El viaje de placer del terrorista del Club El Nogal autorizado por el exsecretario de la JEP es una de las mayores afrentas contra las víctimas en Colombia.

Cuando creíamos habernos tragado todos los sapos y pensábamos que era imposible que apareciera otro hecho que deslegitimara aún más la Justicia Especial para la Paz, vinimos a darnos cuenta de un suceso que ha resultado francamente inaceptable: el exsecretario de la JEP, Néstor Raúl Correa, le concedió un permiso especial para viajar “de descanso y turismo” al condenado terrorista Fernando Arellán quien organizó el atentado al Club El Nogal y recibió una condena de 40 años por parte de la justicia ordinaria.

De acuerdo con dicha autorización, el exguerrillero salió rumbo a Isla Margarita en Venezuela entre el 23 y 29 de marzo de 2018 y el omnipotente doctor Correa decidió en nombre del Estado colombiano que no había problema con que aquel delincuente se diera un respirito por unos días. Arellán fue excarcelado en septiembre del año pasado al amparo de los acuerdos con las Farc y aunque –¡De milagro!– no se ha volado, el simple hecho de que esté paseando a sus anchas con el aval de la JEP produce verdadera indignación.

Aunque sus cientos de víctimas aceptaron con generosidad que Arellán y sus colegas recibieran un tratamiento penal especial con tal de que cesara el doloroso ruido de los fusiles, aún el corazón más grande tiene sus límites y esta vez se han traspasado todos.

Una cosa es que exista alternatividad penal; incluso que como consecuencia de ella se conceda una libertad relativa y con condiciones. Lo que no puede ser aceptable es que hayamos llegado al colmo de permitirles a quienes se someten a la justicia transicional que gocen de absoluta impunidad y viajen por el mundo de vacaciones sin haber reconocido sus actos y cumplido sus sanciones.

Según una investigación de Noticias RCN, se conocen por lo menos seis autorizaciones más como ésta y los argumentos para concederlas son tan peregrinos como ofensivos. A otro de los postulados a la JEP le dieron permiso para irse del país en un “viaje cultural” y a dos más les otorgaron el aval para salir de Colombia de “visita familiar”.

La revictimización a la que están siendo sometidos varios ciudadanos que perdieron a sus seres queridos o quedaron con lesiones irreversibles como en el caso de El Nogal ha corrido por cuenta de una justicia paralela que todos los días comete más errores y que confirma los peores miedos de quienes la criticaron desde un inicio y vaticinaron que no serviría para castigar a nadie sino para proteger a los victimarios de manera vergonzosa.

A pesar de que los magistrados de la JEP han aclarado en las últimas horas que se trató de una acción discrecional del renunciado secretario ejecutivo, Néstor Correa, bien harían en pedirle excusas a las víctimas por semejante despropósito y enmendar la plana prohibiendo de tajo estos desafiantes viajes.

La JEP necesita quién la ronde y mientras no exista un poder que la limite y regule, nos corresponde a los ciudadanos señalar sus desaciertos y exigirle explicaciones frente a insultantes arbitrariedades como éstas.

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Mientras que todo esto ocurre conviene preguntarse por qué si Medicina Legal le informó esta semana al Ministerio de Justicia que el estado de salud de Jesús Santrich “es satisfactorio”, lo siguen teniendo en una casa religiosa y no en una cárcel ordinaria como cualquier otro extraditable. Si eso no es tener presos de primera y de segunda categoría, ¡Qué lo será!