En mi libro “El gran fraude”, publicado a mediados del año pasado luego de una intensa investigación sobre asesinato de sindicalistas en Colombia, anuncié que se venía preparando con todo cuidado una campaña para demandar en Europa a varias multinacionales presentes en nuestro país, por su supuesta responsabilidad en homicidio de líderes laborales.

Dicho y hecho. En marzo pasado se presentó el primer alegato en Suiza contra la multinacional Nestlé, dueña de Cicolac, que opera en el departamento de El Cesar. El Tribunal Federal de aquel país envió la demanda a finales de noviembre al ministerio público del cantón de Vaud, donde funciona una sede de la multinacional de alimentos, para que la examine.

La demanda es extraña. Su sustancia, según la revista Semana (15/03/2012) “estriba en un hábil truco jurídico sin precedentes en Europa”, consistente en acusar a la empresa de “homicidio por negligencia”, es decir por no proteger a sus trabajadores en riesgo en una situación de violencia como la que ha vivido Colombia. Algún olvidado artículo del código penal helvético, nunca antes utilizado, parece sustentar las pretensiones de los acusadores de demandar una empresa por un delito cometido en otro país.

Lo paradójico es que la víctima, Luciano Romero, al momento de su asesinato en septiembre de 2005, no trabajaba en Cicolac, sino como taxista, pues hacía tres años había sido despedido de la empresa luego de un paro declarado ilegal por el Ministerio de Protección Social en octubre de 2002. Paramilitares autores del crimen fueron juzgados y condenados en Colombia. Como no hay pruebas de ningún tipo contra la empresa, los demandantes alegan que un jefe paramilitar –Salvatore Mancuso- reveló en una audiencia del proceso de Justicia y Paz, que las AUC habían recibido aportes económicos de varias compañías, entre ellas Cicolac. Es, en verdad, el único sustento de los demandantes, bastante débil. La multinacional ha negado siempre que haya prestado apoyo a criminales; por el contrario, ella y sus empleados fueron víctima de atentados, amenazas y extorsiones por años.

La demanda en Suiza ha sido presentada por un bufete de abogados alemanes conocido como Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y SINTRAINAL, sindicato del ramo de alimentos en Colombia, filial de la CUT. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) ha prestado la asistencia jurídica desde acá para la elaboración de la demanda. Otras entidades, como la Escuela Nacional Sindical (ENS), han sido muy acuciosas en respaldar estos litigios, aportando información estadística sesgada, cuando no amañada, y análisis tendientes a denostar de las multinacionales. Curiosamente la ENS subsiste sobre todo por aportes de la Unión Europea.

No se conoce aún el monto de indemnización solicitado en Suiza, pero debe de ser alto, a juzgar por lo que ha ocurrido con similares litigios en Estados Unidos. Efectivamente, sindicatos colombianos aupados por la CUT y con el soporte jurídico del CAJAR han presentado en cortes norteamericanas numerosas demandas, apoyadas por sindicatos y otras ONG de allá, con acusaciones similares contra Coca-cola, Drummond, Chiquita Brands y otras multinacionales bananeras. Un analista tasó en la increíble suma de 11.000 millones de dólares las indemnizaciones exigidas. Hasta hoy los fallos de los jueces y tribunales han sido desfavorables a sus pretensiones.

En mi libro examino con cuidado tal estrategia, que persigue dos fines claros. De un lado el político, centrado entre otros propósitos, en bloquear los TLC. Precisamente este año que se está terminando de formalizar el que Colombia firmó con la Unión Europea, se radica la demanda citada en Suiza. El otro cometido es obtener jugosas recompensas, con indemnizaciones desmesuradas. El CAJAR es experto en estos menesteres, como lo ha acostumbrado en la CIDH (remember Mapiripán), y como lo ha intentado en Estados Unidos.

Ahora, además, se ha facilitado una nueva oportunidad para semejantes aspiraciones, con la decisión de la Fiscalía de Colombia de reabrir investigación contra Chiquita Brands y otras multinacionales bananeras, por supuesta colaboración con paramilitares, proceso que ya había sido archivado por un fiscal de Medellín a comienzos de este año alegando que las empresas fueron obligadas a pagar extorsiones y que semejantes aportes no fueron voluntarios. El Fiscal Montealegre desestimó esas conclusiones y ordenó reiniciar las averiguaciones.

Los colectivos y comisiones de abogados de marras, al igual que las ONG y sindicatos que trabajan de consuno con ellos, estarán de plácemes. Ya el bloqueo a los TLC perdió interés, es una batalla perdida, se entiende. Pero un ¡ábrete Sésamo! inusitado ha hecho girar las puertas de los gélidos tribunales suizos y los tropicales colombianos, reviviendo en los inveterados e interesados litigantes de víctimas las ambiciones de acceder a fastuosos tesoros escondidos detrás de sus estrados. 

* Director Blog Debate Naional del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).