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Sábado 15 de Diciembre del 2018

Dignidad contra insolencia

Publicado en:

El Espectador  | 

Autor(a): Darío Acevedo Carmona  |

Fecha: 11/05/2015

 

Foto: elespectador.com

Habitualmente el presidente Santos, el fiscal Montealegre y los miembros del Secretariado de las Farc nos sorprenden negativamente con sus posiciones sobre la paz.

Montealegre, por ejemplo, una vez más, se pone del lado enemigo al proponer, en unión de las altas cortes, la convocatoria de una asamblea constituyente para la reforma de la Justicia y el equilibrio de poderes, con el añadido de que en ella tengan representación los desmovilizados de las guerrillas.

Hay que tener en cuenta que para las FARC esa es una de sus banderas que con carácter de exigencia han planteado en las conversaciones habaneras. No es una cuestión ordinaria pues se trata nada menos que del mecanismo que ellas consideran apropiado para sentar las bases de la “refundación del Estado” y la “nueva Sociedad” en la que exigirán, al menos, la mitad de sus bancas. Este funcionario desdeña que ese es el peldaño con el que las Farc piensan acceder al poder. Menos mal, la Corte Suprema en pleno dio marcha atrás sobre este asunto y ojalá así lo hagan las demás.

Apoyado en su filosofía de exculpación de los crímenes de las guerrillas, Montealegre abrió un amplio boquete a la impunidad para los delitos de lesa humanidad y como si fuese el ministro de Relaciones Exteriores viajó por varios países para hacer loby ante organismos internacionales como la CPI a cuya presidente, Fatou Bensouda, desautorizó y a cuyo estatuto le dobló su columna vertebral con rebuscadas interpretaciones.

Todavía resuena su tesis favorable a la ampliación del alcance del delito político, según la cual, toda conducta criminal relacionada con el accionar político, es conexa al mismo y por tanto, debe ser tratada con la misma indulgencia dada a los delitos políticos de asonada y rebelión. Entiéndase que el secuestro, el reclutamiento de menores, el asesinato fuera de combate, los ataques a la población civil, el narcotráfico, etc., según su rebuscada hermenéutica jurídica, deben ser considerados conexos con el delito político por haber sido cometidos en función de un supuesto ideal altruista.

Con sus maniobras clientelistas para ubicar a sus incondicionales en las cortes y el loby en el Congreso de la república, entre otras cosas, para defender su “derecho al almuerzo”, o sea, litigar después de dejar el cargo, el Fiscal abusa del poder atacando a quienes osan cuestionarlo. La excontralora Morelli y el Procurador Ordoñez figuran en la lista de perseguidos.

Al mejor estilo de Beria, el tenebroso secretario de Stalin, desde esa dependencia se movieron los hilos de la infiltración del hacker en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, para favorecer, días antes de la segunda vuelta, la reelección presidencial de Juan Manuel Santos y mantener amenazados al candidato del Centro Democrático y a su hijo. Se dice que en los calabozos de la Fiscalía se urde la manera de hundir al expresidente Uribe con chantajes a la exdirectora del DAS y a Bernardo Moreno, tal como hicieron con el hacker Sepúlveda, ofreciendo ventajas jurídicas si declaran contra el expresidente Uribe, a sabiendas que la ley no lo permite habiendo sentencias en firme.

Los jefes de las FARC no se quedan atrás en demostraciones de cinismo. Semana tras semana, somos sorprendidos por la insolencia de Timochenko, Márquez, Catatumbo o Santrich. A su extensa lista de exigencias y acusaciones, ahora sostienen que el Estado, o sea nosotros, nos declaremos culpables del “conflicto armado” y sus consecuencias y de reparar a todas las víctimas, como si ellos no fueran los que desataron la violencia en nombre del ideal comunista.

Cero días de cárcel, desconocimiento de sus víctimas, convocatoria de asamblea constituyente con asientos numerosos para ellos, Fuerzas Armadas reducidas y a cuidar fronteras, Zonas de Reserva Campesina, no devolución de bienes, eliminación de aspersiones de la coca con glifosato, comisión de verdad histórica que confirme la justeza de su levantamiento en armas, creación de sistema de alerta antiparamilitar y la más reciente, negativa a entregar los niños reclutados a la fuerza.

Como quien dice, eso de que la paz no se obtiene con la fórmula “casa, taxi y beca”, a la que se refirió irónicamente el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo para sustentar que había que hacer muchas reformas políticas y sociales, ha sido bien explotada por quienes hablan y actúan como si hubieran ganado el “conflicto armado”.

Para cerrar el capítulo del actual ciclo, el presidente Santos echó a rodar la bola del referéndum para otorgarle plenos poderes en las negociaciones de paz, al estilo de las leyes habilitantes de los déspotas Chávez y Maduro.

Resulta pues, que en nombre de la paz los comensales de la Habana se pasan por la faja las leyes, deterioran la institucionalidad y mancillan la dignidad de los colombianos. No es de extrañar, por tanto, que hayan hecho valer su indignación en las encuestas.

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