El Congreso, , será el recinto de los nuevos diálogos para la paz dentro de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, con el fin de darle salida al “conflicto interno” reconocido en la nueva Ley de Víctimas que tuvo origen presidencial.
Este nuevo paso de la estrategia del gobierno , develado de manera enjundiosa por el editorial del Tiempo del 21 de Mayo pasado, debe concluir con la presentación de un nuevo proyecto de reforma constitucional de origen parlamentario, “para brindarle al presidente Santos un vital espacio de maniobra y una distancia estratégica para ponderar la sintonía de las propuestas con el querer de los ciudadanos” , en las mismas palabras del editorial.
Considera que esta salida “permite acompañar la ofensiva castrense y al mismo tiempo abrir la puerta que se cerró después de la desilusión del Caguán y la llegada de la política de Seguridad Democrática, eliminando de la opinión pública la idea de una rápida y avasalladora victoria armada sobre la guerrilla… idea que no está acorde con la correlación de fuerzas en el campo de batalla”.
De allí, se concluye, que “después de ocho años de una exitosa política de seguridad, la dirigencia nacional cuenta con un panorama más claro sobre los límites de su ejecución operativa y conceptual… para convocar en el Congreso a una discusión abierta – a través de la Comisión de Paz del Senado- que debe incluir actores políticos, sociales y académicos, para la reflexión, con miras a un producto legislativo que permita avanzar, práctica y conceptualmente, en una doctrina propia de paz, seguridad y conflicto”.
En concordancia con la Ley de Víctimas, primer paso legal para abrir el camino a esta nueva estrategia de apaciguamiento para la conciliación con las bandas narcoterroristas, el editorial, recogiendo los argumentos de los voceros de la Unidad Nacional en el Congreso en defensa de dicha ley, agrega otras razones en apoyo al nuevo acto legislativo, veamos :
-Dotar a los procesos transicionales de mayor velocidad y más énfasis para evitar, por medio de la eficiencia y la celeridad, que se activen otros escenarios de justicia internacional.
-La necesidad de ordenar el paradigma actual de Justicia y Paz, diseñando un conjunto nuevo de herramientas que eviten escollos jurídicos e incentivos perversos a los escenarios posibles de la reconciliación.
-Resolver en el nuevo marco jurídico cuestiones pendientes en la desmovilización de los paramilitares y el surgimiento de nuevas bandas criminales.
-Establecer la distinción legal de actividades puramente delictivas de narcotráfico de acciones armadas ilegales.
– Inclusión de militares condenados en futuros aparatos de justicia transicional.
– Obviar los obstáculos de la extradición y los componentes del delito político en los escenarios de negociación.
Todo lo anterior aclara la nueva hoja de ruta para la paz que se ha trazado el gobierno del presidente Santos muy diferente a la política de Seguridad Democrática que defendió conjuntamente con el presidente Uribe.
Conspicua labor le espera, al lado del Congreso , al Juez Baltazar Garzón como asesor en la misión de apoyo de la OEA para el nuevo proceso de paz iniciado en Colombia con la Ley de Víctimas. Por ejemplo :
– Conceptuar si el Estado, en representación del espíritu indulgente de los colombianos, continuará asumiendo los costos de la violencia que le declararon los victimarios terroristas, llámense FARC o paramilitares.
– Si el recinto congresional podrá darle cabida, en las nuevas negociaciones, a los voceros de quienes continúan aclimatando los nuevos diálogos de Paz con acciones terroristas.
– Si una nueva legislación transicional puede continuar poniendo en pié de igualdad al ejército de la constitucionalidad con los terroristas que le declararon la guerra al Estado, aliados con el narcotráfico.
– Si en apoyo al Principio de Jurisdicción Universal, quienes juraron y han defendido la constitución colombiana, serían juzgados en tribunales internacionales, mientras los terroristas continúan demandando escenarios legales nacionales para el indulto y el ejercicio político.
Lo único cierto es que los colombianos estamos abocados a nuevos “diálogos para la paz”, los cuales se vislumbraban en la discusión de la Ley de Víctimas, en los cambios de la cúpula militar, en controvertidos fallos de las altas cortes y en la nueva diplomacia en las relaciones internacionales.
Y la iniciación de los mismos , sin ninguna demora, le ha correspondido al Ministro del Interior y Justicia , al darle respuesta al reciente comunicado de la FARC en donde , contestando inmediatamente a la política de apaciguamiento del gobierno, hacen un llamado a “»una salida civilizada y política del conflicto”, renunciando a su vieja consigna de “solución política negociada al conflicto social y armado” .
Ha dicho en su respuesta el Ministro : “nadie va a construir un escenario para un protagonismo político sin hechos concretos que demuestren la voluntad real que les asiste para liberar a estas personas», haciendo referencia al acuerdo humanitario que piden las FARC en el mismo comunicado para que se “libere a todos los presos políticos que se encuentran en las cárceles del régimen y a los prisioneros de guerra en poder de la insurgencia».
Vaya ! , vaya ! : Un reconocimiento del “conflicto interno” en la Ley de Víctimas abrió ya las negociaciones hablando de presos políticos, prisioneros de guerra , insurgencia y hechos políticos que demuestren voluntad real.
A la congestionada agenda del Congreso para sacar adelante las políticas constitucionales de prosperidad, le corresponde agregar la nueva para el sustento jurídico y político a los diálogos iniciados, donde jugará papel destacado el congresista Roy Barreras, unos de los alfiles encargados de defender el nuevo proyecto.
En medio del batiburrillo político y legal propiciado por la nueva estrategia que deja sin efecto la Ley de Justicia y Paz y el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Víctimas, aún no evaluado por el país, desde el Observatorio Jurídico continuaremos atentos al análisis del segundo paso de esta legislación transicional.
Alfonso Lorza Director Observatorio Legislativo FCPPC Junio 2 de 2011