La idea de que a la universidad pública solo le faltan recursos es una falacia. El problema es estructural, y salvarla implica enfrentar sus demonios.

Las recientes manifestaciones para salvar la universidad pública responden a un problema crítico de nuestra sociedad: financiar los servicios públicos sociales. Las peticiones de los manifestantes se centraron en el presupuesto. Pero salvar la universidad pública implica enfrentar sus demonios internos.

El tema de recursos es una realidad. Año tras año, el déficit presupuestal aumenta. El Sistema Universitario Estatal (SUE) estimaba que para el 2017 era superior a 435 mil millones de pesos. Los aportes adicionales de este año suman 300 mil millones, pero son insuficientes. Se habla de necesidades de inversión colosales, cercanas a 18 billones, cifra que confirman la magnitud del problema que algunos creen que se pueden resolver con una huelga o rompiendo vitrinas.

La universidad pública tienen muchos problemas graves. En las regiones han sido víctimas de la politiquería. Los Consejos Superiores no escaparon a la repartija de mermelada del gobierno pasado. De la mano de los políticos llegaron profesores y directivos sin requisitos ni calidad. El mundo universitario, por su alejamiento de la realidad, los bajos salarios y el espíritu sindical, ha terminado por un ser refugio de mediocridad. Son pocas la unidades de investigación que mantienen un nivel y rigor académico. Muchas de las universidades públicas en las regiones no tienen resultados ni sus trabajos son relevantes en el plano de la investigación.

La autonomía universitaria, concebida como una garantía de independencia, ha sido desvirtuada. Escudados en la idea de que ser autónomo es estar por encima de cualquier forma de control, las universidades son reacias a aceptar el principio elemental de evaluación de gestión por parte de las entidades de tutela. Como ruedas sueltas, los campus universitarios actúan sin racionalidad económica y, en ocasiones, por fuera de la ley.

El exceso de ideología ha querido suplir la ausencia de calidad. En lugar de buscar la verdad, en la universidad pública abunda la prédica política. En ningún ente es más evidente que en la Universidad Pedagógica, en la cual el desprestigio y la violencia recurrente la han convertido en un símbolo de todo lo que va mal en el sistema. Si estos aspirantes a ser maestros representan, así sea una proporción minoritaria, a los docentes del futuro, poco podemos esperar del valor renovador de la educación pública.

La síntesis de un sindicalismo mal entendido, un rígido estatuto docente y la corrupción propia del sector público han erradicado la posibilidad de una gerencia eficiente de las universidades del Estado.

La idea de que a la universidad pública solo le faltan recursos es una falacia. El problema es estructural. Culpar al programa ‘Ser pilo paga’ o a los créditos del Icetex, que van al sector en su mayoría al sector universitario privado, es no entender la importancia que tiene la empleabilidad en las aspiraciones de los estudiantes y de sus familias.

Mientras la universidad privada, en medio de sus inmensas falencias, se esfuerza por responder a los retos de un mundo cambiante e inestable, sus similares del sector público pregonan el inmovilismo. Presos de un discurso cargado de ideología y de defensa de privilegios, parece no aceptar los retos de la modernidad.

Al gobierno de Duque le cae esta papa caliente que lleva años calentándose en medio de la inacción de los gobiernos anteriores.