El proceso alargado a costa de los colombianos que siguen entregando dolor y vidas cobradas por las Farc, tiene pendientes las dos discusiones más importantes, si buscar el fin de la violencia generada por esa guerrilla sigue siendo el principal…
Con dos juiciosos análisis, que reconocen puntos débiles y grandes dificultades del proceso que se cumple en La Habana, se conmemoraron ayer dos años del acto celebrado en Oslo para presentar el Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el Gobierno Nacional y las Farc, con apoyo de países garantes (Cuba, Noruega, Venezuela y Chile). Los documentos, presentados al fin de la semana pasada por la Oficina de la Coordinación Humanitaria de la ONU en Colombia, Ocha, y el Centro Democrático, constituyen importantes puntos de partida para la necesaria discusión sobre el trayecto recorrido y los pasos pendientes en procura del objetivo fijado por las partes y esperado por los colombianos y la comunidad internacional.
El documento de la Ocha responde a importantes preguntas sobre la situación humanitaria y el estado del delito en el país, por eso es de lamentar que la opinión pública apenas haya accedido a algunos datos relevantes del mismo, pero no la totalidad de los datos y del análisis documentado por el organismo que está presente en países con graves crisis humanitarias. Según esa institución internacional, en estos dos años, las Farc y el Eln han sido responsables de la mayor parte de 300.000 desplazamientos ocurridos en el país; las Farc son culpables de uno de cada cinco de los 473 secuestros ocurridos, y con el Eln perpetraron los 491 ataques a la infraestructura, la mayoría de ellos en los departamentos fronterizos de Norte de Santander y Arauca –con Venezuela- y Cauca, Nariño y Putumayo –con el Pacífico y con Ecuador-. No menos serias son las cifras de la Ocha sobre la comisión de delitos comunes. En los dos últimos años, y en tendencia en contravía de años precedentes, el área sembrada con coca, en su mayoría responsabilidad de las Farc, creció en 8 % en todo el país, y en los resguardos indígenas pasó de ser el 11 % de sus áreas, al 13 %, demostrando que la guerra de las Farc contra esos pueblos está ligada a las presiones para imponerles los cultivos ilícitos. Ello, además de su participación en la minería ilegal en el norte del país, comenzando por Antioquia.
Estos delitos, y otros no documentados, constituyen serias violaciones a los Derechos Humanos y el DIH que no pueden ser tratadas como hechos de guerra en el marco del conflicto armado, que los negociadores aceptaron mantener como garantía de que no se facilitaría el rearme y la reorganización de la guerrilla, reducida gracias a la política de seguridad democrática.
En uso de su responsabilidad de analizar los grandes temas del país y con carácter de fuerza opositora, el Centro Democrático presentó 52 puntos de reflexión sobre los acuerdos divulgados, que tocan tres puntos de los cinco en negociación y que son todavía parciales. En ellos se incluyen preguntas a lo acordado o a los alcances de lo actuado por un Gobierno que interpreta laxamente el marco de sus facultades legales para buscar la paz. Por eso es razonable indagar por decisiones que suplantan los canales democráticos para reformar las instituciones, como tampoco le falta razón al procurador general para interrogar al presidente por el fundamento legal para amparar y permitir el viaje de alias Timochenko, en la lista roja de Interpol y sobre quien pesan órdenes de captura no suspendidas, a La Habana.
El proceso alargado a costa de los colombianos que siguen entregando dolor y vidas cobradas por las Farc, tiene pendientes las dos discusiones más importantes, si buscar el fin de la violencia generada por esa guerrilla sigue siendo el principal objetivo: la dejación de armas y el reconocimiento de los derechos de las víctimas, tema en discusión en la mesa y que todavía despierta grandes inquietudes sobre el interés de las partes por reducirlo y ocultarlo y la verdadera disposición de los jefes guerrilleros para asumir sus responsabilidades. Es razonable pensar entonces que podríamos estar a mitad del camino de este proceso, y dados los elementos de análisis referidos, el país entero debe aprovechar el momento para exigir los ajustes necesarios que permitan ver en el horizonte cercano el tan esperado fin del conflicto con esa guerrilla.
