La situación fiscal que vive el país frente al déficit de 12,5 billones de pesos, sumada a la situación del petróleo por las bajas reservas, la merma en la producción, reducción dramática de los precios internacionales del barril y los altos costos de su producción y el trasporte, tienen en vilo a los ministros de Minas y Energía, Tomás González, y de Hacienda, Mauricio Cárdenas; lo más grave es que el déficit fiscal en los próximos tres años es de 53 billones, sin tener en cuenta la disminución de los ingresos por concepto de las regalías, las utilidades de Ecopetrol y el impuesto con cargo a las utilidades del resto de las compañías petroleras.
La revista Portafolio, en uno de sus informes, describe que las reservas de petróleo solo alcanzan para 6,6 años, teniendo en cuenta un incremento del 2,38 % que se obtuvo en el año 2013 con la adición en reservas de 436 millones de barriles. Estas situaciones nos hacen pensar que el Gobierno no está haciendo lo necesario para prevenir el futuro, porque no está controlando el gasto y promoviendo la sustitución de ingresos por medio del crecimiento del aparato productivo, que reemplace los del petróleo.
La economía colombiana, según los expertos, va bien, pero su sostenibilidad no se ve clara en el caso de que se firme la paz, porque se necesitarán 12 billones adicionales para la primera fase del posconflicto, se requiere por parte del Gobierno ser austeros en el gasto, arrojados en la inversión y honestos en la ejecución del presupuesto; sin embargo, con los compromisos que tiene el presidente Santos para pagar los favores de la pasada campaña, no lo vemos probable, tampoco con la política de subsidios y el programa de viviendas gratis con cargo al presupuesto, que le está sirviendo al vicepresidente para promocionarse a nivel nacional.
Desconcierta la falta de apoyo a la industria, al Gobierno no le ha importado que el crecimiento sea negativo en los dos últimos años y en el presente apenas alcanza un 1,5%, y además la grava con más impuestos en la nueva reforma tributaria, en vez de estimularla con la rebaja de aranceles para la adquisición de bienes de capital que modernizarían e incrementarían la producción; esta sería la oportunidad con el crecimiento del valor del dólar, de reivindicar las exportaciones y por ende incrementar el empleo y mejorar el recaudo vía impuesto a las utilidades.
Así mismo el problema continúa siendo el campo, porque sigue deprimido y no tiene futuro con el criterio de incrementar los minifundios, sin programas claros de financiación y acompañamiento en técnicas de cultivo para asegurar su sostenibilidad, esta política ha fracasado desde la reforma agraria del Incora, implantada por el presidente Carlos Lleras; a cambio se dictan leyes para impedir que se utilicen grandes extensiones de tierra para generar cultivos intensivos, tal como se hace en los países desarrollados. Si el Gobierno gravara y controlara aún con la expropiación acelerada de las tierras mal explotadas, impulsaría el crecimiento del sector agropecuario y generaría mayor equidad en lo económico y lo social.
El petróleo no le asegura el futuro al país, por eso el Gobierno debe buscar con urgencia alternativas que le garanticen ingresos con el acompañamiento de los gremios de la producción, de lo contrario una paz sin más fuentes de trabajo será el principio del fin de nuestra democracia.
