Lo paradójico es que al final no fueron los críticos del acuerdo de paz los que terminaron de minar la credibilidad de la JEP sino sus propios magistrados y funcionarios.

Ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha entrado en su máxima crisis, vale la pena hacer un recuento de la sucesión de hechos que convirtieron este exótico modelo -que se nos vendió como único en el mundo- en un auténtico fracaso.

Y es que a la ‘brillante’ invención de unos alegres juristas colombianos y un abogado español que se los bailó desde un comienzo en La Habana, le fueron siguiendo la creación de unas reglas chambonas, la equivocada selección de magistrados por parte de un comité todopoderoso sin criterios ni responsabilidades previamente determinadas y, para rematar, la asignación de jugosos recursos que por meses no tuvieron ningún tipo de control y han generado una lucha de poderes que ni siquiera en los momentos más oscuros de nuestras cuestionadas cortes hubiésemos podido imaginar.

Filtraciones de correos internos a la prensa, jugosas contrataciones de empresas consultoras, solicitudes a la Casa de Nariño para que la planta de magistrados auxiliares por cada titular no fuera de 3 personas sino de 11 y ambiciosos proyectos de sistemas de información que obviaban la posibilidad de crear repositorios de datos mucho más económicos, son solo algunas de las informaciones que hasta ahora se conocen de un episodio bochornoso del que todavía nos queda mucho por saber.

Lo paradójico es que al final no fueron los críticos del acuerdo de paz los que terminaron de minar la ya maltrecha credibilidad de la JEP sino sus propios magistrados y funcionarios.

Mientras el secretario ejecutivo, Néstor Raúl Correa, le pedía al gobierno, a la Corte Constitucional y a los ponentes de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz, que le reconocieran un estatus de magistrado y le otorgaran mayores facultades, los nueve magistrados del comité estratégico de la JEP, proyectaban un rechoncho modelo burocrático que replicaba todas las malas prácticas de la Rama Judicial.

En ese sentido, de nada sirvieron las advertencias que expertos en el tema como el profesor Rodrigo Uprimny les hizo en algunas de sus columnas para que repensaran la manera en que iban a operar, anticipando las pugnas de poder y la ineficiencia probada de un sistema de magistrados titulares y auxiliares que cuesta mucho y sirve poco.

Aunque todavía el alto tribunal constitucional en el examen pendiente que tiene de la ley estatutaria de la JEP podría amortizar algunas de las distorsiones creadas por este sistema y ordenar, por ejemplo, el retiro de los magistrados que están llenos de conflictos de intereses, esta jurisdicción adolece de pecados originales que, lamentablemente, le impedirán cumplir con seriedad una labor trascendental.

Así las cosas, la JEP no será un sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición sino un botín cuyo dominio se lo disputan un cúmulo de funcionarios que parecen más interesados en el control de esos cuantiosos recursos que en establecer la verdad judicial del conflicto armado colombiano en las últimas décadas. Lo que mal comienza, mal acaba.