Aunque el presidente Iván Duque no se ha pronunciado frente al proyecto del uribismo, los ministros de Defensa e Interior pidieron apoyar el proyecto.

Cuando parecía estar muerta la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz, propuesta por Álvaro Uribe y el Centro Democrático, el gobierno le tiró un salvavidas al proyecto. Dos ministros, Nancy Patricia Gutiérrez (Interior) y Guillermo Botero (Defensa), llegaron a la Comisión Primera del Senado para respaldar la iniciativa.

La presencia de los ministros sorprendió porque el presidente Iván Duque, ni en su discurso de posesión ni en los 82 días que lleva de mandato, había hecho pronunciamiento alguno para reformar la JEP, incluso se había comprometido a no hacer “trizas” los acuerdos de paz que su antecesor, Juan Manuel Santos, había suscrito con la guerrilla de las Farc.

Aunque pudiera tratarse de una nueva ambigüedad entre el presidente de la república y su gabinete, la presencia de los ministros del Interior y de Defensa demostraron que el gobierno sí respalda la iniciativa que pretende crear salas especiales dentro de la jurisdicción especial de paz, para la investigación y el juzgamiento exclusivo de miembros de las fuerzas militares.

La propuesta, presentada en el Congreso por las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical, pretende que los integrantes de la fuerza pública sean juzgados por otros magistrados diferentes a los que actualmente conforman la JEP y que adelantan la investigación y juzgamiento a los exguerrilleros de las Farc. La senadora Paloma Valencia justifica la idea en que los actuales magistrados no ofrecen plenas garantías para los agentes del Estado, entre otras porque fueron escogidos por extranjeros, y por tener, en algunos casos, sesgos ideológicos.

La propuesta del uribismo es crear dos salas de primera instancia, una sección de revisión de sentencias y una sección de apelación, integradas cada una por tres magistrados que serían escogidos por el presidente de la República, y que como condición, conozcan sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y sobre los manuales operacionales de las Fuerzas Armadas, para así dar un tratamiento diferenciado a los miembros de la fuerza pública.

Tal idea, sin embargo, ha sido calificada por los opositores de la iniciativa como un intento por hacer trizas el acuerdo de paz, y que su objetivo sería que los miembros de las fuerzas armadas investigados por graves crímenes de guerras no prendan el ventilador para salpicar dirigentes políticos.

Para Rodrigo Lara, quien a pesar de ser de Cambio Radical se declaró en oposición a esta iniciativa, esta reforma pretende engañar a los militares: “les ofrecen cinco años de pena alternativa para que no cuenten nada. Luego, cuando la Corte Penal Internacional revise el caso de Colombia, se va a dar cuenta de que no hubo ni verdad ni reparación y los militares van a ser extraditados a La Haya. Nunca voy a permitir que aquí se sacrifique a las fuerzas militares para salvar un puñado de políticos”.

En ese mismo sentido se pronunció el senador Roy Barreras al señalar que la reforma del uribismo acabaría con la seguridad jurídica de las fuerzas militares “para favorecer a unos políticos que son los que se salvan ante el silencio y la falta de verdad”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, controvirtió estas afirmaciones al señalar que no se está buscando impunidad sino “un equilibrio en la investigación y juzgamiento”.

Para salvar el proyecto, María Fernanda Cabal propuso que no se creen nuevas salas en la JEP sino que se nombraran nuevos magistrados, y que estos no fueran elegidos por el presidente (como dice la propuesta original) si no por el Congreso. “Creemos que todavía no existe una justicia imparcial en la JEP y para ello hay que nombrar jueces expertos en Derecho Internacional Humanitario, que realmente den tranquilidad a los miembros de la fuerza pública”.

Rodrigo Lara propuso archivar el proyecto del uribismo y presentar una ley ordinaria que cree nuevas plazas de magistrados en la JEP.

Este lunes, en el tercer intento de aprobación de la reforma, el uribismo estuvo a punto de coronar el primer debate porque contaba con 9 votos para su aprobación: los de Paloma Valencia (Centro Democrático), María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Santiago Valencia (Centro Democrático); Esperanza Andrade (Partido Conservador), Eduardo Enríquez (Partido Conservador), Juan Carlos García (Partido Conservador), Carlos Guevara (Mira), Germán Varón (Cambio Radical), Armando Benedetti (la U).

Pero de nuevo, Roy Barreras consiguió dilatar la votación, circunstancia que le dio tiempo para que llegaran Gustavo petro y el liberal Fabio Amín para voltear el marcador. El bloque opositor quedó conformado por Barreras (la U), Roosvelt Rodríguez (la U), Luis Fernando Velasco (P. Liberal) Fabio Amin (P. Liberal), Miguel Ángel Pinto (P. Liberal), Iván Name (A. Verde), Angélica Lozano (A. Verde), Rodrigo Lara (Cambio Radical), Temístocles Ortega (Cambio Radical) y Gustavo Petro.

Al percartarse de la situación, la bancada uribista fue la que dilató la votación y provocó un nuevo aplazamiento de la votación. Este martes habrá un nuevo intento.