Lograron al fin sacar a la rectora de la Universidad del Atlántico, Ana Sofía Mesa.
Gracias a una decisión tomada de manera irregular, como lo denuncia el propio secretario general de la universidad, durante un consejo superior citado afanosamente por el gobernador Antonio Segebre, quien contó con el sorpresivo apoyo de Beatriz Vélez, representante del Comité Intergremial del Atlántico, y la aquiescencia de la viceministra de Educación, Patricia Martínez.
El afán de Segebre y de los jefes políticos del Atlántico por echarle mano a la universidad venía de tiempo atrás; se intensificó al calor de la puja reeleccionista cuando el presidente Santos, en pos de votos, se habría comprometido a entregar el manejo de la universidad a candidatos propuestos por los caciques electorales caribes.
Pero ¿por qué esta rapiña? Sencillo. Porque las finanzas de la universidad no sólo están saneadas, sino que para el año entrante contará con $30.000 millones libres para invertir, del presupuesto ordinario, a los cuales se adiciona una jugosa partida adicional de $300.000 que deberá girarle el Gobierno Nacional, por cuenta de una acción popular que ganaron sus pensionados. El botín es suculento y les abrió el apetito al Partido liberal y a Cambio Radical. Ya todos tienen sus candidatos para rector. El gobernador Segebre y el senador Álvaro Ashton apoyan a Rachid Náder, el presidente de la Cámara; Miguel Amín quiere poner a Rafael Castillo, y los Char se la juegan con Carlos Prasca.
Cuando Ana Sofía Mesa llegó a la rectoría en 2006, la universidad estaba en Ley 550, sumida en el desprestigio absoluto y sin un peso, como consecuencia de una corrupción rampante y conocida —fraudes en la entrega de diplomas, irregularidades en la liquidación de pensiones…—. La universidad se salvó entonces del cierre que parecía inevitable gracias al empeño de la entonces ministra de Educación. Cecilia María Vélez, quien no sólo propuso el nombre de Mesa para la rectoría, acogido por el Consejo Superior, sino que le dio el respaldo necesario para hacer la tarea.
Pero no se trata solo de resaltar el trabajo adelantado en el tema económico y administrativo, sino también en el orden académico, donde los resultados de la rectora que quieren sacar, aduciendo edad forzosa de retiro, son notables. Aunque parezca chiste, una universidad que tenía unos ingresos de 132.000 millones y que la rectora Mesa duplicó, 206.000 para este año, no tenía más de 300 computadores y menos de 10.000 estudiantes. Ocho años después atiende 20.858 estudiantes con 6.555 admisiones anuales, ofrece nueve programas nuevos de maestrías, cuatro especializaciones y tres doctorados. Tres de los programas de pregrado fueron acreditados como de alta calidad y el desempeño general de la universidad, según metodología de indicadores del Cesu, pasó de la posición 30 a la 4.
La ministra de Educación, Gina Parody, ha enarbolado la bandera de la lucha contra la politiquería y la corrupción. Escoger el sucesor de Ana Sofía Mesa para la rectoría de la universidad pública más importante del Caribe medirá su compromiso frente a las palabras. De ello depende que la entidad no se vaya por el desbarrancadero. Esta es su primera gran prueba (y en su tierra) para mostrar su temple frente a las embestidas politiqueras. Su oportunidad para no traicionar sus convicciones.
