¿Ni confinamiento como tampoco vigilancia?
Vaivén del acuerdo de justicia transicional
A ocho días de firmado el comunicado en el que, de modo genérico, se traducen algunos de los elementos esenciales pactados por el Gobierno y las Farc, en materia de justicia transicional, y cuyo texto completo aún está por publicarse, las múltiples explicaciones dadas por los voceros gubernamentales, antes de desenredar el ovillo lo han enredado aún más. En principio, se dejó en claro que para quienes confesaran los delitos más graves tipificados en el propio comunicado, habría una sanción de cinco a ocho años de libertad restringida. Muchos interpretaron eso como que la privación o el confinamiento correspondiente se adelantaría, dentro del término señalado, en granjas agrícolas, o incluso en grandes áreas municipales en donde adelantarían actividades de justicia restaurativa, bien fuera en la labores de desminado o similares.
De hecho, el propio Presidente de la República en entrevista dominical con el diario El Tiempo sostuvo que “los culpables de los delitos más graves que reconozcan responsabilidad tendrán que estar en un lugar específico, bajo un régimen de vigilancia y control. En ningún caso se trata de un municipio o una región, como se ha dicho. Tiene que ser un lugar preciso, yo me imagino unas instalaciones austeras, desde donde, con la debida autorización del organismo de vigilancia y control, puedan desarrollar o hacer actos de reparación a las víctimas, como reconocimientos públicos de responsabilidad o participar en el desminado, por ejemplo. Pero cuáles serán las características particulares de estos lugares y qué organismo los va a supervisar, son cosas que aún hay que acordar”.
De otra parte los voceros de la comisión negociadora del Gobierno sostuvieron lo mismo en al menos tres ruedas de prensa consecutivas así como en múltiples entrevistas y otras comunicaciones oficiales en sus respectivos portales web. De modo que las explicaciones parecían claras en cuanto a que no habría cárcel, que era la preocupación expresada por la ciudadanía en las encuestas, pero que se darían requisitos en cuanto a que la sanción tendría un componente de “restricción de libertades y derechos”, puntualización hecha tanto por el Primer Mandatario como por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, obviamente en consonancia.
Frente a lo anterior, en las últimas horas la contraparte negociadora, es decir las Farc, emitió un comunicado en el que dice no aceptar la interpretación “unilateral” del acuerdo sobre justicia y sostuvo perentoriamente que en este “no se habla de concentración de tropas de las Farc ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva”. Es decir, a contrario sensu, que esa guerrilla no estaría contemplando lugares específicos de restricción de la libertad ni mucho menos la vigilancia sobre estos. O sea que no habría ningún elemento de justicia retributiva a considerar, sino exclusivamente de la justicia restaurativa y reparadora mediante la realización de trabajos y la satisfacción a las víctimas. Por lo demás, la organización guerrillera sostiene que el punto de jurisdicción especial de paz está completamente cerrado y no será fruto de cláusulas adicionales o de negociaciones posteriores, igualmente contradiciendo a los voceros gubernamentales que habían diferido buena parte de este acuerdo a pactos y leyes futuras.
Este tal vez sea solo un ejemplo que muestra la diversidad de interpretaciones entre las mismas partes, incluso más allá de las divergencias que han quedado sobre las ópticas en otros puntos analizados profusamente por la opinión pública, en sus diferentes tendencias.
Al mismo tiempo, a ocho días de firmado el comunicado-resumen del acuerdo sobre justicia transicional, una cosa queda clara: si bien hay respaldo internacional a la generalidad del pacto, nacionalmente se ha entrado en un área de confusión y desconcierto sobre los elementos puntuales. Como para la refrendación interesa particularmente lo segundo, no valdría dejar en el aire aquello que reclama certeza absoluta.
A no dudarlo, los elementos pedagógicos han sido sobrepasados por la polarización, en la que por lo demás se han venido echando combustibles adicionales como que hasta los expresidentes podrían ser materia de investigación y juzgamiento sobre actos diferentes al periodo en que ejercieron sus cargos, que solo podrían ser tramitados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. De resto, como se ha dicho del expresidente Álvaro Uribe cuando ejercía la gobernación de Antioquia, podrían ser motivo de acusación ante el tribunal por parte de ONG y de terceros.
En su comunicado, la guerrilla sostiene que es al Tribunal de Justicia a quien corresponde, a través de sus magistrados y el reglamento correspondiente, darle los alcances a la jurisdicción respectiva. Sobre la materia, por el momento, no se sabe con certeza cuántos serán los magistrados ni cuáles en su componente internacional, puesto que nada de ello se dice en el acuerdo de hace una semana. Lo único al respecto es lo que se dice en el comunicado anterior sobre “sistema de justicia integral”, en el que en todo caso ambas partes, tanto el Gobierno como las Farc, tendrán injerencia en la elección de los juristas.
Para hacer claridad sobre lo anterior y mucho más, y siendo un consenso entre los defensores y los contrarios al acuerdo, en torno a que se han presentado fallas garrafales en la comunicación y explicación del mismo, lo ideal sería que la Mesa diera una rueda de prensa conjunta resolviendo las inquietudes que se han generalizado en el país, y que han llevado hasta a poner en duda, de acuerdo con una de las partes, los plazos fijados para el fin de conflicto en seis meses.
