Mafias tras contratos de alimentación escolar
Urge centralizar el esquema de contratación
No se sabe qué termina siendo más grave en torno a la racha de escándalos en los contratos para la alimentación escolar en Colombia: la indignación que produce ver cómo hay redes de corrupción y desgreño administrativo que son capaces de lucrarse afectando a los niños y jóvenes, o que el Estado no haya sido capaz de frenar esta clase de abusos pese a que han sido advertidos desde hace varios años y siempre se prometen múltiples reformas y controles para asegurarse que los desayunos, almuerzos y refrigerios que se suministran a los menores de edad cumplan con los estándares de calidad, cantidad y balance nutricional.
Es claro que hay mafias que se han enquistado alrededor de la contratación pública. Mafias que se han ido especializando poco a poco en determinadas áreas y dominan cada uno de los aspectos de las mismas. Controlan a través de intrincados esquemas de complicidades y pasividad en el control institucional desde la definición de los temas a contratar, el cálculo presupuestal, los diseños de licitaciones o adjudicaciones directas así como el direccionamiento de las mismas para que favorezcan a determinado proponente y oferente, hasta la selección de las auditorías, certificaciones anómalas de cumplimiento de las tareas e, incluso, cuentan con personas que en los entes de control les garantizan impunidad cuando quedan al descubierto las anomalías. Mafias que años atrás esquilmaron millonarias sumas de las regalías, que luego se fueron especializando en otros asuntos de inversión pública como el régimen subsidiado de salud, los ‘colados’ en el sistema de identificación de subsidios a personas de bajos recursos, estudiantes ‘fantasmas’ en las instituciones públicas y ahora tienen metidas sus garras en los contratos de alimentación para los niños y jóvenes de las escuelas y colegios públicos.
¿Qué puede pasar por la mente de un corrupto que con tal de ganar dinero ilegalmente no le importa arriesgar la vida de los más inocentes como son los niños? ¿Qué tan perdidos están los valores en una sociedad en la que hay personas que son capaces de suministrar a los menores alimentos contaminados, en proceso de descomposición, preparados sin las más mínimas normas de higiene y, peor aún, servidos en la mano a los estudiantes y en porciones tan pequeñas y desbalanceadas nutricionalmente que, como lo dijera una indignada profesora días atrás, atentan contra la dignidad humana? ¿Qué dice la dirigencia política y regional de muchos departamentos y municipios en donde se les relaciona con las empresas que están, literalmente, robándose la plata de la alimentación escolar?
Ya está visto que gran parte de la corrupción y desgreño administrativo que se enquistó en estos contratos se debe a que hay una debilidad insólita a la hora de controlar y verificar qué tipo de alimentos se suministran a los alumnos. No se entiende cómo es posible que existiendo tal cantidad de antecedentes sobre las anomalías que se cometen en este campo, no tengan las personerías, contralorías y procuradurías regionales y locales sistemas de alerta temprana para detectar las irregularidades. Prueba de ello fue que el último escándalo en este campo, ocurrido en un colegio de Aguachica (Cesar), se puso al descubierto por una valiente e indignada profesora y no por la investigación de alguna entidad de control.
Aunque siempre se ha dicho que las democracias más representativas y abiertas son aquellas que profundizan sus sistemas de descentralización de decisiones, autonomía presupuestal y niveles de ejecución, está probado que en lo que tiene que ver con los contratos para la alimentación escolar esto no funciona, pues darles a los gobernadores y alcaldes la facultad para definir las empresas que deben prestar este servicio, por el que el Estado paga diariamente millonarias sumas, lo único que logró es que las redes de corrupción montaran un complejo sistema para quedarse con los dineros, así ello implique arriesgar vidas y salud de millones de niños en el país. En ese orden de ideas, bien podría empezar a estudiarse si no es necesario volver a centralizar toda esta política y que sea una entidad del orden nacional la que se encargue de la adjudicación y vigilancia del cumplimiento de los contratos, con mecanismos de alerta temprana y control en tiempo real. No puede creerse que con judicializar ahora a unas pocas decenas de personas involucradas en los últimos escándalos, este flagelo va a desaparecer.
Todo lo contrario, se recicla con impresionante rapidez e impunidad, como aquellas empresas que han cambiado tres, cuatro o cinco veces de nombre para quedarse con los contratos. Hay que tomar medidas de fondo, radicales. De lo contrario más temprano que tarde otra vez el problema volverá a evidenciarse, incluso con saldo fatal.
