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Martes 18 de Diciembre del 2018

Cuenta de cobro

En lo que va corrido del gobierno de Santos se han aprobado ocho reformas constitucionales y, solo en el 2011, 76 leyes, cuyo impacto fiscal se calcula en 4 billones de pesos.

Uno francamente no entiende a qué horas se le ocurrió a Juan Manuel Santos parecerse al peor presidente de la historia y no al mejor, si nos atenemos a una encuesta de Datexco del pasado mes de abril: Uribe, el mejor, según el 52 por ciento de los encuestados; Pastrana, el peor, de acuerdo con el 41 por ciento. 'Pastranear' es la actividad favorita del gobierno de Santos: viajes por decenas, leyes a granel, contemporización con los terroristas y arrebatos megalomaniacos, que lo llevan a ofrecer soluciones al conflicto judío-palestino, a la calentura entre las Coreas o a la destitución -legítima, por demás- del expresidente Lugo.

Y viajando andaba, donde nadie lo necesitaba, cuando se le derramó la leche. Como tahúr, su cálculo no falló: en el de nadie estaba que el mismo pueblo que dejó pasar, como si nada, ese exabrupto del marco jurídico para la paz, se rebotara por otra reforma constitucional menos dañina que la anterior.

A Santos no le salieron bien la lavada de manos y el endilgarle culpas, mezquinamente, al Congreso. El intento de pasar de agache se frustró porque el Presidente no convenció con el cañazo de que al Gobierno le metieron "gato por liebre". Nada de eso. El exmagistrado Jesús Vallejo Mejía lanzó en su blog (jesusvallejo.bl…) una hipótesis que muchos compartimos: la reforma de la justicia -que fue más bien una reforma política- era una retribución al Congreso por aprobar el marco para la paz.

Eso fue refrendado por algunos parlamentarios, que reconocieron que el Congreso recibe favores a cambio de tramitar la agenda que pasa el Gobierno, y por analistas como Alfredo Rangel, quien, en su cuenta de Twitter, exclamó: "Debemos denunciar que el Gobierno aceptó los 'micos' a la justicia a cambio de que el Congreso aprobara el marco para las Farc".

Y está claro que los tales 'micos', en su mayoría, no resultaron de adiciones subrepticias en la etapa de conciliación, sino que estaban entre lo aprobado por alguna de las cámaras con el beneplácito del Gobierno. No sobra recordar que el obsecuente exministro Esguerra -quien sí leyó el texto y tuvo la entereza de aceptar su responsabilidad sin acudir a subterfugios baratos, dignos de Simón el bobito- felicitó al Congreso por el trabajo realizado sin siquiera sospechar que sus palabras lo convertirían, necesariamente, en el chivo expiatorio de este escándalo.

La verdad es que no era un secreto el que la reforma se había convertido en una piñata, en un pago de favores para embotar de mermelada la maquinaria unanimista de un gobierno que quiere reelegirse a como dé lugar y que, gracias al engrase, ha hecho ochas y panochas con el marco jurídico del país en menos de lo que canta un gallo. En lo que va corrido del gobierno de Santos se han aprobado ocho reformas constitucionales y, solo en el 2011, 76 leyes, cuyo impacto fiscal se calcula en 4 billones de pesos, lo que supera el impacto de las ocho vigencias anteriores.

Santos va tras el récord de baja favorabilidad que Pastrana dejó en el 21 por ciento, y tiene tiempo de sobra para 'superarlo'. Las rechiflas al ministro Renjifo, en la Cámara, son la radiografía de la fractura que este episodio dejó entre el Gobierno y el Congreso, la cual solo se solucionará con mucha mermelada. Y los abucheos contra Santos en el Campus Party son una dramática manifestación del descontento generalizado hacia su gobierno, como había quedado de presente en las más recientes encuestas.

Lamentable o no, es casi un hecho que la reelección quedó colgada del alambrado. Y si Santos no retoma el ideario que le dio el respaldo popular y lo llevó al poder, seguirá oyendo rechiflas en todas partes y su gobernabilidad quedará vuelta añicos. Es que la gente no es boba; pasa cuentas de cobro para recordarles a los gobernantes que no tienen licencia para hacer lo que les dé la gana.
Saúl Hernández Bolívar
@SaulHernandezB

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