Ya lo habían pronosticado las Farc, que no solo hablan más claro y contundente sino estratégicamente más coherentes que los negociadores del Gobierno, que, “mientras continúe el proceso de paz se van a presentar hechos como el secuestro del general Alzate, e inclusive muchos más graves”.

Los resultados con los ataques escalonados no pueden ser más evidentes. El país está notificado de lo que puede seguir pasando en materia de orden público. Lo que viene no serían solo villancicos de navidad con panderetas y natilla. Además con unas Fuerzas Armadas desestimuladas, con la moral maltrecha, la situación podría volverse más difícil de lo que hoy está.

No queremos ser aves de mal agüero. Pero las Farc advierten que mientras pasan los días y el Gobierno maneja este proceso a punta de bandazos y de anuncios efectistas para tener a la comunidad internacional alucinada y al pueblo colombiano ilusionado, la situación por difícil que sea se va haciendo susceptible de empeorarse. Es como si la ley de Murphy gravitara sobre el conversatorio de La Habana.

El panorama no es claro. Es de gran complejidad. Algunos cabecillas de la insurgencia insisten que no pagarán penas de prisión por sus crímenes de lesa humanidad. La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, advierte con dureza que “cualquier acuerdo de paz al que se llegue en Colombia así como el marco jurídico para la paz, debe ser compatible en el Estatuto de Roma”. El mismo que no admite impunidad para los crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. La pita entonces se enreda.

Orientadores de opinión pública piden la entrega efectiva de las armas de los combatientes ilegales para incinerarlas. La guerrilla contrarréplica: solo hablaremos de la dejación de armas. Entrega y dejación no son palabras sinónimas. Y menos admiten plantearse como simples discusiones semánticas como lo dijera un confundido negociador del Gobierno. Como están las cosas, creemos que la tesis de la subversión se impondrá sobre unas instituciones arrinconadas y maltrechas.

El proceso pasa por momentos amargos. Su credibilidad se va desgastando. Así lo reflejan las encuestas. Hacer un referendo, una consulta popular, o una Constituyente para avalar el acuerdo de Cuba, es correr riesgos de repercusiones imprevisibles si no hay hechos concretos de paz que convenzan a un pueblo ya invadido por el escepticismo. Sin respaldo de opinión pública, sin confianza en los actores de las negociaciones, es bien difícil cristalizar el acuerdo de paz que los colombianos de bien esperan con la vigencia de la justicia y de la sincera reparación.

El pueblo colombiano necesita paz y justicia. Las busca y las anhela. Lográndolas sí con dignidad. Sin que se les dé la espalda a sus reacciones, a sus sentimientos, a sus convicciones. Que se garantice su viabilidad y perdurabilidad.

Ojalá el 2015 sea el año de consagrar lealmente los acuerdos. Como eficaces documentos, sin engaños y sin el sometimiento miserabilista del Estado. Y que la comunidad internacional entienda que su mejor apoyo no es dándole palmaditas de cariño al Gobierno en la espalda, sino poniendo plata sobre la mesa para que el postconflicto sea menos amargo que estos 60 años de violencia.