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Lunes 10 de Diciembre del 2018

¿Diálogos obligatorios y eternos? ¡No!

 Lo que realmente está sucediendo en La Habana se conocerá después. El registro será impreciso porque la historia es reacia a dejarse narrar con precisión, además de que los protagonistas no buscan dejarle a la posteridad testimonios que sirvan para reconstruir los hechos, sino elementos que dejen a salvo su conducta.

A estas alturas, entonces, la única opción es comentar solo aquello que se conoce públicamente.

Parecería que las obvias diferencias son tan profundas, que han impedido llegar a coincidencias sobre el objetivo y la estructura del proceso.

El Gobierno se sentó en una “mesa de conversaciones para poner fin al conflicto” y las Farc lo hicieron en una “mesa de diálogos para la paz”. Esto quiere decir que el presidente Santos busca que el terrorismo deje de echar bala y opte por hacer discursos.

En tanto, ‘Timochenko’ quiere que todo cambie según su visión del país, antes de abandonar la violencia homicida que martiriza a los colombianos.

Lo mismo sucede en asuntos como la agenda, el tiempo de duración de los encuentros, la participación de la sociedad civil, el manejo de la información y las etapas sucesivas que deben agotarse, para no hablar, por ahora, de los temas de fondo.

Las posiciones son tan distantes que ninguna de las manifestaciones hechas desde Cuba hacen posible identificar acuerdo en estas materias.

Por otra parte, hay actitudes y asuntos que preocupan aún más. La insistencia de las Farc en que el preámbulo del acuerdo base permite abocar cualquier materia, durante un periodo indefinido, obliga a poner el semáforo en amarillo.

Y si a lo anterior se agrega el contenido de la reciente comunicación que esa organización le dirigió al CICR, las preocupaciones se transforman en verdadera alarma.

En resumen, lo que plantearon apunta a que se las deje de considerar como organización terrorista para transformarse en sujetos de Derecho Internacional, y a que el documento que suscribieron con el Gobierno haga parte de la Constitución de Colombia.

Así de claro.

Las Farc pretenden que los diálogos sean una obligación para todos los presidentes en el futuro, hasta cuando consideren que el cambio de la estructura política, económica y social de la nación permita, por fin, hablar de paz.

Pero no paran ahí. Guardan silencio sobre el cumplimiento de los mínimos humanitarios para proteger a la población civil y plantean acuerdos especiales en procura de estrenar la nueva condición jurídica a la que aspiran.

Todo esto ocurre, para mayor sorpresa y malestar, cuando están ausentes las expresiones concretas y creíbles de una verdadera voluntad de paz.

El Gobierno no puede guardar silencio. Una cosa es la discreción, hija de la prudencia, y otra, la omisión dañina sobre asuntos de tanta gravedad. Cuando se trata de aspectos de tal trascendencia, como la pretensión de los diálogos obligatorios y eternos, el país reclama un rechazo claro y contundente.

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