Los ciudadanos no son convidados de piedra de los gobiernos. Aplauden lo que comparten y critican lo que los afecta. En la vida democrática, quien ejerce el poder está sometido permanentemente al escrutinio de los asociados.

Uno de los elementos distintivos de la teoría del “buen gobierno” del que tanto se enorgullece Juan Manuel Santos de aplicar en su ejercicio político es el de la rendición periódica y amplia de cuentas. El concepto que los norteamericanos han bautizado como el accountability que se ha convertido en una de las piedras fundamentales sobre las que se erige la relación de confianza entre gobernantes y gobernados.

El gobierno Santos, que fue presentado como una gestión que estaría depositada en una “urna de cristal”, ha carecido, pasados 27 meses de gestión, de esa necesaria rendición permanente de cuentas. Aquella falta de interacción con los ciudadanos ha generado insatisfacción en diferentes sectores de la sociedad.

Empecemos por las víctimas de la guerrilla de las Farc que han sido grosera y abusivamente excluidas de las charlas que se adelantan en La Habana. Los colombianos que anhelamos la paz, consideramos que ésta solo es viable en tanto en cuanto el acento de la generosidad sea puesto sobre las víctimas y no sobre los victimarios. Con la venia del gobierno, familiares de secuestrados, asesinados y desaparecidos, no han podido hacerse presentes en Cuba con el fin de preguntarles a las Farc por la suerte de los suyos. Este hecho, que de alguna manera se constituye en una revictimización , fue uno de los detonantes que desembocó en una iniciativa social a la que han llamado “Cacerolazo para Santos” el cual tendrá lugar en toda Colombia el próximo 5 de diciembre.

Amas de casa, desempleados, estudiantes universitarios, empresarios y colombianos comunes y corrientes se han ido sumando a la manifestación pacífica que busca notificarle al gobierno nacional, a través de un sonoro cacerolazo, que estamos profundamente insatisfechos con su gestión.

Si bien es cierto que muchos uribistas se han sumado, aquello no significa que ésta sea una inicitiva del uribismo. Por una razón muy simple: el desempleo, la falta de oportunidades, la inseguridad o el repudio frente al terrorismo no tiene color político. Colombianos de todas las condiciones e ideologías tomarán una cacerola y una cuchara para llamar la atención de un presidente que, pasado más de la mitad del periodo para el que fue elegido, no ha sido capaz de ir más allá de unos anuncios que se quedaron en eso, en simples anuncios.

Porque las tales locomotoras del progreso no arrancaron y creo que no arrancarán, porque la política de seguridad democrática no solo fue debilitada, sino abandonada por un presidente que en vez de hablar con sus gobernados, ha preferido enviar a su grupo más íntimo de colaboradores a charlar con los peores terroristas y narcotraficantes del hemisferio occidental.

Un gobierno que fue inferior al desafío que planteaba el litigio con Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Inferior en la forma y en el fondo, porque aunque quiera endilgar responsabilidades a administraciones anteriores, los alegatos de conclusión de Colombia fueron presentados en esta presidencia. El día de la lectura del fallo, la delegación nicaragüense estaba encabezada por el Canciller de ese país. Seguramente, la doctora María Ángela Holguín tenía otras ocupaciones lo suficientemente fuertes que le impidieron salir de Venezuela aquel trascendental e histórico día en el que fue menoscabada la soberanía de la Patria.

La lista de quejas podría ser interminable. Lo fundamental es que todo aquel colombiano que tenga alguna razón que lo incomode frente al gobierno nacional, el próximo 5 de diciembre salga a notificarlo a través de un cacerolazo que se convertirá en una sonora notificación al gobierno de que la realidad es muy distinta de aquella que muestran algunos medios de comunicación a los que les es imposible mimetizar su sesgo informativo.