El abuso no nos amilanará

No le han hecho trampa al Centro Democrático. Tampoco le han hecho trampa a las iglesias cristianas ni a los dirigentes que hicieron campaña por el NO. La trampa se le hizo al pueblo colombiano que soberanamente rechazó los acuerdos entre el gobierno y las Farc.

Recurrieron a toda suerte de artimañas para ganar el plebiscito y no lo lograron. Bajaron el umbral del 50 al 13%, inyectaron miles de millones del erario a la campaña, pusieron a todos los funcionarios a hacer proselitismo, presionaron a alcaldes y gobernadores para que promovieran el SÍ.

Los grandes medios de comunicación estuvieron totalmente alineados con el gobierno. Algunos llegaron al extremo de pintar palomitas blancas sobre sus imágenes institucionales. Todo estuvo ambientado para que el NO fuera apabullado en las urnas. Pero el pueblo que se siente ofendido cuando lee que los responsables de los peores delitos contra la humanidad queden impunes, se sobrepuso ante la aplastante mayoría oficialista y votó mayoritariamente por el NO.

La victoria fue burlada. El gobierno no cambió el acuerdo. Los ajustes que se le hicieron fueron eminentemente cosméticos y las razones medulares por las que seis y medio millones de ciudadanos votamos por el NO se mantuvieron intactas.

Santos y las Farc alegan que el acuerdo que acaba de ser ilegalmente refrendado en el Congreso de la República es nuevo y recoge un altísimo porcentaje de las propuestas hechas por los voceros del NO. Si aquello fuera cierto, entonces ¿por qué no se somete el documento a refrendación popular? La respuesta es evidente: Santos sabe que el pueblo volverá a decirle NO y tal vez con una mayoría mucho mayor que la que se expresó el 2 de octubre.

El Congreso no tenía competencia para refrendar ese acuerdo. En nuestro criterio, quienes votaron favorablemente la innoble proposición que rompió en mil pedazos la voluntad popular expresada el 2 de octubre pasado violaron la ley y prevaricaron. Pero ese es un asunto judicial que en su momento deberá resolver la Corte Suprema de Justicia. Lo fundamental en este momento es hacer respetar el sentimiento de las mayorías ciudadanas.

Vamos a persistir. Entendemos e interpretamos el sentimiento mayoritario en Colombia. Queremos la paz, pero consideramos que ésta no puede edificarse sobre el fangoso terreno de la impunidad y de la elegibilidad inmediata de los autores de los delitos que ofenden a la humanidad.

Será motivo de vergüenza universal que aquellos delincuentes que planificaron, ordenaron y ejecutaron el reclutamiento forzado de miles de niños no vayan a recibir un castigo efectivo y que a cambio de aquello vayan a ser premiados con la elegibilidad automática. Nos quieren hacer creer que las Farc es una organización integrada por unos románticos revolucionarios que robaban gallinas y naranjas para financiar su lucha.

La verdad es que estamos frente a una estructura criminal considerada por expertos internacionales como una de las organizaciones terroristas más ricas del mundo, financiada fundamentalmente por el tráfico de toneladas de cocaína e incursa en los peores delitos contra la humanidad como el reclutamiento forzado, secuestro, desplazamiento masivo de campesinos, atentados contra el medio ambiente y masacres de personas inermes.

Por supuesto que hay que buscar la paz con esas personas. Es mucho mejor para nuestra sociedad que esa organización deje de aterrorizar a la población. Pero eso no significa que la comunidad deba voltear la mirada y no imponer algún tipo de castigo contra quienes han sido sus verdugos.

El abuso cometido por el gobierno y que fue coayudado por sus mayorías en el Congreso de la República no nos amilanará. Continuaremos defendiendo los intereses de la mayoría que ha depositado en el Centro Democrático su confianza y representación.

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