La inseguridad es la cara visible de las limitaciones que en materia de libertades civiles padecen los habitantes de Medellín desde hace más de dos décadas, que amenaza por igual su patrimonio, su integridad física e incluso la vida.

Fuentes oficiales de la Fiscalía estiman que en el 2014 en el Área Metropolitana del Valle de Aburra operan alrededor de 236 grupos armados, mientras que la Policía calcula tan solo lo hacen 119. La diferencia radica en que la Policía no contempla dentro de sus registros los pequeños combos que operan en una o dos manzanas, mientras que los informes de la Fiscalía si los considera y además incluyen otras estructuras que aun siendo de afuera tienen capacidad armada al interior de la ciudad.

Estimar el número exacto de grupos armados es difícil debido a que la dinámica del conflicto intraurbano conlleva a la constante desintegración, absorción y surgimiento de estructuras. A su vez, al existir distintas instituciones encargadas de los asuntos de seguridad como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Alcaldía y la Personería, persiste la dificultad de homologar la información así como por igual sucede con los indicadores de seguridad.

Lo que sí está claro es que la presencia de estructuras armadas afecta de una u otra forma a todos los habitantes, empresas y comercio de Medellín. Con el uso de la violencia estas estructuras buscan hacerse al control social y territorial como factor clave que garantiza el provecho de actividades de economía ilícitas como la extorsión, el microtráfico, el hurto, el control de parqueaderos públicos, venta de pólvora, fabricación y comercialización de licor adulterado, paga diarios, entre otros.

La incapacidad histórica del Estado para hacer presencia efectiva en todos los barrios de la ciudad ha allanado el camino para que las estructuras ilícitas logren consolidarse, principalmente en los barrios periféricos. Saber que las probabilidades de ser capturados y judicializados son mínimas, vuelve más agresivos y pretensiosos los intereses de los criminales.

Paulatinamente han ido logrando hacerse al control de los asuntos de seguridad, justicia, e incluso, redistribución de riqueza al interior de los barrios. El “pillo” barón, justiciero, benevolente y generoso se ha vuelto el principal referente social para muchos niños y jóvenes de las comunas, lo que genera condiciones propicias para la perpetuación del crimen en la ciudad.

En los barrios de Medellín no impera la institucionalidad del Estado sino la institucionalidad que lograron imponer las estructuras ilegales. En otras palabras, el crimen ha logrado instaurar en los barrios de Medellín un poder que va más allá de la mera violencia, en gran parte, con el apoyo de los ingentes recursos que les proveen organizaciones del narcotráfico como “El Clan Usuga” y los reductos de “La Oficina de Envigado”.

Lo dicho anteriormente se evidencia en el poder que han logrado consolidar las Odin (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico) como Los Triana, El Pesebre, Los Bananeros, Aranjuez, entre muchas otras. Así como también estructuras como La Unión, Pachely y Los Chatas, que si bien no son de Medellín, impactan la seguridad de la ciudad con su accionar criminal, lo que da cuenta entre otras cosas de la imperiosa necesidad de abordar los asuntos de seguridad desde una instancia institucional que articule a todos los municipios del Área Metropolitana.

El control de las economías ilegales del microtráfico, la extorsión, el secuestro extorsivo, el pagadiario, juegos de azar y el robo, así como también asuntos relacionados con el lavado de activos, constituyen las actividades de mayor interés para el crimen en la ciudad. De una u otra forma a ellas se asocian las principales expresiones de violencia en la ciudad como los homicidios, el desplazamiento forzado, las desapariciones y las lesiones personales.

Pensemos incluso en un escenario posconflicto en el que los altos mandos guerrilleros de las Farc seguramente se irán para Bogotá en busca del poder del Estado central, pero los mandos medios que son los que realmente saben narcotraficar y hacer dinero de mil formas se establecerán en las zonas productivas y principales ciudades del país, entre ellas Medellín, para lavar y seguir haciendo la cantidad de dinero al que se han acostumbrado, valga decir, al margen de la economía formal.

La estrategia para enfrentar la inseguridad en Medellín debe enfocarse principalmente en el control del Estado de todas las economías criminales e ilegales, lo cual ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo la principal causa generadora de violencia en la ciudad.

Se requiere del acompañamiento decidido del Gobierno Nacional y del liderazgo efectivo de la Alcaldía de Medellín para enfrentar las tareas pendientes en esta materia.

Emprender de una vez por todas la revolución de la gestión pública de la seguridad en Medellín ha de ser el objetivo superlativo del próximo alcalde. Desconocerlo y aplazarlo, constituirá nuevamente un fracaso.