contenido de la ley que se apruebe , contribuya en términos reales y factibles a la reparación de las víctimas.
Por todo lo que implica, la aprobación de esta Ley es una gran prueba para la política de Unidad Nacional del presidente Santos que repercutirá necesariamente en el resto de acuerdos para la aprobación de la nutrida agenda legislativa gubernamental en beneficio de la seguridad y prosperidad democrática del país.
Corresponde a toda la sociedad velar para que la aprobación de este proyecto y la aplicación del mismo corresponda a la concreción de sueños que guarden correspondencia con la realidad nacional a fin de que no se conviertan en nuevas frustraciones.
Cumpliendo con este propósito el Observatorio Legislativo del Centro de Pensamiento Primero Colombia, impulsará la investigación, fomentará el debate y contribuirá a la difusión de la actividad legislativa encaminada a fortalecer las posiciones consecuentes en la defensa de la institucionalidad democrática de Colombia como requisito para el desarrollo sostenible en beneficio de todos sus habitantes.
(1) Después de la política de Paz del gobierno de Belisario Betancourt en 1.984, los llamados grupos insurgentes, que derivaron en grupos terroristas aliados con las fuerzas del narcotráfico, se extendieron a todo el país y continuaron su declarada guerra contra el Estado Colombiano. La aplicación de la teoría de “combinación de todas las formas de lucha” comprometió en su apoyo a algunas organizaciones de izquierda que actuaban al amparo constitucional, sufriendo parte de sus militantes las consecuencias de la confrontación y de la acción de nuevos grupos ilegales armados como los llamados paramilitares, organizaciones que finalmente terminaron haciendo causa común para enfrentar al Estado.
