¿CONSTITUYENTE PARA LAS FARC?

Era obvio que el pulso fuerte estaría acá, en el punto dos de la Agenda, el de participación política, porque es donde se juega el futuro de la guerrilla. Si fuera verdad que llegaron a la conclusión de que no pueden triunfar por la vía armada y las convencieron de que aquí puede darse un fenómeno similar al de otros países del continente, donde la izquierda radical llegó al poder por vía de las urnas y se ha atornillado ahí para no moverse, desmontando a cuenta gotas el sistema democrático, es previsible que las Farc intenten conseguir en la mesa todo lo que les sea posible para garantizar su acceso al poder.

Para eso pactar una constituyente, en particular una de carácter corporativista, es fundamental. Las Farc saben que no pueden competir voto a voto, porque su apoyo popular es minúsculo, y, en consecuencia, buscan que la representación se haga una parte por vía directa, con cupos asegurados para ellos, y otra por sectores sociales, de manera que puedan poner sus fichas, penetradas como están las organizaciones campesinas, indígenas, universitarias, judiciales y sindicales. Advierto que no estoy diciendo que todas esas organizaciones ni todos sus miembros pertenezcan o sean afines a las Farc.

No lo son. Y la prueba está en las amenazas de la guerrilla, no suficientemente condenadas por los medios y por el Gobierno, a la CGT y a Julio Roberto Gómez. Nada que detesten más los radicales que a la izquierda democrática que les copa espacios sociales y políticos que ellos creen que son suyos. Pero no es menos cierto que el partido comunista clandestino y el movimiento fariano han infestado y controlan muchas de las organizaciones sociales. Asegurar su participación en una constituyente es clave para la apuesta política de la guerrilla.

La constituyente es, pues, el camino para ganar lo que no consiguieron mediante las armas. Y hay muchas razones para no entregarles semejante triunfo. La primera y más importante, porque no lo merecen. Las Farc no solo no tienen ninguna legitimidad ni representación social, sino que son una pandilla de criminales crueles y sanguinarios que no han tenido límite alguno en la búsqueda de sus objetivos. Además, fueron derrotadas militarmente. Aquí no ha habido ni guerra civil ni empate militar, como sí los hubo en Centroamérica.

La segunda, porque el régimen político colombiano, consagrado en la Constitución del 91, es, con todos sus defectos y debilidades, amplio, representativo y democrático. No estamos frente a un sistema autocrático, como los de las dictaduras del Cono Sur, o discriminador, como el de Guatemala o el de Suráfrica del apartheid, o políticamente bloqueado, como el de El Salvador. No hay, pues, necesidad ninguna de un pacto refundacional del Estado, que fue la naturaleza de los acuerdos de paz centroamericanos.

La tercera, porque sería abiertamente injusto y un paso atrás premiar a los violentos. No hay ninguna razón para favorecer a las Farc y, en cambio, hacerlo tiene un mensaje que incentiva la violencia: las armas sí pagan y traen beneficios y ventajas políticas. Beneficiar a las Farc desestimula a quienes hacen política cumpliendo con la ley. Más aun, Colombia tiene que dar un paso adelante en cultura política y dejar atrás, de una vez por todas, una larga historia de tratamiento favorable del delito político y de quienes usan la violencia como instrumento ideológico.

En los países civilizados la motivación política es un agravante del delito. Además, no es entendible el retroceso. La Constituyente del 91 no fue pactada y si los representantes del M-19 tuvieron en ella el 28%, fue porque se lo ganaron a voto limpio. Y en el proceso con los paras hubo verdad, justicia y reparación y ningún beneficio político. Aquí no debería haber menos.

Y por supuesto, dice bien Santos, si no van a entregar las armas, no hay nada que hablar. Todo este sapo que quieren hacernos tragar es solo para eso: para que entreguen las armas. Si no, hay que pararse de la mesa. Si ya lo sabe el Presidente, ¿qué está esperando?.

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