Ese sería el trípode con que las Farc pretenderían la conquista del poder en Colombia, si como todo lo indica se firma en el 2016 el fin del conflicto con el gobierno de Santos, tomando el llamado posconflicto como la transición hacia una dictadura sempiterna comunista, en donde dicho periodo de transición sería parecido a lo ocurrido en Rusia en 1917, de pronto no en la cantidad de tiempo con Aleksandr Kérenski quien duro pocos meses dirigiendo el gobierno, antes de claudicar frente a los bolcheviques de Lenin.
La dilación jurídica es un instrumento estratégico que le sirve a las Farc, para evitar que la Corte Penal Internacional actué contra esa banda armada, por los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que cometió por más de 51 años de conflicto, y para ello se crea la jurisdicción especial para la paz, con un tribunal de justicia del cual no se sabe quién va a nombra a los magistrados, y cuando comenzaran a funcionar sus salas.
Lo anterior le sirve a la banda armada para ir ganado tiempo y haciendo política legal después que se firmen los acuerdos; buscando formar un frente para llegar al manejo del estado, que les garantice la impunidad antes de la toma total del poder, evitando así la aplicación del Estatuto de Roma. No hay que el olvidar que tirofijo, cuando algunos periodistas extranjeros le preguntaban por los crímenes atroces que cometían las Farc, decía muy orondo que el día en que estuvieran en el poder nadie a nivel internacional les reclamaría sobre ese asunto; aclarando que para esa época aun no había entrado a funcionar la CPI.
José Miguel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watc, el pasado 22 de diciembre afirmo que los acuerdo alcanzados sobre víctimas entre el gobierno y las Farc en La Habana eran “una piñata de impunidad” buscando que los cabecillas guerrilleros principalmente eludieran el castigo genuino, y además afirmo: “no hay ningún tribunal internacional que se haya creado en los últimos 20 años donde no se haya contemplado prisión efectiva” así que la verdad, justicia, reparación y la no repetición, quedarían huérfanas en los acuerdos de Cuba, sino se cumple con los convenios internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en Colombia, por ser signataria del Tratado de Roma, quien dentro de sus principios no permite la impunidad para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, que no prescriben ni son indultables y si en la nación donde se cometieron no se juzgan ni se castigan adecuadamente, tarde o temprano interviene la Corte Penal Internacional.
Los cabecillas de las Farc, manejan hábilmente la desesperación del gobierno por firmar, y buscan sacarle el mayor provecho posible a las negociaciones que les permita en caso de convertirse en partido legal, usar gigantescos recursos económicos para la “movilización social” y futuras elecciones en donde no propiamente la compra de votos será la excepción, pues de lo que se trata es de llegar al poder al precio que sea, aliándose con quien sea; para evitar ser llevados a la justicia internacional, buscando una situación parecida a la del presidente genocida de Sudan, Omar Al Bashir, a quien la Corte Penal Internacional le emitió orden de arresto desde el 2009, pero como maneja la justicia de ese país a su antojo y casi no ha salido de Sudan es difícil que se pueda cumplir la orden de la CPI, de ahí que las Farc buscan la dilación jurídica para que su proyecto totalitario marxista leninista se lleve a cabo, y así burlar la justicia internacional.
Dentro de la esquizofrenia del comunismo totalitario, la toma del poder político es su mayor fijación; por lo tanto lo pactado y por pactar en la Habana para las Farc es ganancia, y ya en condiciones de legalidad buscaran aumentar la “movilización popular” a la espera del día de suerte para la insurrección, que no descartan del todo, por ello piden la desaparición del Esmad de la policía; sin embargo hay que volver aclarar que las Farc no representan al verdadero pueblo, porque la versión marxista leninista de “pueblo” de acuerdo a su semántica, es diferente a la normal, ya que ese término para el comunismo totalitario en el ámbito colombiano se aplica solamente a los simpatizantes, militantes y colaboradores de las Farc, pues los restantes 48 millones de colombianos son simples masas que de acuerdo a las condiciones se pueden utilizar de herramienta, para satisfacer los apetitos burocráticos de la banda armada en su elite.
Es claro que las Farc con sus gigantescos recursos provenientes del narcotráfico, en el llamado posconflicto va usar una buena parte de ese dinero para impulsar movilizaciones, arriando campesinos desde sus lugares de origen hacia las principales ciudades como ocurrió el 9 de abril de 2014 y 2015, pero en el caso de Bogotá con la perdida de la alcaldía por parte de la llamada izquierda, no contaran con un burgomaestre como Gustavo Petro quien obligo a 40.000 funcionarios a participar en las manifestaciones antes mencionadas.
Las organizaciones populares y sindicales no se deben de prestar para las futuras maniobras de las Farc, que denominan “lucha popular” ya que eso es solo un pretexto de la narcoguerrilla para engañar incautos y lograr sus mezquinos objetivos, pues en el caso particular de los sindicatos la historia como Madre y Maestra, enseña que el marxismo es la antítesis de la autentica lucha de los trabajadores; porque jamás se puede olvidar que el señor Karl Marx cuyos sofismas siguen las Farc, fue repudiado por los obreros en la primera internacional de los trabajadores en el siglo XIX, al tener posiciones estatistas, burocráticas y embrutecedoras, queriendo con sus métodos infames llevar a las masas a una nueva esclavitud mediante el estado, y si ese el engendro del comunismo totalitario existe todavía en nuestro tiempo es producto del crimen, la mentira y la bestialidad.
