Viernes 24 de Noviembre del 2017

Desmemoria histórica

Decir que el Estado debe ser el primero en pedir perdón es señalarlo como el principal responsable de la violencia y no es así.

Un inacabado ejercicio de contabilidad y un inaceptable ejercicio de manipulación histórica. Así podríamos resumir el informe del Grupo de Memoria Histórica, patrocinado por el gobierno y publicado en los últimos días.

Útil para tener una aproximación al tamaño de la barbarie que hemos vivido en los últimos 50 años, y como base para exigir que los responsables cuenten la verdad, reparen a sus víctimas y acepten la justicia. Inconvenientes sí sus sesgadas interpretaciones sobre las causas de la violencia, y sus discutibles recomendaciones para el posconflicto se convierten en la verdad oficial y el punto final para el entendimiento y la solución de nuestra tragedia nacional.

Empecemos por lo útil. El alud de cifras de actos bárbaros que contiene el informe sirve para respaldar la exigencia de la inmensa mayoría del pueblo colombiano de que no puede haber paz con impunidad. Guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública involucrados en tantos crímenes atroces deben contar la verdad y saldar sus cuentas con la justicia. La paz y la reconciliación nacional no se pueden lograr sobre la base del olvido, de la carencia de verdad y de la falta de justicia. Las heridas quedarían abiertas y se propiciaría un ambiente nefasto para el surgimiento de nuevas formas de violencia, de venganzas y de justicia por mano propia. La justicia es la condición de la paz, sin ella habrá más violencia.

El país está avanzando en este propósito y no se puede parar ni retroceder. Bajo la Ley de Justicia y Paz, alrededor de 4.500 paramilitares desmovilizados han confesado cerca de 40.000 delitos, 2.700 víctimas han sido escuchadas en esos procesos judiciales, 4.000 cadáveres han sido encontrados y entregados a sus familiares, y antes de una año habría condenas para cerca de 70 de sus jefes principales. Por otra parte, hay centenares de miembros de la fuerza pública que están compareciendo ante la justicia por delitos relacionados con la lucha contra el terrorismo. Ojalá que para ellos también haya una justicia imparcial, pronta y cumplida.

Pero infortunadamente en La Habana se está gestando una operación de impunidad sin límites para las FARC, por obra y gracia del desafortunado Marco Jurídico para la Paz que en mala hora aprobó el Congreso bajo el impulso de Santos. Fue un anticipo de impunidad, totalmente gratis y sin contraprestación alguna, para que las FARC aceptaran sentarse a la mesa de diálogos. El informe del Centro de Memoria es útil para recordar que este grupo terrorista cometió miles de asesinatos selectivos de civiles indefensos, centenares de masacres, realizó cerca de 16.000 secuestros, ocasionó miles de víctimas civiles de minas antipersona, reclutó a miles de niños, sometió a esclavitud sexual a miles de niñas, provocó centenares de miles de desplazamientos forzosos. El carácter sistemático y generalizado de estos delitos –como lo evidencian sus volúmenes– los convierten en delitos de lesa humanidad, que son imperdonables e imprescriptibles.

Pero el Marco Jurídico para la Paz establece que solo unos pocos de esos crímenes se van a investigar, que solo unos pocos de los responsables de esos crímenes van a ser juzgados y que al final del día los pocos condenados por los pocos crímenes juzgados serán perdonados mediante la suspensión de la aplicación de la pena. Impunidad total.

Esto sería absolutamente intolerable para el país, atentaría contra la paz y la reconciliación nacional, deslegitimaría cualquier acuerdo de paz, dejaría las heridas abiertas, volvería a victimizar a las víctimas, provocaría nuevas expresiones de violencia y nos ubicaría en la mira de la justicia internacional. Con esta perspectiva los diálogos de paz de Cuba son absolutamente inviables.

Sigamos con lo inaceptable. En el análisis y las conclusiones del informe se evidencian el sesgo y las preferencias ideológicas de los miembros del Grupo de Memoria Histórica. Eluden lo que es evidente: los principales agentes activos generadores de la violencia en Colombia durante las últimas décadas fueron los grupos armados marxistas que se establecieron como aparatos organizados de poder para impulsar proyectos político-militares con el propósito de tomarse el poder por la fuerza. En dos palabras: las guerrillas comunistas.

La violencia en nuestro país no se puede considerar una catástrofe natural inevitable, como un terremoto o un tsunami. No. Ni la pobreza, ni la inequidad, ni la injusticia provocan automática y necesariamente violencia. Eso está probado y demostrado por los más calificados científicos sociales en todo el mundo. Para que haya violencia sistemática se requieren agentes activos que se organicen para tal efecto, con unos objetivos, unas estrategias, unos planes y unos recursos. Eso fue lo que hicieron las FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y el PRT. Ese es el origen de nuestra violencia reciente, desde los años 60.

El Estado fue incapaz de controlarlos. Muchos miembros de la fuerza pública cometieron excesos y crímenes. Los paramilitares aparecieron como producto tanto de la incapacidad del Estado para combatir a las guerrillas como de la victimización generalizada de la población por parte de la guerrilla. Compitieron en barbarie con la guerrilla, aprendieron de ella a copar el poder local, se disputaron territorios a sangre y fuego.

Decir que el Estado debe ser el primero en pedir perdón es señalarlo como el principal responsable de la violencia. No es así. El Estado se defendió de la violencia de los grupos armados, que sí son los principales responsables. Invertir los términos de la responsabilidad es cohonestar con el discurso de las FARC, según el cual ellas solo se defendieron de la violencia oficial, son víctimas de la violencia, deben ser perdonadas, y al que se debe poner en la picota es al Estado como responsable principal. Pésimas conclusiones de un trabajo financiado con el dinero de todos, incluido el de las propias víctimas.

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