El vocero del Departamento de Estado, Robert Palladino, dio un espaldarazo a varios de los temas objetados por el presidente Duque en la estatutaria de la JEP. Pidió aprobar con prontitud las normas que garanticen un marco legal sólido.

Una semana después de que el presidente Iván Duque anunció seis objeciones a la Ley estatutaria de la JEP, el gobierno de Estados Unidos emitió una comunicación que confirma su interés en uno de los temas más álgidos de la polémica: la extradición.

A través del portavoz del Departamento de Estado de EE UU, Robert Palladino, reiteraron la importancia de la extradición como mecanismo de cooperación. El gobierno de Trump manifestó su confianza en que los reincidentes en conductas delictivas “respondan en toda la extensión de la ley y estén sujetos a la extradición”, tal como quedó en el acuerdo de paz firmado en el 2016.

"Estados Unidos también aprecia las acciones que aseguran que aquellos que cometan delitos graves después de la firma del Acuerdo de Paz, en violación de los objetivos declarados del acuerdo para promover la no repetición, respondan en toda la extensión de la ley y estén sujetos a extradición, según proceda y esté previsto en el acuerdo de 2016", precisa el comunicado.

En la declaración, Palladino resaltó la importancia que ha tenido los procesos de extradición en las relaciones bilaterales que mantienen los dos países. "La cooperación entre nuestros dos gobiernos ha demostrado ser uno de los mecanismos más poderosos y efectivos para garantizar el estado de derecho, buscar la justicia, proteger los intereses de las víctimas, promover la paz y la prosperidad y salvaguardar la democracia en Colombia. Un componente importante de esto ha sido una de las relaciones de extradición más eficaces del mundo, que ha permitido que cientos de delincuentes peligrosos se enfrenten a la justicia", dice.

La comunicación del Departamento de Estado no menciona explícitamente las objeciones de Duque, sin embargo, pone la lupa en dos de los temas que tocó el presidente durante su alocución presidencial el pasado domingo. De fondo, EE.UU. coincide con los puntos que cuestiona el gobierno colombiano sobre extradición y sobre los cuales pidió reabrir su debate por inconveniencia en el Congreso.

Duque le pidió al Congreso pronunciarse sobre el artículo 150 de la ley estatutaria, que le dio a la Sección de Revisión de la JEP la posibilidad de solicitar pruebas cuando estudie solicitudes de extradición de quienes estén sometidos a esta jurisdicción. La JEP quedó habilitada para establecer si la fecha en que se cometieron los supuestos delitos es posterior a la firma del acuerdo de paz. Sobre este punto, se refirió la Corte Constitucional esta semana al revisar la Ley de Procedimiento de la JEP.

Esta semana, en una sentencia que entró a atizar el debate, los magistrados dejaron en firme la facultad de pedir pruebas de la JEP y condicionaron el Código Penal colombiano para que cuando se trate de excombatientes que esten en la jurisdicción, la Corte Suprema tenga el deber de ponderar los derechos de las victimas frente a los compromisos de cooperación internacional. En palabras concretas, los excombatientes que estén respondiendo ante la jurisdicción no podrían ser enviados en extradición.

Este artículo tiene nombre tácito y es Jesús Santrich. Una vez la Jurisdicción Especial para la Paz recibió la solicitud formal de extradición de ese ex jefe guerrillero por parte de Estados Unidos, requirió la recolección de una serie de pruebas, entre ellas, las recaudadas por las autoridades gringas para pedir su captura. La JEP justificó su decisión argumentando que "las pruebas son el medio que garantiza una debida motivación de la decisión judicial, evitan la arbitrariedad y, por ende, garantizan el derecho al debido proceso probatorio".

El otro artículo cuestionado por Duque es el 153 que habla de la no extradición de terceros. El presidente cuestionó que se condicione la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término ni oportunidad para hacerlo. El presidente argumentó que esta norma porque produce un incentivo perverso para el ingreso a la JEP de terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad, lo cual puede ser utilizado para eludir responsabilidades ante la Justicia de otros Estados.

Estados Unidos hizo énfasis en la necesidad de que quede listo en el menor tiempo posible Estados Unidos el estatuto para implementar la JEP a fin de garantizar que esta cuente con un marco legal sólido para operar de manera eficaz e independiente.

"Estados Unidos ha brindado un fuerte apoyo al camino de Colombia hacia la paz. Celebramos los esfuerzos para fortalecer la responsabilidad por los crímenes de guerra y las violaciones y abusos de los derechos humanos, y para garantizar que los responsables reciban sentencias proporcionales a los crímenes cometidos, ya sea por las FARC, los paramilitares o los agentes del Estado, incluidos los militares en Colombia. Estados Unidos considera a la JEP como un mecanismo importante para la paz y la justicia en Colombia", afirmaron.