Como todo ciudadano, el señor Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

Grande ha sido el alboroto desatado por los señalamientos que se le hacen y que apuntan a que Otálora esté envuelto en prácticas de acoso sexual contra quien hasta hace poco fuera su secretaria privada.

Como congresista, pero sobre todo, como mujer, rechazo todo tipo de abuso contra nosotras. No tiene justificación alguna que una persona, valiéndose del poder que emana de su cargo, ejerza presiones indebidas contra sus subalternas.

El doctor Otálora le debe dar explicaciones a la justicia y a la sociedad. Él es el Defensor del Pueblo, el hombre que ocupa un cargo que la Constitución Política creó con la misión específica de velar “por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”.

Este episodio es en extremo desagradable. Las noticias que hemos venido recibiendo son altamente escandalosas y serán los jueces quienes nos digan si las imputaciones que se le hacen a Otálora son ciertas o no. Pero mientras esa decisión judicial llega, ¿qué vamos a hacer con la Defensoría del Pueblo? Una cosa es la responsabilidad penal y otra muy distinta es la responsabilidad política.

La integridad del defensor Otálora está en entredicho. Mucho se comenta de su manera de hacer las cosas y en las últimas semanas hemos conocido comportamientos suyos que generan desconfianza y llenan de dudas al ambiente. No solo están los cuestionamientos por su comportamiento personal en el trabajo y las denuncias que por abuso laboral y sexual hemos conocido, sino que también fuimos informados de una serie de contrataciones en la Defensoría del Pueblo que indican que el doctor Otálora no maneja con pulcritud el presupuesto de la entidad que dirige.

Por eso, como integrante de la Cámara de Representantes, célula legislativa que constitucionalmente tiene la misión de elegir al Defensor del Pueblo, poniendo de presente que a Jorge Armando Otálora se le debe respetar su presunción de inocencia, considero que él debe asumir la responsabilidad política que le cabe  y presentar renuncia irrevocable al cargo que actualmente ocupa.

No puede ser que un miembro del Ministerio Público, encargado de velar por los derechos de todos los ciudadanos, sea señalado de comportamientos ruines y éste siga, tan campante, ocupando su cargo. No. Lo decoroso, lo que exige la dignidad que él ocupa es que, mientras se surten los procesos penales y disciplinarios, Otálora se aparte del cargo y permita que los fiscales y procuradores hagan su trabajo de investigación correspondientes, para que sean ellos los que nos digan si son ciertas o no las gravísimas imputaciones que se le hacen.