Adán Quinto fue asesinado el 09 de abril, “Día de las víctimas”. Es una paradoja que precisamente ese día el país sume como víctima a un líder de ellas, desplazado de sus tierras por las Farc y sus compinches y amenazado de muerte. La contradicción es aun más grave porque a Quinto el Gobierno que debía protegerlo le redujo al mínimo su esquema de seguridad.
Conocí a Quinto siendo agente del Estado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso de desplazamiento en la cuenca del río Cacarica. Fui a Urabá a oír de primera mano su testimonio y el de otros líderes negros. Con base en sus declaraciones y las versiones libres de varios guerrilleros desmovilizados, alegamos que el grueso del desplazamiento había sido ocasionado por las Farc, en el marco de un plan masivo en el Chocó y en Urabá. La Corte no dio mérito a las versiones coincidentes de los líderes negros y los exguerrilleros y, en cambio, sí les dio valor probatorio a unas versiones de paramilitares que involucraban a miembros del Ejército. Por qué la Corte IDH dio todo el peso a unas declaraciones, las de los paras, y en cambio ninguno a otras, las de los exguerrilleros y los líderes negros, es un misterio.
Pero esta columna no trata de eso sino de Quinto, que tuvo el coraje de denunciar a las Farc y las oenegés que, en su opinión, le estaban ayudando a la guerrilla para quedarse con el territorio de sus hermanos. Quinto sostenía que una oenegé colaboraba para dividir las comunidades y para despojar de sus tierras a los negros que no estaban de acuerdo con la guerrilla.
En palabras textuales que usó en una carta dirigida al Papa Francisco, entregada a través de la Nunciatura Apostólica en Bogotá, Quinto decía “nuestra lamentable situación es desesperada, las comunidades negras de Curbaradó, Jiguamiandó y Cacarica estamos siendo exterminados dentro y fuera de nuestros territorios por las ONG en asociación con las Farc, bajo la mirada indolente y cómplice del gobierno de Colombia, a nuestros líderes el Estado les niega la protección para dejarnos indefensos ante las armas de las Farc” y agregaba que “los feligreses que nos oponemos… somos objeto de persecución, amenazas contra nuestras vidas, pues la ONG dirigida por el padre Javier Giraldo se encuentra asociada con el grupo armado ilegal Farc, en especial con el frente 57 y a través de las armas homicidas han asesinado a nuestros líderes que han osado elevar su voz y contar la verdad de cómo la ONG en asocio con las Farc tienen algunas comunidades prisioneras en las mal llamadas zonas humanitarias”.
Después de recordar a Manuel Moya, Graciano Blandón y a su hijo, líderes negros asesinados por las Farc el mismo día en que la Corte Interamericana les negaba medidas de protección con base en un informe negativo de la inefable CIDH, “por atreverse a denunciar la alianza entre la ONG y la guerrilla”, Adán Quinto auguraba: “Su Santidad, quizás cuando esta carta llegue a sus manos, muchos de nosotros ya habremos muerto como pasó con nuestros hermanos”.
En efecto, el 18 de septiembre pasado a Quinto le quitaron el carro blindado que le habían asignado y le dejaron un escolta, advirtiéndole que solo lo acompañaría de día (por cierto, el día en que lo mataron, el escolta no llegó). Hay derechos de petición en donde Quinto ruega a la Unidad de Protección que al menos le giren el auxilio de transporte y se queja de que los funcionarios ni siquiera le pasaban al teléfono. Y no es que la Unidad no supiera quién era Quinto o sus problemas de seguridad. Como Quinto había confrontado en varias ocasiones a las personas del comité que decide las medidas de protección, yo mismo escribí al Ministerio advirtiendo que “hay que evitar que por esa razón no les den (a Quinto y a otros líderes negros amenazados) la protección que necesitan. A mi me basta pensar en Moya y Blandón y se me para el pelo. Allá la cosa es en serio y las Farc a estos líderes en verdad los persiguen y, si pueden, los matan.” Y lo mataron.
