Como era de esperarse del actual Congreso colombiano, el martes se aprobó, con la oposición del Centro Democrático y del Conservatismo, el llamado Acto Legislativo para la Paz. Es decir, el órgano legislativo colombiano se comprometió a ratificar todo lo que el gobierno y las Farc convengan en La Habana, sin saber aún qué se va a acordar. Para ello se modifica la Constitución, de forma tal que el trámite de sus posibles reformas, sobre lo que se acuerde en Cuba, se facilite y no necesite de dos vueltas. Es decir, que los cambios constitucionales, por importantes que sean, no requieran que, como hoy en día y como ha sido siempre, tengan que ser aprobados en dos legislaturas diferentes, sino que lo sean como una simple ley ordinaria y esta, además, solo tendrá tres debates (y no cuatro).
Hay que aprobar a las volandas todo lo que los negociadores de Cuba convengan. Más aun, en virtud de este acto legislativo, todo proyecto de ley o de acto legislativo futuro deberá ajustarse al llamado Acuerdo Final, según lo determine el gobierno, que tendrá que avalarlos previamente.
Como si esto fuera poco, se otorgan al Ejecutivo facultades extraordinarias, durante seis meses, para legislar por decreto y “facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final”, lo que recuerda las famosos leyes habilitantes utilizadas por Chávez y Maduro para omitir la intervención del Legislativo.
El tal Acuerdo Final hará parte de nuestra Constitución: “una vez se firme y entre en vigor, ingresará al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta durante la implementación” y “será considerado como un Acuerdo
Especial en los términos de los convenios de Ginebra”.
Esto último significa que el actual gobierno lo quiere considerar como un Tratado Internacional, aunque no olvidemos que, como lo han manifestado destacados tratadistas, los acuerdos internacionales de los convenios de Ginebra se refieren a aquellos sobre derechos humanos.
Farc y gobierno han querido que los convenios que eventualmente firmen (y falta mucho para ello, más de lo que el gobierno dice) no puedan ser modificados por nadie, pero en derecho constitucional se previene contra las constituciones llamadas “rígidas”, a las que se ponen muchos obstáculos para ser reformadas, pues son una invitación a las vías de hecho.
Un convenio con la guerrilla de las Farc impuesto al pueblo colombiano mediante argucias y falsos dilemas, que conlleve impunidad para los asesinos del Club El Nogal, para los principales narcotraficantes del mundo, para los criminales de Bojayá, para los grandes secuestradores y extorsionadores, no es justicia y no conducirá a la paz. La restricción de los criminales a ciertas áreas del territorio no es castigo, es impunidad, a pesar de la propaganda oficial.
